Aguirre lleva al Constitucional el decreto que restringe los bancos privados de cordón umbilical

El Gobierno de Madrid planteará un conflicto de competencias con el Estado ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre el Real Decreto que regula los bancos de sangre de cordón umbilical, al estimar que "invade y menoscaba las competencias" regionales y "ataca la libertad de los padres" que quieran guardar sangre de sus hijos.

Así lo ha anunciado el vicepresidente primero del Gobierno regional, Ignacio González, tras el Consejo de Gobierno, donde se ha acordado adoptar esta medida, al haber transcurrido un mes desde que el Ejecutivo madrileño requirió al Estado para que derogara la normativa y no haya sido atendido ese requerimiento.

El Gobierno de Madrid basa su decisión en que el Real Decreto del Estado, además de "invadir" las competencias de la Comunidad "cercena la libertad individual" de los padres de conservar la sangre de cordón de sus hijos, y "la de las empresas" porque impide la creación de bancos privados, además de situar "a los españoles en una posición infinitamente peor" que otros europeos que disponen sin problema de estos depósitos.

La Comunidad, que requirió al Gobierno para que derogara el Real Decreto en noviembre del pasado año, considera desestimada esa petición, al no haber obtenido respuesta y, tal y como anunció en su momento, pasa ahora a la presentación del conflicto de competencias ante el TC, con petición de suspensión de la norma estatal.

El gobierno madrileño considera que esta norma del Estado “apenas deja margen de maniobra a las comunidades autónomas para adoptar políticas propias en la materia, y complementar la normativa para adaptarla a sus peculiaridades e intereses”. Además, opina que “no existe ninguna habilitación legal al Gobierno para regular la utilización de células y tejidos humanos, ni el régimen jurídico de los bancos de sangre de cordón” por lo que advierten de que “la norma podría exceder del ámbito propio de este tipo de disposiciones reglamentarias”.

La Comunidad mantiene "su defensa del derecho de los ciudadanos de elegir entre un depósito privado o la donación a un banco público" y añade que el papel de la Administración "debe ser garantizar esa opción individual, libre y voluntaria". Asimismo ha anunciado que “agotará todos los recursos jurisdiccionales a su alcance para que se garantice el cumplimiento de la legalidad vigente”.

Sanidad “no entra” en valoraciones

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha afirmado que “no entra a valorar” la decisión del gobierno madrileño. Fuentes de este ministerio consideran que es importante que los ciudadanos sepan que hay muchos países que no tienen regulados los bancos privados de cordón umbilical, como Francia e Italia, entre otros, y que nadie ha denunciado en esos países que se esté atentando contra el derecho al libre establecimiento de esos centros.

Las razones básicas por las que estos dos países no los han regulado es por la todavía escasa utilidad de estos cordones para trasplantes antólogos-para uso del propio donante- y porque hay un deseo de reforzar el carácter público de los sistemas de donación y trasplante.

Según las fuentes consultadas, la regulación aprobada por el Gobierno se ha hecho sobre “bases científicas y con el fin de preservar el carácter gratuito del sistema de donación, que es un modelo a seguir en el resto del mundo. Así, se permiten los bancos privados de cordón umbilical para uso del propio donante o de su familia, pero éstos deberán estar también a disposición de la red pública si así lo requieren las autoridades sanitarias, con el fin de poder utilizarlos en beneficio del paciente que pudiera necesitarlo.