Francia aumenta de 15 a 18 años la edad legal para que las jóvenes puedan casarse

El Senado francés ha aprobado esta noche por unanimidad una enmienda que iguala la edad mínima legal de hombres y mujeres para poder casarse. A partir de ahora, las chicas, que podían contraer matrimonio desde los 15 años según una norma que data de 1804, deberán esperar hasta los 18 años, al igual que los varones. La propuesta, que contaba con el respaldo de todos los grupos políticos y del Gobierno, pretende combatir las uniones forzadas, sobre todo de inmigrantes. Se calcula que unos 1.200 menores se casan al año en Francia, a los que hay que sumar otros 70.000 enlaces que se realizan en el país de origen de los padres de la menor o del novio. Con el mismo fin, el Gobierno planea tipificar en breve como delito la obligación al matrimonio.

Esta diferencia de requisitos para el casamiento es un vestigio del Código Civil napoleónico, promulgado en 1804 y que establece que los varones pueden contraer matrimonio desde los 18 años y las mujeres desde los 15 años. La propuesta de equiparar la edad para los dos sexos quiere acabar con una discriminación que viola "el principio republicano de igualdad", según su autora, la senadora Joelle Garriaud-Maylam, que la depositó como enmienda en el Senado a un proyecto de ley contra la violencia doméstica. Pero, sobre todo, se trata de combatir los matrimonios forzados, que, según la ONU, son "una forma de esclavitud moderna", recalca la legisladora de la formación conservadora y gobernante UMP en declaraciones realizadas ayer al diario vespertino Le Monde.

También el ministro de Justicia, Dominique Perben, ha subrayado que este cambio en la legislación "permitirá profundizar en la lucha contra los matrimonios impuestos". Tras la votación en el Senado, la ministra de Paridad e Igualdad Profesional, Nicole Ameline, se ha mostrado "feliz de que esta medida se tome rápidamente". Ameline ha precisado que, junto con su colega de Interior, Dominique de Villepin, planea introducir "próximamente" en el derecho penal un "delito de obligación al matrimonio para combatir las uniones forzadas". Varios asociaciones de defensa de los menores y de los derechos de la mujer habían exigido que se tipificara como delito "la obligación del matrimonio civil, religioso o tradicional", para facilitar la persecución penal de quienes obligan a las niñas a casarse.

70.000 adolescentes casadas fuera de Francia

El Ministerio de Justicia, cuyo titular ha decidido finalmente apoyar la enmienda tras recibir el apoyo expreso del Gobierno conservador de Jean-Pierre Raffarin, calcula en 1.200 el número de matrimonios de menores realizados en suelo francés en el año 2004. La mayoría de estas uniones entre jóvenes de entre 14 y 18 años suelen tener lugar entre hijos de inmigrantes que residen desde hace décadas en Francia. Pero esta cifra podría ser mucho mayor, ya que no incluye el número de adolescentes enviadas por sus padres a sus países de origen para ser casadas sin su consentimiento y que luego vuelven a Francia. Así, la mayoría de las uniones nunca se contabiliza legalmente en Francia, sino ante la Justicia de los países de origen de los inmigrantes.

En este sentido, Garriaud-Maylam recuerda que en Francia el Alto Consejo para la Integración, un organismo público, calcula en unas 70.000 las adolescentes obligadas al año a contraer matrimonio en el país natal de los padres o del novio. "Es una cifra que asusta. pero que probablemente está muy por debajo de la realidad. Testimonia la urgencia de remediar al problema", subraya la legisladora. Garriaud-Maylam aboga porque un matrimonio pronunciado en el extranjero pueda ser transcrito en Francia sólo con el acuerdo "explícito" del fiscal, y porque los casos sospechosos se centralicen en un único servicio especializado con el fin de acelerar el trámite.

También "habría que organizar un dispositivo de ayuda y de protección para estas jóvenes, en particular su acogida en familias o albergues especializados", insiste la senadora. Asimismo pide que se desarrolle la prevención, empezando con la educación: "Es nuestro deber luchar para poner fin a esta práctica de otra era". Costumbre habitual en zonas del África subsahariana, del Magreb y de Turquía, los inmigrantes deciden perpetuar esta tradición, a pesar de que éstas se hayan criado en Francia y tengan nacionalidad gala. Muchas no pueden volver al continente europeo tras haberse casado, según denuncian las asociaciones defensoras de los derechos de las mujeres. La senadora Garriaud-Maylam, que vivió y trabajó en Reino Unido, explica al diario que quedó "muy marcada" por un caso ocurrido allí en 1998: una joven que rechazaba un matrimonio forzado con su primo fue asesinada por su propia madre y su hermano.