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Bruselas amenaza con denunciar a España por incumplir la norma de tratamiento de aguas residuales

La Comisión emprenderá acciones legales si continúan los vertidos en mares y ríos de aguas que no han sido depuradas correctamente

La Comisión Europea (CE) ha amenazado hoy a España con emprender acciones legales por incumplir las normas comunitarias de tratamiento de las aguas residuales en más de 400 pueblos y ciudades, así como por el proyecto de explotar una mina de carbón en un espacio protegido en Castilla y León.

El comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha afirmado que "en un Estado miembro donde el agua es un recurso valioso y escaso, un alto número de pueblos y ciudades vierten aguas residuales que no han sido correctamente tratadas en ríos o mares".

Si España no responde satisfactoriamente a estos requerimientos en un plazo de dos meses, la Comisión puede decidir llevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Ejecutivo comunitario se refiere a dos casos que conciernen a la directiva de Tratamiento de Aguas Residuales de 1991. En el primero, la Comisión entiende que 343 pueblos y ciudades españoles arrojan aguas residuales sin un tratamiento adecuado en áreas sensibles o potencialmente sensibles. Según la CE, incumplen la directiva que establece que desde 1998 las poblaciones de más de 10.000 habitantes que viertan aguas en zonas sensibles deben contar con un sistema de tratamiento con los más altos estándares de calidad, conocido como "tratamiento terciario". Un informe de la Comisión también confirma que seis áreas potencialmente sensibles siguen sin ser designadas como tales, y que una zona calificada como "menos sensible" en Cantabria no cumple con los requerimientos de la directiva.

El segundo caso se refiere a la falta de cumplimiento de la directiva en 59 pueblos y ciudades de más de 15.000 habitantes, que precisaban sistemas adecuados de tratamiento de las aguas para finales del año 2000.

Por otro lado, Bruselas se refiere al proyecto de la Junta de Castilla y León para mantener una minería a cielo abierto en el valle de Laciana (León) y hacer posible la explotación de carbón en el municipio de Villablino, área que pertenece a la red de espacios protegidos Natura 2000. La CE envió en febrero de 2008 una primera carta de advertencia por no haber evaluado adecuadamente los efectos de dichos proyectos dada la directiva de Hábitats y la de Evaluación de Impacto Medioambiental.

La Junta presentó el pasado mes de octubre un plan preliminar para poner fin al procedimiento de infracción abierto por Bruselas, pero, "tras una inspección in situ, la Comisión considera que las actividades mineras pueden perjudicar el hábitat de dos especies" amenazadas, el oso pardo y el urogallo.

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