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El PSOE propone ampliar por ley derechos sociales a personas mayores y discapacitados

Zapatero quiere que las prestaciones no dependan de la "sensibilidad" de cada Gobierno

El PSOE prepara una iniciativa que será "la columa vertebral" de las propuestas sociales que incluirá en su oferta electoral José Luis Rodríguez Zapatero. El candidato socialista a la presidencia del Gobierno quiere universalizar derechos sociales que todos los ciudadanos pueden necesitar en algún momento de su vida y que incluyen más atención a los mayores y a los discapacitados. Según fuentes de la dirección del PSOE, se trata de garantizar por ley la universalidad de esos derechos, de forma que las prestaciones no estén al albur de la sensibilidad de cada Gobierno.

Todavía no tiene nombre definitivo, pero el título de la propuesta que el PSOE prepara pretende convertirse en una Ley de derechos básicos de atención a las dependencias. La responsable de Políticas Sociales y Migratorias en la Ejecutiva Federal, Consuelo Rumí, coordina el grupo de trabajo que estudia este proyecto del PSOE de cara a las elecciones. De manera simultánea, se estudia la constitucionalidad de esa iniciativa legislativa por parte de expertos juristas, ya que las materias de las que va a tratar la ley están transferidas a las comunidades autónomas.

La propuesta del PSOE da un salto al tradicional y fundamental apartado de políticas sociales de los partidos al elevar los derechos sociales a la categoría de universales, junto a la educación, la sanidad y las pensiones. Zapatero lo ha llamado "el cuarto pilar" del Estado de bienestar.

El aumento de las necesidades sociales de los ciudadanos, ahora principalmente atendidas por las familias, ha llevado al PSOE a considerar que la satisfacción de las mismas no puede quedar al albur de la sensibilidad más o menos acusada de los gobernantes de turno en la Administración municipal, autonómica o central. "La ley debe garantizar los derechos sociales frente a las contingencias políticas de carácter coyuntural", se dice en un informe interno de la secretaría que dirige Consuelo Rumí y en el que se trazan las líneas maestras de la futura proposición de ley. Ésta pretende atender las necesidades de quienes requieren ayuda física o psíquica para tener una vida digna. Y sus principales destinatarios son las personas mayores y las discapacitadas. La explicación dada por los socialistas es que nadie está libre de la posibilidad de una discapacidad en el curso de su vida.

Las medidas propuestas no establecerán discriminación en función de criterios económicos. La iniciativa legislativa trata de universalizar ciertos derechos sociales aunque su desarrollo y aplicación concreta estarían muy sujetos a la realidad económica y al grado de dependencia de cada afectado. Pero la prestación estaría dirigida a garantizar una vida digna a cada ciudadano.

La regulación de la ley plantea un gran complejidad ya que la casuística es muy diversa y dispersa a diferencia de los tres derechos universales reconocidos ahora a los españoles: la sanidad, la educación y las pensiones.

La aplicación de los nuevos derechos llevaría consigo, según el proyecto del PSOE, la creación de tribunales compuestos por médicos, psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales, entre otros expertos, que determinarían la prestación que cada ciudadano requiere. "No se trata sólo de ofrecer muletas a la persona que las necesita sino de ver cómo es su vida desde que amanece, y qué necesita: si atención domiciliaria de varias horas, de media jornada, o jornada completa; o bien atención hospitalaria, rehabilitadora, o bien una compañía en casa", señala un miembro del equipo que elabora el proyecto.

Los derechos estarán ligados al grado de dependencia física, psíquica o sanitaria del ciudadano. La complejidad también está en ajustar la tipificación, los grados y los derechos, para evitar discrecionalidad, abusos o injusticias.

¿Quién presta el servicio?. El PSOE parte de que el Estado es el garante de que los ciudadanos tengan estos derechos, aunque serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes lo lleven a efecto.

Los redactores del proyecto también parten del convencimiento de que la ley tendrá que ser consensuada con las comunidades autónomas para que no haya problemas de competencias.

En definitiva, la ley garantizaría los derechos básicos que las autonomías deben de llevar a cabo.

En el informe de los socialistas también se incluye otro aspecto: el importante número de puestos de trabajo "estable y consolidado" que se crearán cuando todos estos derechos estén garantizados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 27 de enero de 2003