Aprueban la Ley de Discapacitados, que fija una excedencia para cuidar a un familiar

El dictamen al proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades de la Personas con Discapacidad, aprobado esta mañana en el Senado, obliga a las comunidades de propietarios a ejecutar obras de adaptación en viviendas donde residan discapacitados y fija una nueva excedencia de un año para cuidar a un familiar minusválido. Junto a la votación del dictamen, en el que PSOE y CiU han optado por la abstención, la Cámara Alta ha rechazado las más del centenar de enmiendas planteadas por los distintos grupos parlamentarios.

El texto, que se remitirá al Congreso de los Diputados, ha sido criticado por el PSOE debido a su "falta de concreción, sus muchas insuficiencias y carencias", en palabras del senador socialista Jesús de la Fuente. Entre las enmiendas del PSOE figura ampliar la excedencia de un año para el cuidado de un familiar hasta el segundo grado que no se valga por sí mismo y no pueda desempeñar una actividad remunerada; elaborar un Código de Buenas Prácticas de Igualdad, y que el nuevo Consejo Nacional de la Discapacidad no sólo tenga carácter asesor sino también "funciones ejecutivas".

El senador socialista Angel Díaz Sol ha criticado además que el Gobierno plantee en la futura ley un plazo de dos años para estudiar los efectos de la implantación de la lengua de signos en todo el territorio nacional, y dijo que "parece que se va a producir un cataclismo" por la aplicación de esa lengua. "Será difícil que esta ley tenga una aplicación concreta con beneficios para los discapacitados", se lamentó.

Las competencias del Estado

La senadora de Coalición Canaria, Claudina Morales, ha apoyado el texto, aunque ha hecho una recomendación al Gobierno en el sentido de acortar los plazos fijados para cumplir sus exigencias: "la ley es positiva, pero si no se adaptan los tiempos tendremos una ley de principios durante muchos años y no una aplicación efectiva". Según el texto, en un plazo de 15 a 17 años desde la entrada en vigor de la ley "todos los entornos, productos y servicios existentes y toda disposición, criterio o práctica cumplirán las exigencias de accesibilidad y no discriminación".

El senador de CiU, Domenec Sesmilo, cuyo grupo había presentado un veto al proyecto de ley, ha denunciado la excesiva atribución de competencias por parte del Estado, en detrimento de las comunidades. La senadora popular María Cruz Rodríguez Saldaña ha subrayado la relevancia de la norma, que "pretende introducir un nuevo concepto de igualdad y accesibilidad, e incorpora principios importantes como la no discriminación".

En respuesta al senador de CiU, Rodríguez Saldaña ha explicado que "nadie impide" a las CCAA desarrollar sus políticas en materia de discapacidad, pero corresponde al Estado garantizar un marco de desarrollo de determinados derechos, tal y como reconoce "el artículo 149.1 de la Constitución". Por último, Joseba Aurrekoetexea, del grupo de senadores vascos, ha explicado que la intención de sus 14 enmiendas era "buscar un compromiso mayor y más efectivo" de la ley, con objeto de que "no se quede sólo en una declaración de intenciones".