La nueva Ley del Ruido permitirá restringir el tráfico en zonas con contaminación acústica

La futura Ley del Ruido clasificará España en áreas acústicas y obligará a aplicar planes especiales de actuación en las zonas donde se superen los umbrales permitidos, con medidas que abarcan la limitación del tráfico o el cierre de locales de ocio, entre otras.

El anteproyecto de Ley del Ruido, que acaba de presentar el Ministerio de Medio Ambiente a las Comunidades Autónomas y espera elevar el Consejo de Ministros dentro de este semestre, pretende prevenir, vigilar y reducir los niveles de contaminación acústica para evitar molestias y daños a la salud y el medio ambiente, según ha explicado hoy el director general de Calidad y Evaluación Ambiental, Germán Glaría.

Mediante la obligación de elaborar un "mapa del ruido", la futura ley clasificará el territorio y definirá las áreas acústicas en España en función de los tipos de suelos (para uso industrial, sanitario o educativo, entre otros) y para cada una de ellas el Gobierno fijará los objetivos de calidad acústica.

Estos objetivos, según Glaría, tendrán en cuenta el grado de exposición de la población y los factores culturales, que en el caso de zonas destinadas a centros hospitalarios serán más rígidos o en los espacios naturales estarán adaptados a la protección de la fauna.

La ley prevé que estén elaboradas las áreas acústicas en entornos de aeropuertos y núcleos de población de 250.000 habitantes antes de 2007 y para poblaciones de entre 100.000 y 250.000 habitantes antes de 2012.

La nueva normativa, que servirá para adaptar la directiva europea en esta materia que debe transponerse antes del verano del próximo año, establecerá "zonas de servidumbre acústica", como la red de carreteras o ferrocarril y los aeropuertos, por lo que las nuevas edificaciones deberán ajustarse a los objetivos de calidad acústica. Glaría ha indicado que para las infraestructuras ya existentes la ley obligará a tomar medidas correctoras.

En cuanto a las sanciones, Glaría ha indicado que la futura normativa contempla multas de hasta 300.000 euros para infracciones muy graves, como por ejemplo la edificación en zonas con umbrales superiores a lo permitido. Según este responsable del Ministerio de Medio Ambiente, la ley está consensuada con las comunidades autónomas y las administraciones locales, entre ellas los municipios de grandes capitales como Barcelona o Madrid.