El Gobierno anuncia la creación del fondo económico de ayuda a las maltratadas

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha presentado hoy ante el Consejo de Ministros, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, un balance optimista de los primeros diez meses de funcionamiento de la Ley Integral. "Prácticamente todas las medidas previstas en la ley están en marcha y todo se lleva a cabo con bastante celeridad", ha subrayado la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, tras conocer el informe. Aunque es verdad que las herramientas de protección como los juzgados especializados están en marcha, las medidas sociales apenas se han desarrollado. Para paliar este déficit, el Gobierno ha anunciado la creación, en el Consejo de Ministros de la semana que viene, del fondo de ayudas para maltratadas sin recursos.

Se trata de una ayuda nueva para las maltratadas mayores de 45 años, sin recursos ni posibilidad de encontrar trabajo por motivos de edad o circunstancias sociales, a las que se les concede una prestación única equivalente a entre 6 y 24 meses de desempleo (385 euros mensuales). Fernández de la Vega, que ha informado de que el próximo Consejo de Ministros aprobará el real decreto de estas ayudas, ha subrayado que, "a pesar de que podemos decir hoy que las mujeres maltratadas están más protegidas" que hace unos meses, para este Gobierno "no es ni mucho menos suficiente". Hay que seguir trabajando para exterminar de raíz los malos tratos y la violencia sobre las mujeres", ha añadido la vicepresidenta.

En el haber, Fernández de la Vega ha destacado que la mayoría de las medidas están ya en marcha, como demuestra el aumento de las denuncias, las órdenes de protección y las usuarias de teleasistencia. También han crecido el número de efectivos especializados en la Policía y la Guardia Civil, el presupuesto para garantizar la asistencia social integral y el número de maltratadas sin recursos que se benefician de una renta de inserción social. La vicepresidenta ha recordado que "se ha creado la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género, se ha puesto en marcha los juzgados de violencia sobre la mujer, se han nombrado 50 fiscales especiales y se ha constituido unidades integrales de valoración forense". Además, se garantiza la justicia gratuita para las víctimas y se han desarrollado programas de apoyo en la búsqueda de empleo y en el acceso a la educación, la sanidad o la vivienda.

"Todos debemos arrimar el hombro"

En educación, uno de los pilares básicos para modificar los patrones culturales que justifican estas conductas, se han contemplado medidas en el proyecto de Ley Orgánica de la Educación, como unidades didácticas sobre igualdad y resolución pacífica de los conflictos. También cuenta con la escolarización inmediata en caso de violencia de género, cuando la víctima se vea obligada a cambiar de residencia. En el Plan de vivienda 2005-2006, se facilita la movilidad de las víctimas de agresiones para el cambio de vivienda. También podrían acceder preferentemente a ayudas para los inquilinos, con posibilidad de obtener hasta 2.880 euros anuales y tendrán preferencia en el acceso a las viviendas protegidas. Sin embargo, Fernández de la Vega ha recordado que esta no es una tarea que pueda llevas a cabo sólo el Ejecutivo, sino que "todos debemos arrimar el hombro".

Para Caldera, "en poco tiempo" España podrá estar a la cabeza del mundo en el freno a la violencia de género. Consciente de que aún se necesita mucha más concienciación social, el ministro de Trabajo ha subrayado que "no podemos tolerarla, tolerancia cero". Caldera ha atribuido a la Ley, "con absoluta prudencia", el descenso en el número de muertes, pero ha advertido también de que se trata de "una batalla muy larga" en la que habrá que cambiar la mentalidad que, durante milenios, situó a la mujer sometida al hombre. Lejos de la visión del Gobierno, el PP ha denunciado las carencias de la ley, como la ausencia de un Plan de Seguridad Personalizado, que extienda la protección a hijos, discapacitados, parejas de hecho o mayores, y que cuente con una dotación financiera suficiente.

La secretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha reclamado al Ejecutivo que la norma se cumpla en su totalidad creando más juzgados específicos, porque aún no son suficientes, activando el reparto de las ayudas económicas entre las maltratadas y elaborando un plan de empleo. En cuanto a la Asociación de Mujeres Juristas Themis, su presidenta, Àngela Alemany, ha asegurado que los juzgados especializados están desbordados y ha pedido que se creen nuevos y se les dote de autonomía. Por su parte, la presidenta del a Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid (especializada en casos de violencia doméstica), María Tardón, ha indicado que lo mejor del balance del funcionamiento de los juzgados especializados en violencia de género es "la existencia misma de estos órganos".