Los homosexuales represaliados durante el franquismo podrían ser indemnizados

El Gobierno estudia aplicar indemnizaciones económicas al colectivo de homosexuales que fueron represaliados y encarcelados por las extintas leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad, durante la dictadura franquista. La Asociación de ex Presos Sociales calcula que durante la dictadura fueron expedientados cerca de cuatro mil personas por su orientación homosexual.

La Asociación de ex Presos Sociales mantuvo durante la pasada semana diversos encuentros con diferentes grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados con el objetivo de conocer la opinión de las distintas formaciones políticas acerca de este asunto.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar les explicó que el Gobierno está estudiando el encaje legal y la manera de articular estas compensaciones económicas que se descartan incluir en el marco del proceso de la 'Ley de la Memoria Histórica'. El presidente de la Asociación, Antoni Ruiz, aseguró que cuenta con el compromiso del PSOE para que las compensaciones económicas se aprueben en un plazo de dos meses a través de un Real Decreto.

Las compensaciones económicas podrían afectar a menos de un centenar de personas, supervivientes de la legislación franquista, que sufrieron cárcel, torturas, destierros y otras medidas represivas. Muchos de ellos no cotizaron lo suficiente para obtener una pensión de jubilación, dado que sus expedientes policiales les impedían acceder al mercado de trabajo.

En la actualidad cobran una pensión no contributiva y, según el presidente de esta asociación, el PSOE ve posible ampliar estas ayudas hasta alcanzar una pensión de unos 800 euros mensuales. Además, según esta entidad, se baraja la aprobación de una compensación económica, con carácter simbólico, de unos 12.000 euros. Para acceder a estas ayudas, el Ministerio de Justicia tendría que comprobar la existencia de un expediente que acredite su paso por las comisarías y celdas del franquismo.

Esta iniciativa, de momento, cuenta con el apoyo de la ejecutiva socialista, en concreto de su secretario de Movimientos Sociales, Pedro Zerolo; de la dirección del Grupo Socialista y de los grupos de IU-ICV, ERC, PNV y Mixto. Estas últimas formaciones dirigirán al Gobierno, en los próximos días, varias preguntas por escrito sobre esta cuestión.