Los médicos andaluces piden regular la objeción en la ley de muerte digna

A los presidentes de los colegios de médicos andaluces sigue sin gustarles del todo la futura ley de muerte digna. El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, que integra a los presidentes de las ocho provincias, celebró hoy un pleno para analizar el texto, y del encuentro salió un comunicado en el que los representantes de los colegiados aplauden el texto, pero instan a la Junta a contemplar la objeción de conciencia a algunas de las obligaciones que impone la ley a los profesionales.

Sin esta regulación, según los médicos, la norma "nacería necesariamente rota" porque podría impedir la resolución de conflictos éticos, una cuestión que los representantes de los médicos consideran importante para facilitar la aplicación diaria de la ley.

La Junta, sin embargo, no se plantea acceder a esta pretensión. El departamento que dirige la socialista María Jesús Montero considera que la objeción no tiene cabida en el articulado de la ley. Entre otras razones porque sólo el Estado puede regular las objeciones.

Fuentes de Salud insistieron también ayer en que todos los derechos y obligaciones que recoge la ley están dentro de lo que el código deontológico de la Organización Médica Colegial (el organismo que representa a los médicos colegiados de España) considera "buenas prácticas clínicas".

"Encorsetar"

Los presidentes de los colegios andaluces, sin embargo, creen que la norma, tal y como está redactada ahora, "corre el riesgo de poder encorsetar" a los profesionales de la medicina a la hora de tomar decisiones "trascendentales". Por eso consideran que la inclusión de fórmulas que puedan resolver las dudas de conciencia "es un derecho que el médico necesita como medio de asegurar la independencia de su ejercicio y el propio valor de sus actos". La regulación de este derecho no implicaría, aseguran, "menoscabo de las garantías del paciente".

La Consejería de Salud sostiene que si un médico se negara a cumplir algún artículo de la norma tiene dos opciones: pedir la opinión del comité de ética del centro o acudir a los tribunales. Pero para evitar que estos casos afecten al enfermo, la ley contempla que la institución sanitaria (pública o privada) responsable de la atención del paciente busque a otro médico que respete la voluntad del paciente.