Un juzgado de Leganés archiva uno de los casos de presunta sedación irregular en el hospital

El Juzgado de Instrucción número 3 de Leganés (Madrid) ha dictado auto de sobreseimiento y archivo sobre uno de los casos de supuesta sedación irregular producidos en el Hospital Severo Ochoa. La Comunidad de Madrid ha rechazado pronunciarse sobre el archivo de la querella, presentada por la familia del fallecido y por la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias. El fallo se produce casi un año después de el Gobierno regional iniciara una investigación sobre las presuntas sedaciones irregulares a pacientes terminales que había conocido a través de denuncias anónimas.

Se trata de una querella por un presunto delito de homicidio por imprudencia profesional referida a un paciente de 78 años, Cándido P.I., afectado por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y muerto en 2003 en el centro hospitalario tras aplicársele un tratamiento de sedación. La querella afecta sólo al paciente referido y fue presentada por la familia del enfermo y por la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias. El auto, que el abogado de la familia, Rafael Martín Bueno, ya ha anunciado que piensa recurrir, concluye "sin lugar a ningún tipo de duda" que el querellado, el médico Juan Andrés B.A., "obró con arreglo a la lex artis tanto en la adecuación del tratamiento como en la decisión de optar por la sedación y su conducta fue ajena a cualquier tipo de negligencia médica".

Según los informes periciales, el paciente se encontraba al ingresar en el hospital, el 22 de octubre de 2003, en situación agónica terminal, "no recuperable", ante la cual el querellado actuó "agotando los medios de que disponía" y "ante la extrema gravedad según los criterios y recomendaciones nacionales e internacionales relativos a la primera asistencia y posterior sedación". De todos los casos que salieron a la luz pública hace un año a rebufo de la polémica, sólo hay cuatro causas en los tribunales. Un caso es el ahora archivado, otro lo tramita el mismo Juzgado número 3 y un tercero ha sido traspasado del Juzgado 1 al 7. Además, el Juzgado de Instrucción 7 continúa el procedimiento basado en los 72 casos presentados por la Consejería de Sanidad de Madrid con el informe elaborado por una comisión de expertos.

Un tratamiento "correcto y adecuado"

El auto señala que de uno de los informes periciales se desprende que el fallecido padecía EPOC en grado de insuficiencia respiratoria con necesidad de oxigenoterapia continua y dada su situación, "en grado muy grave y avanzado" se desestimaron medidas extraordinarias y se optó por seguir un tratamiento convencional con oxigenoterapia. Este tratamiento "correcto y adecuado" no siempre implica una mejoría del paciente, que puede entrar en una fase de "angustia extrema por fatiga e hipaxemia severa (muerte inminente)", circunstancias en las que puede ser indicada la sedación para controlar los síntomas, añade el auto. El informe recuerda que el Midazolan -medicamento administrado al paciente- es uno de los fármacos más utilizados en las sedaciones y considera que "no hubo negligencia".

Otro de los informes periciales explica que el paciente ingresó en el centro hospitalario por una reagudización de su EPOC y se acordó su traslado al cuarto de emergencias, destinado a enfermos con riesgo vital inminente, donde no se consideró adecuada la intubación y ventilación mecánica y se comunicó a la familia la gravedad del enfermo. Ante su empeoramiento, con "falta de respuesta al tratamiento y situación agónica", se informó de nuevo a la familia, con cuyo consentimiento se trasladó al paciente al box para su sedación profunda, con el objetivo de "controlar los síntomas de disnea intensa" y "agitación" que presentaba.

Agrega que al encontrarse el paciente el "situación agónica terminal" la sedación es adecuada "y aún cuando puede acelerar la muerte, lo que se pretende es evitar el sufrimiento en las últimas horas de vida y su no administración resultaría inhumana". Por último, explica que el motivo del fallecimiento del paciente no se puede achacar a la administración de Midazolan "sino a la evolución desfavorable de su propia enfermedad", por lo que la actuación médica fue acorde con la "lex artis". La Consejería de Sanidad y Consumo ha rechazado pronunciarse sobre el auto, que será recurrido por la familia.