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'VACAS LOCAS'

La agencia alimentaria francesa aprueba el fin del embargo al vacuno británico

El mantenimiento de este bloqueo desde 1996 ha provocado una larga polémica con Londres y con las instuticiones europeas

La Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de los Alimentos (AFSSA) ha dado luz verde hoy al levantamiento del embargo de Francia al vacuno británico, decretado en 1996 a causa del llamado mal de las vacas locas. La agencia considera que la posibilidad de importar carne de bovinos británicos no pondría en tela de juicio "el nivel de seguridad actualmente garantizado al consumidor en Francia".

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Los ministros de Agricultura, Sanidad y Consumo han tomado nota de la recomendación de la AFSSA y van a estudiarla, según ha indicado el Departamento de Agricultura. Antes de diez días, los ministros entregarán su informe al primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, quien tomará la decisión, según ha agregado el Ministerio de Agricultura.

En el pasado, el Gobierno ha seguido siempre las recomendaciones de la AFSSA, que en su dictamen de hoy considera que el contexto ha cambiado con relación a 1996. El Gobierno francés había pedido el pasado 13 de junio a la AFSSA que comparara los riesgos de las carnes de vacuno británica y francesa y de sus derivados en relación con la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) o mal de las vacas locas.

Condenas y advertencias

El embargo impuesto por París desde 1996 ha provocado una larga polémica con Londres y con las instuticiones europeas, ya que en 1999, la Comisión Europea ordenó el levantamiento del embargo y permitió la reanudación de las exportaciones británicas de vacuno, pero Francia mantuvo el suyo conforme a una recomendación de la AFSSA en ese sentido.

La decisión de seguir con este bloqueo ha acarreado a Francia condenas y advertencias por parte de Bruselas. En diciembre de 2001, el Tribunal europeo de Luxemburgo condenó a Francia y dictaminó que debía adaptar su legislación y crear el marco legal para que se reanudaran las importaciones de vacuno del Reino Unido.

En julio pasado la Comisión Europea decidió denunciar por segunda vez a Francia ante el Tribunal de Justicia de la UE y pidió a los jueces que le imponga una multa de 158.250 euros por cada día que transcurra desde una segunda sentencia hasta que este país, el único de los Quince que mantiene el embargo, se ajuste a la sentencia.

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