La Generalitat sólo emplea a la mitad de discapacitados de los que establece la ley

Un estudio de Iniciativa per Catalunya y Comisiones Obreras asegura que la Generalitat sólo emplea a la mitad de los discapacitados de los que debería para cumplir con la Ley de Integración Social del Minusválido. Esta ley obliga a todas las empresas e instituciones con más de 50 empleados fijos a contratar a personas discapacitadas para cubrir al menos el 2% de los puestos. En el caso de la Generalitat, los discapacitados representan el 1,1% de la plantilla.

La docencia es el ámbito donde existe un mayor incumplimiento de la ley, ya que debería contratarse a 585 personas más con algún tipo de minusvalía, mientras que sólo el 0,85% del personal docente tiene alguna discapacidad. En las áreas de personal de administración y servicios, las plazas no cubiertas son 293. En total, y según ICV, la Generalitat debería contratar al menos a 1.083 discapacitados más.

El diputado de Iniciativa Josep Lluís López Bulla, lamentó ayer que un Gobierno participado por Unió Democràtica, "basado supuestamente en el humanismo cristiano", no cumpla con la ley, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso durante la etapa socialista. "Si las administraciones no cumplen las leyes que ellas mismas aprueban, difícilmente lo harán las empresas privadas", lamentó López Bulla.

Los últimos cuatro años ICV ha planteado la necesidad de aumentar la contratación de discapacitados, enmiendas que han sido rechazadas por el Gobierno de CiU.

De acuerdo con el informe de ICV y CC OO, el nivel de precariedad laboral entre los discapacitados contratados por la Generalitat roza el 25% en el ámbito administrativo. En la sanidad es del 12,8% y en la docencia, del 15%.

Por otra parte, el informe denuncia que durante este año sólo han sido adjudicadas a discapacitados seis plazas de empleo público de la Generalitat. En total se han convocado 1.500 dirigidas a este colectivo. La situación es parecida a la del año pasado, cuando se convocaron 1.037 plazas y sólo se adjudicaron 21.

Los autores del informe consideran que el empleo ofertado por la Generalitat y también otras administraciones no se adecua a las necesidades o posibilidades de los discapacitados, que se ven obligados a renunciar al lugar de trabajo.

El sindicato UGT denunció la semana pasada que la contratación de personas minusválidas sólo representa el 0,2% del total. Este sindicato aseguró que la inmensa mayoría de las empresas se niegan tanto a emplear a discapacitados como a contratar los servicios de los centros especiales de trabajo tutelados por la Administración. El año pasado sólo 78 compañías contrataron los servicios de estas empresas.