Las mayores instituciones incumplen la normativa sobre discapacitados
Ninguna cuenta con los planes de accesibilidad previstos en la ley
Ni una sola de las siete principales instituciones vascas (el Gobierno, las tres diputaciones y los ayuntamientos de las tres capitales) cuentan con el plan cuatrienal de accesibilidad a los entornos urbanos, edificios y medios de transporte para las personas discapacitadas o con problemas físicos, cuya aprobación exige la ley para la Promoción de la Accesibilidad, aprobada por el Parlamento vasco en diciembre de 1997. Cinco años después, menos de 10 de los 250 ayuntamientos de la comunidad cuentan con un plan de estas características en pleno funcionamiento.
Cerca de 144.000 vascos mayores de seis años sufren actualmente algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, lo que representa el 7,4% de la población de la comunidad autónoma. La ley estipula claramente en su artículo 13 que el Gobierno vasco, las diputaciones, los ayuntamientos y demás entidades públicas deben elaborar programas cuatrienales para garantizar y promover la accesibilidad. El primer programa debía estar elaborado en un plazo de dos años a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del País Vasco, lo que ocurrió en abril de 1998.
Estos planes deben incluir un catálogo con el inventario de los espacios exteriores, edificación, transporte y comunicación susceptibles de ser adaptados; un orden de prioridades en las actuaciones, que tendrá en cuenta la mayor eficiencia y afluencia de personas; un programa económico financiero que determine las previsiones económicas destinadas a las obras de adaptación y un calendario de ejecución de las obras.
Según los datos facilitados por el Departamento de Vivienda, que es el competente en esta materia dentro del Ejecutivo, unos 50 ayuntamientos disponen de un plan de accesibilidad, lo han sacado a concurso o lo están redactando en estos momentos. Sin embargo, un análisis más pormenorizado de los consistorios que realmente lo tienen aprobado y lo están ejecutando de una manera efectiva, cumpliendo con lo exigido en la ley, reduce la lista a apenas 10, entre los que se encuentran los de Amurrio (Álava), Azpeitia, Eskoriatza, Getaria, Urretxo y Orio (Guipúzcoa) y Güeñes (Vizcaya). Todas las instituciones acometen actuaciones puntuales para adaptar sus edificios y el entorno urbano, pero muy pocas han dado el paso de contar con los planes cuatrienales.
San Sebastián
En plena celebración del Año Europeo de la Discapacidad, San Sebastián es la capital que más avanzada tiene la realización de su proyecto, aunque hasta finales de este año no estará redactado de manera definitiva. Su concejal de Movilidad Urbana, el socialista Ernesto Gasco, explica que la redacción del texto se encargó en octubre pasado y a partir de ese momento, el equipo que lo elabora cuenta con un año de plazo.
Gasco justifica en parte el retraso por el tamaño del municipio y puntualiza que, a pesar de que no existe un plan, todas las obras y construcciones se realizan conforme a los criterios de accesibilidad marcados por la ley vasca.
El Ayuntamiento de Vitoria, mientras, acaba de presentar a los colectivos de discapacitados el pliego con las condiciones técnicas del futuro plan cuatrienal que saldrá a concurso. La asistenta social de la Asociación de Personas Discapacitadas de Álava, Elena Ábalos, apunta que su colectivo ha hecho las sugerencias y alegaciones oportunas, pero lamenta que el plan "no se pondrá en marcha como mínimo hasta dentro de año y medio".
Tras la aprobación de la ley, el Gobierno aprobó en abril del año 2000 el reglamento que la desarrolla. El entonces consejero de Vivienda, Patxi Ormazabal, de Eusko Alkartasuna, aprovechó la publicación de este reglamento para recordar la importancia de contar con una ley que no habla de "suprimir barreras arquitectónicas, sino de promocionar la accesibilidad. Eso significa una garantía para todos". Ormazabal recordó que ningún ciudadano se encuentra libre de sufrir en algún momento de su vida un problema de movilidad. "La sociedad vasca cada vez tiene más personas mayores de 70 años, lo que supone una progresiva merma en sus capacidades motoras", recalcó.
Coste de la adaptación
Adaptar los edificios y el entorno urbano a la norma de accesibilidad exige un gasto de unos 30 millones de euros anuales, según un estudio que elaboró el Departamento de Vivienda para conocer lo que suponía la entrada en vigor de la ley y del reglamento que la desarrolla.
El Defensor del Pueblo Vasco ya ha mostrado su inquietud en varios de sus informes anuales por la situación de la accesibilidad en la comunidad autónoma y, en especial, por el incumplimiento de la ley. Incluso tiene previsto presentar el próximo mes de julio un informe de carácter extraordinario que un equipo de la institución ha estado elaborando a lo largo del último año. Entre otras disfunciones, el Ararteko resaltaba en su trabajo correspondiente al año 1999 que la mayor parte de los centros que albergaban servicios sociales resultaban inaccesibles en aquellos momentos para los discapacitados debido a las barreras arquitectónicas que presentaban.
"Las instituciones no creen en la ley"
"Se recogen muchos derechos en el papel, pero después no se concretan en acciones. Las instituciones no creen en la ley para la promoción de la Accesibilidad". La queja y demanda a la vez es de Juan Carlos Sola, gerente de la Confederación Coordinadora de Personas con Discapacidad del País Vasco.
Aunque un accidente le llevó hasta una silla de ruedas, no derrotó su espíritu combativo y reivindicativo. El hecho de que antes del accidente se pudiera desenvolver con normalidad y desde hace unos años compuebe las insalvables dificultades que presenta el entorno urbano para los discapacitados lleva a Sola a advertir a las instituciones de que los problemas de movilidad pueden afectar a todos. "Las ciudades están pensadas para cuando eres joven y fuerte, pero lo cierto es que en Euskadi cada vez hay más población envejecida. Los problemas irán a más y las administraciones no están concienciadas de la situación", señala.
"Los ayuntamientos se conforman con acciones puntuales, con algo testimonial. Ven la ley para la Promoción de la Accesibilidad como un enemigo y casi piensan más en cómo incumplirla que en cumplirla", agrega.
En su caso concreto, lo primero que tuvo que hacer tras sufrir el accidente fue cambiar de piso, ya que el que tenía no se adaptaba a sus nuevas circunstancias. "Lo que resulta básico para mí algunos lo consideran lujos, como disponer de espacios amplios para poder moverme con la silla de ruedas", dice. Cuando le quitan el aparcamiento reservado le "matan". Aparcar el coche 300 metros más lejos, por ejemplo, puede suponerle una odisea para llegar a su casa o al trabajo.
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