Una tasa a las redes sociales, la última forma de controlar internet en África

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, lleva meses relacionando las redes sociales con la difusión de mentiras, de amenazas y de chismes y con la extensión de un clima de violencia y de desestabilización. En 2016, durante unas controvertidas elecciones presidenciales, no tuvo empacho en bloquear internet, para evitar que se difundiesen informaciones falsas, según su versión. El pasado 1 de julio entró en vigor una tasa especial sobre el uso de redes sociales en Uganda.

En agosto, el ministro de Economía y Finanzas de Benín, Romuald Wadagni, defendía la imposición de una nueva tasa a determinadas utilidades de internet. Sus argumentos eran económicos: gravar el uso lúdico del entorno digital para poder abaratar el uso profesional y preservar el valor del mercado para que los operadores puedan seguir ofreciendo mejoras. Sin embargo, le traicionó el subconsciente cuando aseguró: “Queréis intercambiar imágenes en whatsapp criticando al Gobierno, sois libres de hacerlo pero tenéis que pagar el precio que es más alto”. O bien cuando lanzó una tétrica advertencia: “Cada uso de internet deja una huella, cuando vosotros usáis Telegram o WhatsApp, eso deja una huella. Sabemos lo que hacéis en internet”.

Algunos gobiernos africanos están usando el precio para limitar el acceso a la Red y obstaculizar un uso creciente relacionado con el compromiso ciudadano. Los activistas congoleños lo han denunciado; el gobierno tanzano estableció la necesidad de una licencia vinculada a una tasa para los blogueros que aún no se ha aplicado; los activistas chadianos se quejan de los impuestos a las operadoras de telefonía para aumentar el precio. Sin embargo, la aprobación de una tasa específica que grava ciertos servicios, fundamentalmente las redes sociales, supone un salto cualitativo y amenaza con contagiar a otros gobiernos del continente. En Zambia, por ejemplo, se ha anunciado una tasa a las llamadas a través de la red. Por eso, los usuarios y las sociedades civiles afectadas han interpretado estos impuestos como un ataque a la libertad de expresión y se han puesto en pie de guerra.

#ThisTaxMustGo fue la reacción de la sociedad civil en Uganda a los 200 chelines ugandeses (0,05 euros) diarios que tenían que pagar los usuarios de redes sociales. Teddy Ruge, un activista y emprendedor clave en el panorama digital ugandés, es firme al respecto: “La tasa crea barreras a la participación digital para aquellos que están en la base de la pirámide. Es un impuesto contra los pobres, básicamente, porque esa tasa diaria es igual al presupuesto total que mucha gente tiene para conectarse. Se les está excluyendo porque se duplica el coste de la conexión”. Pero su doble perfil, activista y profesional, le lleva también a otro análisis: “Somos un país con muchos jóvenes y muy afectados por el desempleo, así que el impuesto frena el crecimiento de la economía digital justo cuando se necesitaba acelerar”.

En un momento en el que el entorno digital ha mostrado una hostilidad hacia Museveni, no extraña la sospecha de que la medida intenta silenciar la crítica. “El origen de todo esto fue sofocar la avalancha digital, pero los ugandeses siempre encontrarán la manera de conectarse”, comenta Ruge. “Ha habido una oleada de uso de redes privadas virtuales (VPN), por ejemplo”. Sin embargo, estos sistemas, que camuflan el país de origen de la conexión encarecen el servicio porque incrementan el uso de datos. A pesar de eso, el emprendedor y activista ugandés señala un irónico efecto beneficioso de la medida: “Este impuesto es una fuente constante de ingresos, así que ahora les costará más bloquear internet, que ha sido el sistema que habían utilizado para controlar el discurso en las redes”.

A partir de la entrada en vigor de la tasa la protesta se intensificó. A la campaña en las redes sociales que sirvió de altavoz se unieron organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional. Las manifestaciones se trasladaron a las calles y a las instituciones. Pero ni siquiera esta generalización de la protesta hizo moverse a Museveni, que siguió insistiendo en que las redes eran un lujo y que no podían servir ni para difundir mentiras ni para enriquecer a empresas extranjeras. Lo siguiente es la impugnación legal de la medida, que están preparando organizaciones sociales ugandesas.

Por otro lado, el 18 de septiembre, Maurice Thantan, periodista y bloguero beninés, publicaba un tuit en el que decía: “A partir de esta medianoche, Benín se convierte oficialmente en una dictadura en la que hay que pagar más para criticar al Gobierno”. Se refería a los argumentos que el ministro de Economía y Finanzas había utilizado unas semanas antes para justificar la imposición de una tasa especial de cinco francos CFA (0,01 euros) el megabyte a lo que consideraba “usos lúdicos” de internet. A partir de ese momento, se intensificó la campaña #TaxePasMesMo. Emprendedores, actores culturales, representantes de organizaciones sociales y usuarios anónimos se sumaron a ella.

Thantan era claro al rechazar la tasa: “El precio de los paquetes de datos se va a disparar y muy poca gente tendrá acceso a ellos. Las iniciativas ciudadanas perderán visibilidad, las empresas que operan en el entorno digital perderán clientes y oportunidades de negocio, las voces críticas de periodistas o de otros activistas van a reducirse. Así que, para el Gobierno, es una forma indirecta de reducir la libertad de expresión en nuestro país”. “Este decreto viola la Constitución que reconoce la libertad de expresión y de opinión como libertades fundamentales y derechos básicos”, sentenciaba.

Por su parte, Fidèle Kikan, director de Amnistía Internacional en Benín, muy implicado también en la campaña, advertía de que la medida “restringe o incluso impide el acceso a la libre expresión y el derecho a la información en las redes sociales porque la mayor parte de los actores de la sociedad civil no tienen demasiados recursos para difundir su mensaje”. Así, predecía “un riesgo de autocensura y por eso es una medida que ataca y censura a los defensores de los derechos humanos”, haciendo referencia de nuevo a los amenazadores argumentos del ministro de Economía y Finanzas. Kikan recordaba una situación concreta: “Si las elecciones presidenciales de 2016 fueron relativamente transparentes fue, en gran medida, por la vigilancia ciudadana que se realizaba desde las redes sociales. Eso es lo que se intenta aplastar”.

El 22 de septiembre, tres días después de que la tasa entrase en vigor, el Gobierno de Benín anunció que se anulaba. En un comunicado reconocía haber tenido en cuenta las quejas de los usuarios y que se habían percatado de que “el encarecimiento de las tarifas, sobre todo para los consumidores más modestos, supone un obstáculo para la democratización de internet que es un objetivo del Gobierno”.

La decisión fue asumida como una victoria del activismo digital y fue compartida por los miembros de las comunidades virtuales de países vecinos. La imposición de tasas a internet como una forma de controlar el acceso y de limitar ciertos usos se interpreta en el continente como una peligrosa deriva para la libertad de expresión y para el ejercicio de nuevas formas de ciudadanía. Pesaba, en estas comunidades, la amenaza de un efecto imitación por parte de otros gobiernos. Por ello, la victoria conseguida en Benín ha sido valorada en muchos países como una batalla en el casillero de sociedad civil en su lucha contra la censura.