Maragall abre el debate sobre el "copago" de la Sanidad con el rechazo de sus socios de Gobierno

La Generalitat ha enmarcado su proyecto de introducir el pago de un euro por visita médica en un "debate abierto" que abordará la comisión de expertos sobre el sistema sanitario, aunque partidos del Gobierno como ICV y ERC, la oposición y asociaciones de usuarios han adelantado su rechazo a unas fórmulas de "copago" que sí comparte el Colegio de Médicos.

La consejera de Salud, Marina Geli, ha afirmado que tiene "dudas ideológicas" sobre la posibilidad de obligar a los ciudadanos a pagar un euro por cada consulta al médico, una fórmula que ha enmarcado en un "debate abierto" sobre la financiación sanitaria y sobre la que aún no tiene una postura definitiva. Geli ha recordado que este jueves se constituirá una mesa de expertos sobre la sostenibilidad del sistema sanitario y que tendrá como encargo ultimar un informe para otoño que "no será vinculante".

Por su parte, el consejero de Economía, Antoni Castells, ha señalado que la Generalitat "ha hecho lo que tenía que hacer" para contribuir a la financiación de la sanidad al gravar su tramo de impuesto de hidrocarburos y que ahora es "el Estado quien ha de poner lo que haga falta". ERC ha expresado su "sorpresa" y "rechazo" a la propuesta de "copago" y ha advertido de que una medida de "esta trascendencia" tiene que ser consensuada y no debe perjudicar a las rentas bajas. La diputada de ICV/EUiA, Dolors Comas, ha expresado también el "rechazo total y absoluto" de su partido a cualquier fórmula que obligue a abonar un euro a los usuarios.

Toque de atención de Salgado

Desde la oposición, el líder de CiU, Artur Mas, ha exigido a Geli que "se quite de la cabeza" la idea y que vaya a Madrid a negociar con el Gobierno más dinero para sanidad. El diputado del PPC, Joan López, ha acusado a Geli de crear una comisión de expertos "clandestina" encargada de legitimar su decisión "ya tomada", de imponer el pago por visita médica. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad se ha remitido a las últimas declaraciones de la ministra, Elena Salgado, en las que indicó que está en discusión con las comunidades autónomas un catálogo básico de prestaciones "que no va a ser objeto de ningún copago".

Por su parte, el secretario de Estado de Economía, David Vegara, ha reconocido que la sanidad es una competencia transferida a las autonomías, pero ha subrayado la preocupación del Gobierno central por que se mantenga la equidad territorial y que no surjan diferencias entre comunidades. En este mismo sentido, la coordinadora de Participación y Acción Sectorial del PP y ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, ha asegurado que la aplicación de esta fórmula "rompería" con el sistema de "equidad". Desde el PSOE, su secretaria de Bienestar Social, Matilde Valentín, ha asegurado que ni el programa electoral socialista ni ninguna resolución del partido prevé un "copago" sanitario.

El director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, Miguel Sebastián, confía en que el Gobierno catalán "estudie con mucho cuidado" este tipo de medidas para financiar la Sanidad. En el lado contrario, el secretario del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Pedrós, ha recordado que la institución hace años que defiende la necesidad de que los usuarios sean corresponsables del sistema sanitario. También la Unión Catalana de Hospitales es partidaria de establecer un "copago" para algunas de las prestaciones establecidas en el catálogo del sistema sanitario actual. Por contra, el Consorcio Hospitalario de Cataluña ha mostrado su desacuerdo porque, a su juicio, ese sistema "produce injusticias" y es poco efectivo económicamente.

El sindicato Médicos de Cataluña ha pedido a la consejera de Salud que abandone la "política de sondeos y de parches" y que trabaje en favor de la racionalización del gasto, mientras que la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad entiende que pagar supone la vulneración de la ley que establece que la sanidad en España es universal y gratuita. El Sindicato de Enfermería de Cataluña ha pedido a la Generalitat que no aplique el pago, al entender que esta medida "será totalmente impopular y no servirá para regular la demanda sanitaria, ni para financiar la sanidad pública". Por último, CC OO y UGT de Cataluña y las patronales Pimec y Fomento del Trabajo han reclamado un debate "a fondo y en conjunto" y que no se lancen propuestas que crean inquietud social.