Filipinas volverá a aplicar la pena de muerte para frenar la oleada de secuestros

El Gobierno de Filipinas ha tomado hoy una drástica decisión para combatir la oleada de muertes que sufre el país: volver a aplicar la pena de muerte, suspendida indefinidamente en octubre de 2002. "Por mucho que por principios morales sea contraria a quitar la vida de un ser humano, un jefe de Estado debe ceder a un interés más alto", ha afirmado en un dramático comunicado de prensa la presidenta del país, Gloria Macapagal Arroyo.

Fue precisamente Macapagal quien promovió en octubre de 2002 la moratoria en la aplicación de la pena capital mientras el legislativo estudiaba su abolición defintiva. Pero hoy las circunstancias son otras: sólo este año se han denunciado ante la policía 82 secuestros, aunque el Movimiento para el restablecimiento de la paz y el orden tiene contabilizados más del doble (165).

"El dolor de las víctimas de crímenes atroces se ha extendido por todos los estamentos de la sociedad y no puedo darles la espalda a los que gritan por una venganza justa en el marco de la Ley", ha argumentado la presidenta del país. "Espero la comprensión de los que no compartan mi decisión, pero ha llegado el momento de defender a la población", ha concluido.

Contra la comunidad china

La acaudalada comunidad chino-filipina, la más golpeada por las bandas de secuestradores, se pronunció a finales del mes pasado a favor de endurecer los castigos contra los secuestradores hasta que, el pasado 28 de noviembre, la Cámara de Comercio e Industria de Filipinas hizo un llamamiento a la Presidencia en este sentido.

De hecho, los tres últimos secuestros conocidos en Manila corresponden a miembros de la comunidad china. Un niño de dos años, una chica de diez y la ejecutiva de finanzas de la empresa Coca-Cola Betti Sy Chua, de 32 años. La suerte de cada una de esas tres víctimas ha sido diferente. El niño fue secuestrado el 2 de diciembre y aún permanece en manos de sus captores, la chica Gellina Dy recuperó la libertad el miércoles pasado después de que sus padres pagasen su rescate y Sy fue

El tiempo dirá si la medida contribuye a frenar el lucrativo negocio de los secuestros, que, según el Movimiento para el Restablecimiento de la Paz y el Orden aporta una media de 65.000 dólares (53.835 euros) por cada rehén, una fortuna en un país donde el sueldo mensual de un maestro no alcanza los 200 dólares (9.900 pesos).