Mis datos, mi dinero: California quiere cobrar a las empresas que los usan
California anuncia una ley para cobrar a las empresas que se enriquecen con la recolección y venta de datos personales de los usuarios de internet y repartir ese dinero entre dichos usuarios.
¿Frustrado porque se te ocurrió mirar un modelo de zapatillas online y ahora no paras de ver el anuncio de dichas zapatillas en todas las webs que visitas? ¿Harto de esa incómoda sensación de que cada búsqueda que haces en Google queda almacenada en algún recóndito servidor? ¿Cansado de decir sí a todo cada vez que te descargas una app y te obligan a aprobar una lista interminable de condiciones? Bienvenido al mundo del usuario de internet: parece que si quieres seguir usando lo que sea que haya conseguido convertirse en imprescindible para tu vida cotidiana vas a tener que apechugar con que alguien, en algún sitio, esté haciendo algo con tus datos. Y haciéndose rico con ello.
California viene al rescate. No para evitar el inevitable intercambio de datos a cambio de acceso, pero sí, al menos para que te toque tu parte del pastel. “Vuestros datos personales tienen un valor en el mercado, y es algo que os pertenece”, dijo el pasado 12 de febrero en su discurso inaugural el recién elegido gobernador de California, Gavin Newsom. Con esa frase ha puesto sobre la mesa una idea que lleva tiempo circulando sin llegar a concretarse: introducir una ley de dividendos que ejerza de correctivo en un mercado todavía sin regular, el de los datos personales. Que obligue a las compañías cuyo modelo de negocio se basa en medir gustos, intenciones, pautas de consumo e incluso localización física, a repartir la riqueza que dichos datos generan.
La organización Common Sense Media ya ha confirmado que están trabajando en la redacción de la futura ley. “Apoyamos al 100% el compromiso del gobernador de proponer una ley que establezca un reparto de beneficios a cambio del valor de los datos personales de los usuarios, y en las próximas semanas esperamos poder introducir legislación al respecto”, explica a EL PAÍS RETINA su CEO Jim Steyer. Common Sense Media, con sede en California, es la organización que redactó la ley de Protección de los Datos Personales Online de Menores en 2014 y acaba de conseguir la aprobación de una de las leyes de protección de datos más restrictivas del país (aunque menos que la de la UE), que entrará en vigor en California en 2020.
La principal dificultad a la hora de redactar esta nueva ley es definir qué significa beneficiarse con datos, qué compañías lo hacen, y cuánto es ese beneficio. “La idea de cobrar a las empresas a cambio de darles nuestros datos no es nueva, ya en los años noventa hubo economistas que lo planteaban, como Kenneth Laudon”, explica Alessandro Acquisti, profesor de tecnología de la información y políticas públicas de la Universidad Carnegie Mellon. “Pero el mercado de los datos del consumidor es muy complejo y no es fácil definir con certeza cuáles son los costos, cuáles los beneficios y quién se beneficia. Es muy opaco”. Sobre todo, porque no solo se trata de una compra-venta directa, digamos, entre plataformas que recaban datos personales de sus usuarios y otras empresas que pagan por esos datos. Es mucho más complejo.
Intentos previos
El estado de Washington se enfrentó a estas dificultades hace dos años, cuando comenzó a redactar una ley parecida en la que se buscaba crear un impuesto del 3,3% para las compañías que comercian con datos. “Enseguida nos dimos cuenta de que antes de decidir cuál sería el impuesto, teníamos que entender bien qué compañías forman parte de este mercado de datos”, explica la congresista estatal Norma Smith, que propuso la legislación. “Una cosa son las compañías que llegan a un acuerdo directo con el usuario, y que presentan una larga lista de condiciones que el usuario acepta. Otra muy diferente son los brokers de datos, esas compañías desconocidas que no tienen relación directa con el consumidor y compran o venden paquetes de datos sin que el consumidor haya dado su consentimiento o sepa siquiera que lo están haciendo”.
Smith modificó su planteamiento, y presentó legislación (la ley HB 1503) que se centra, de momento, en crear un registro obligatorio para todos esos brokers de datos, y está ahora tramitándose. El estado de Vermont acaba de aprobar una ley similar. Según expertos en ciberseguridad, el número de estos agentes de datos puede estar alrededor de los 4000, y sigue creciendo exponencialmente. “Una vez que sepamos quiénes son, que haya más transparencia y el usuario entienda bien qué es lo que están haciendo con sus datos, podemos pasar a discutir cómo establecer un impuesto o una relación económica más justa”, afirma Smith. Y antes de eso, precisa: “Siempre hay que asegurarse de tener la posibilidad de negarte a dar esos datos. Una cosa es que aceptes darlos a una compañía que te ofrece un servicio que te compensa, otra es que se vendan o compren esos datos sin darte nada a cambio. En este país creemos en mercado libre, pero tiene que ser voluntario”.
La principal dificultad estriba en definir qué significa beneficiarse con datos, qué compañías lo hacen, y cuánto es ese beneficio.
Un sindicato de usuarios de internet
“Hay dos maneras en las que las compañías sacan provecho a los datos de los usuarios: una es vendiendo publicidad personaliza (targeted advertisement, es decir, anuncios dirigidos a cada usuario según sus pautas de gustos y búsquedas) y otra es acumulando información que les permite enseñar a las computadoras inteligencia artificial”, explica a Retina Glen Weyl, profesor de Economía en Princeton que participa en la redacción de la ley. “La ley que estamos preparando quiere crear las normas para una relación de poder más igualitaria entre las compañías que recaban estos datos y los usuarios que los proporcionan. Apoyar la creación de grupos de usuarios que puedan negociar compensaciones económicas directamente”.
Glen Weyl (también investigador en Microsoft) y el profesor de derecho Eric Posner, han escrito juntos el libro Intercambio radical, en el que abogan por una especie de gran revolución de los trabajadores/usuarios para obligar a los monopolios digitales a compensarlos por la cesión de sus datos. Su planteamiento va más allá de los datos personales: afecta a todas las interacciones que los usuarios tienen con sus aplicaciones, porque cada una de ellas tiene el potencial de servir a los algoritmos para mejorarse. Con ellas, los usuarios están colaborando a una gran labor colectiva que terminará resultando en máquinas mucho más potentes y capaces que, cabe esperar, modificarán para siempre nuestro actual sistema económico.
Otros gurús como Jaron Lanier han explorado la idea. Chris Hughes, co-fundador de Facebook, defendió recientemente por un impuesto directo, similar al que se usa en Alaska para repartir los beneficios de la extracción del petróleo. Según Hughes, un impuesto de un 5% a cada compañía que se beneficia del uso de datos personales de sus usuarios (y aquí se incluirían no solo Facebook o Google, sino también bancos, cadenas grandes de ropa o compañías de seguros) podría suponer unos 100.000 millones de dólares anuales en todo EE UU lo que, repartido entre cada uno de los ciudadanos estadounidenses, supondría un cheque de 400 dólares al año por adulto. En Francia, donde una ley similar está apunto de aprobarse, los legisladores calculan que recaudarán 500 millones de euros. Pero la ley francesa no establece una repercusión directa en cada ciudadano, o cada usuario de internet, de este dinero.
Una nueva relación económica
La ley de California, explica Weyl, intentará allanar el terreno para una futura relación económica directa entre los proveedores de datos (el usuario) y los que los recolectan (las empresas tecnológicas). Más que un impuesto directo de un porcentaje determinado en este tipo de empresas, Weyl cree que la ley debería establecer mecanismos para dar poder de negociación a los usuarios. Él establece un paralelismo con el sistema de salarios en el mercado laboral. Igual que no se puede definir el valor monetario de un trabajador de una cadena de producción, por ejemplo, de una fábrica, no se puede establecer cuánto aporta cada una de nuestras interacciones en cada una de las plataformas online que las registra. La solución, en el caso de la cadena de producción, es un salario. Y en el caso de internet, puede ser igual: un acuerdo económico que permita al usuario (el trabajador) una compensación por lo que aporta al crecimiento de la empresa.
Pero los californianos no deben esperar un cheque en el correo mañana mismo. “El mercado laboral tardó años en establecer unos derechos, hizo falta la creación de unos sindicatos. Ahora estamos empezando a hacerlo en el mundo digital. Espero que no tardemos tanto”, apunta Weyl, quien advierte de que la legislación que se esta redactando va a ser más bien “un paso en la dirección adecuada”, pero, ni mucho menos, el definitivo.
Silicon Valley: se acabó el idilio
Las grandes compañías con sede en Silicon Valley no han dicho de momento esta boca es mía. Pero es de suponer que no les hará mucha ilusión la idea y que se defenderán con uñas y dientes. “Hay compañías dominantes que controlan ya la mayoría de (si no todos) los datos de los consumidores, y no tienen ningún incentivo para soltar ese control y devolvérselo al usuario”, argumenta Acquisti. “Creo que el principal obstáculo, una vez redactada la ley, van a ser los intereses económicos de compañías gigantes que ya tienen el control de esos datos”. “Las grandes tecnológicas no van a poder seguir arrastrando los pies. La gente quiere respuestas. Quiere más transparencia. Y leyes como esta favorecen la transparencia, favorecen que se establezca una medición más honesta de cuánto aportamos cada uno y cuánto merecemos recibir cada uno a cambio”, asegura Weyl.
De momento, la ley tiene aún que redactarse. Pero ya apunta a un fin del idilio entre Sacramento y Silicon Valley. Las encuestas recientes confirman que Newsom ha dado en el clavo en lo que se refiere a la opinión pública: un 45% de los votantes (tanto republicanos como demócratas) apoyarían una ley que obligara a las empresas a repartir una parte de sus beneficios. Pero para bien o para mal, lo que pase en California tendrá consecuencias en todo el país, e incluso en el resto del mundo si tenemos en cuenta el tamaño de su economía y el hecho de que la mayoría de las firmas tecnológicas afectadas por la futura ley han sido fundadas y siguen operando desde aquí.
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