El ‘número dos’ de Interior contradice a Iglesias y dice que seguirá habiendo devoluciones en caliente

Las devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla vuelven a dividir al Gobierno. El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, aseguró este miércoles que la figura legal del “rechazo en frontera” sigue vigente y volverá a ser utilizada en caso de necesidad en las vallas que separan las ciudades autónomas de Marruecos. “Si hemos venido actuando respetando derechos fundamentales, la actuación simplemente será la misma”, mantuvo.

Pérez defendió en una visita a Ceuta que las devoluciones están amparadas por la ley y que las fuerzas de seguridad actúan correctamente al ejecutarlas. “Mientras no se modifique la normativa aplicable” —en referencia a la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015—, “el proceder de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad será el mismo porque ha sido correcto y tendrá que seguir siendo igual”, afirmó.

Las declaraciones del secretario de Estado contradicen las del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que el lunes aseguró en TVE que esta práctica no volvería a realizarse por ir en contra de los derechos fundamentales de los inmigrantes a los que no se les presta asistencia jurídica o sanitaria. “Este Gobierno tiene una política sobre las migraciones que va a ser respetuosa con los derechos humanos y es un consenso que las devoluciones en caliente no son respetuosas con los derechos humanos”, argumentó Iglesias. “Esto dicho así se lo he escuchado decir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska”, añadió.

Es la segunda vez en una semana que el secretario de Estado de Seguridad se desmarca de la posición del vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos. “A mí esas palabras que Pablo Iglesias ha puesto en boca del ministro no me constan”, dijo Pérez el martes durante una visita en Melilla.

La posición de Pérez es la defendida por el Ministerio del Interior desde que se conoció, el 13 de febrero, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El respaldo al fallo de Estrasburgo, que avala las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla, y la defensa del proceder de las fuerzas de seguridad en estos casos han generado descontento no solo en las filas de Unidas Podemos sino también en el seno del Gobierno de coalición.

Un día después de conocerse el fallo se celebró una reunión, presidida por Pedro Sánchez, a la que asistieron entre otros los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias; Grande-Marlaska; la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y la de Igualdad, Irene Montero. El objetivo del encuentro era poner en común las diversas prioridades en materia migratoria, pero se analizó también la sentencia de Estrasburgo y las divergencias entre los miembros del Gobierno se hicieron evidentes. Marlaska, según fuentes conocedoras de la reunión, mantuvo las posiciones más duras, lo que provocó un enfrentamiento con los miembros de Unidas Podemos.

La reunión terminó con el acuerdo de que los ministros se limitarían públicamente a decir que acatan el fallo, sin entrar a valorarlo, pero el lunes siguiente, el día 17, Marlaska dijo en el Congreso que la sentencia manifestaba que “la violencia [ejercida al saltar la valla] limita el ejercicio de los derechos fundamentales”, aunque no aclaró si se mantendrían las devoluciones en caliente.

La declaración disgustó a los miembros de Unidas Podemos. La formación, que tiene la defensa de los derechos de los migrantes como bandera, también rechazó las propuestas de Interior para reformar la ley de asilo y que fueron recogidas en un borrador publicado por EL PAÍS.

Más allá de las declaraciones en un sentido y el contrario aún no está claro que ocurrirá con las devoluciones en frontera. El Gobierno ya ha anunciado que sustituirá la ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, aprobada por el PP en 2015, donde se recoge esta práctica, pero eso no significa que no pueda encajarse en otro marco legal, como la ley de Extranjería. El Tribunal Constitucional estudia además los recursos presentados contra la ley mordaza y tendrá que fallar si las expulsiones exprés son o no constitucionales.

Tanto Unidas Podemos como el PSOE han defendido en la oposición el fin de las devoluciones en caliente. El PSOE, sin embargo, las ha seguido ejecutando cuando ha llegado al Gobierno. En 2018, año en el que el PP gobernó hasta junio, cuando la moción de censura contra Mariano Rajoy hizo presidente a Pedro Sánchez, se registraron 658 devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, 51 más que en 2017, según datos oficiales.