El Congreso aprueba la Ley de Asociaciones con el rechazo de PSOE e IU

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, con 192 votos a favor de PP, PNV, CIU y CC, el dictamen del proyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho de Asociación, que sustituirá una norma preconstitucional de 1964 y que obligará a las cerca de 240.000 asociaciones que hay en España a un funcionamiento más democrático y transparente. Al margen de esta ley quedan la Iglesia y la Guardia Civil. El Grupo Popular ha rechazado todas las enmiendas presentadas.

Los colectivos excluidos de la aplicación de esta ley (militares, extranjeros, ONGS vinculadas a la Iglesia Católica y Guardia Civil) han motivado el voto en contra del Grupo Socialista y el Grupo federal de Izquierda Unida, que han sumado 104 votos en contra.

Aunque Coalición Canaria ha apoyado el dictamen, ha pedido que se votara por separado el apartado c del articulo 3, en el que se remite a las Reales Ordenanzas todo lo concerniente al derecho de Asociación de las miembros de las Fuerzas Armadas.

Durante el debate, su portavoz Luis Mardones ha defendido la anulación del artículo 181 de las reales Ordenanzas, en el que se prohíbe el derecho de asociación a los militares y ha pedido a través de a una enmienda el "reconocimiento expreso de este derecho constitucional".

Mardones ha agregado que hasta Portugal "se nos ha adelantado democráticamente" al reconocer recientemente este derecho de asociación a sus militares y ha informado de que recientemente el Tribunal Constitucional reconocía en una sentencia que se había vulnerado el derecho de una asociación militar en situación ajena al servicio activo, constituida como hermandad, al negársele el derecho a inscribirse en el registro de asociaciones.

En esta sentencia, informó por último Mardones, hubo un voto particular del magistrado González Campo en el que señala la inconstitucionalidad del punto 1 articulo 181 de las Reales Ordenanzas por las que se prohíbe el citado derecho de asociación.

"Lo que no dice" la ley

Grupo Socialista y su portavoz para estos temas, Leire Pajín, ha asegurado que su voto en contra a la totalidad del texto se debe a que establece un modelo de asociación que no comparten y ha considerado que "la ley pasará a la historia no por lo que dice sino por lo que no dice".

Pajín se refería así a la exclusión del ámbito de aplicación de esta ley de la Guardia Civil, los extranjeros sin papeles y las ONGS vinculadas a al Iglesia católica. En relación a los primeros, el grupo socialista considera que no puede hablarse de este cuerpo como un cuerpo militar una vez que todas sus funciones son civiles y por lo tanto debe reconocerse su derecho a asociarse como a cualquier otro colectivo civil.

Sobre los inmigrantes, Pajín, ha recordado la postura de su grupo en favor de este derecho y, sobre la exclusión de las ONG vinculadas a la Iglesia Católica, ha indicado que no se debe al Concordato, como argumenta el Grupo Popular, ya que en los acuerdos firmados entre la Santa Sede y el Estado español en 1979 se dice que las organizaciones a las que el Estado reconoce una personalidad jurídica civil deben regirse por el ordenamiento civil.

La exclusión de estas ONGS supone para el Grupo Socialista un agravio comparativo, ya que éstas si tienen derecho a recibir subvenciones públicas pero no están sujetas a los mismos principios de funcionamiento democrático y transparencia.

El portavoz de IU Luis Carlos Rejón ha apoyado la postura socialista y ha asegurado que se perdía una buena oportunidad de regular este derecho para todos los colectivos sin exclusión.

Las novedades que introduce la ley

Entre las novedades que recoge el texto del Gobierno, se encuentra la creación de Consejos Sectoriales de Asociaciones, que podrán agruparse por ámbitos concretos de actuación. Así, recoge las cuatro libertades fundamentales: libertad de creación y adscripción a las asociaciones creadas, libertad de no asociarse y dejar de pertenecer a las mismas, así como la libertad de funcionamiento interno sin intromisión de los poderes públicos.

Además, contempla un catálogo de derechos de los asociados, que pueden ejercer frente a la propia asociación, como son el derecho de información, de voto, participación y asistencia. También se incorporan una serie de medidas de impuslo del asociacionismo que parten del papel activo que las Adminsitraciones Públicas deben desarrollar para su fomento: mecanismos de asistencia, servicios de información de ayudas y subvenciones públicas.