Mañana entra en vigor la polémica Ley Orgánica de Universidades
La CRUE apuesta por "mirar hacia adelante" y adoptar una posición "constructiva" en su aplicación.- El PSOE augura una difícil aplicación
La Ley Orgánica de Universidades (LOU) entrará en vigor mañana, a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), salvo los apartados 2 y 3 del artículo 42, referentes a la necesidad de un título de bachiller o equivalente para el acceso a la Universidad y los procedimientos para admisión de estudiantes a los centros. Mientras que los rectores apuestan por adoptar una posición "constructiva", el PSOE le augura una difícil aplicación.
La LOU, publicada en el BOE el pasado 24 de diciembre, fue aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados el 20 de diciembre con los votos a favor del Partido Popular, Convergencia i Uniò y Coalición Canaria, que admitieron las enmiendas incluidas en el Senado.
Las claves de la reforma
Las principales características de esta reforma educativa son que el rector será elegido por la comunidad universitaria, mediante elección directa y sufragio universal libre y secreto, entre funcionarios del cuerpo de catedráticos en activo; y la ampliación de las funciones del Consejo Social, al cual le corresponde, entre otras, la aprobación del presupuesto y la programación plurianual de la Universidad.
El Consejo de Gobierno estará constituido por el rector, que lo presidirá, el secretario general y el gerente, así como un máximo de 50 miembros de la propia comunidad universitaria, además de que se reestructura el Consejo de Coordinación Universitaria como máximo órgano consultivo y de coordinación del sistema universitario.
Para el acceso del profesorado a los cuerpos de funcionarios docentes, la LOU desarrolla un sistema de habilitación del profesorado cuya convocatoria de plazas será efectuada por el Consejo de Coordinación Universitaria y cuyas pruebas serán juzgadas por comisiones compuestas por siete profesores del área de conocimientos correspondiente, elegidos por sorteo público.
Con el objetivo de garantizar la calidad de las universidades españolas, el texto de reforma universitaria recoge la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, mediante acuerdo de Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria.
La sociedad, en pie de guerra
Sin embargo, la LOU recibió la luz verde del Parlamento con la oposición en pleno, comunidades autónomas, sindicatos, rectores y asociaciones de estudiantes en contra. Todos ellos coincidían al criticar el texto de reforma universitaria porque, a su juicio, éste invadía las competencias de las comunidades autónomas, restaba representación estudiantil, subía las tasas, provocaba un descenso de las becas y privatizaba la universidad pública.
Los estudiantes llevaron las quejas a la calle con diversas manifestaciones en todo el país durante los trámites parlamentarios del texto. La más numerosa fue la 'marcha sobre Madrid' del 1 de diciembre, que los sindicatos CC.OO y UGT organizaron junto a las asociones estudiantiles FAES, BEI, CANAE y SE y a la que acudieron diversos rectores y representantes políticos, entre ellos Rodríguez Zapatero y Llamazares.
Los partidos de la oposición, sobre todo PSOE e IU, criticaron el escaso diálogo mantenido durante la elaboración del proyecto, así como el nulo consenso adquirido, tanto en su trámite en el Congreso como en el Senado. Por ello, coincidieron en calificar las enmiendas admitidas de "maquillaje" porque no introducían, a su parecer, cambios sustanciales en la LOU.
A todo ello, se unió el problema de una convocatoria masiva de plazas de profesores por parte de las universidades que ascendían a unas 8.000. Tras su aprobación en la Cámara Baja, PSOE e IU anunciaron que estudiarían presentar un recurso de inconstitucionalidad. Por su parte, los estudiantes presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo.
Ante la entrada en vigor de la Ley, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) apuesta por "mirar hacia adelante" y adoptar una posición "constructiva" y "positiva", tal y como ha explicado el presidente de los rectores, Saturnino de la Plaza.
Por su parte, la secretaria de Educación del PSOE, Carme Chacón, ha asegurado que la Ley de Universidades tendrá una "díficíl aplicación" debido al "empeño del Gobierno en aprobarla sin consenso".
