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VOX

Vox, de partido asambleario a sociedad limitada con ‘comisarios’ a sueldo

La organización ultra reniega de los barones autonómicos y encarga el control territorial a comisarios a sueldo

Carmelo González, miembro de Vox que quiere disputar la presidencia a Abascal.
Carmelo González, miembro de Vox que quiere disputar la presidencia a Abascal.

Vox es un partido asambleario. Su máximo órgano es la asamblea general, formada por todos los afiliados, que participan en las decisiones “personal y directamente”, no a través de delegados, como en el PP o el PSOE. El 7 de marzo, en la emblemática Vistalegre (Madrid), Vox celebrará una asamblea para, entre otros asuntos, elegir al nuevo comité ejecutivo nacional (CEN) y “actualizar” sus estatutos.

Sin embargo, los 57.000 afiliados que dice tener Vox no podrán asistir y deberán conformarse con escuchar y aplaudir al día siguiente a los líderes del partido en el mitin al que se les ha convocado. La dirección de Vox aduce que el aforo (15.000 plazas) es insuficiente y no se podía dejar fuera a nadie. Así que tendrán que seguir los debates por streaming y ejercer el voto telemático o postal.

Quienes sí están invitados a la asamblea son los miembros de los comités ejecutivos provinciales (CEP) y de las gestoras, así como los cargos públicos. Los primeros son casi inexistentes, con excepciones como Madrid, pues el 90% de los que fueron elegidos por las bases han sido sustituidos por gestoras nombradas a dedo.

También los cargos públicos han sido designados por la dirección nacional pues, en febrero pasado, antes de que se iniciara el ciclo de elecciones, Vox cambió sus estatutos para que los candidatos a las instituciones no salieran de elecciones primarias sino que fueran decididos desde Madrid. Así que prácticamente todos los que se sienten el día 7 en Vistalegre le deberán el estar allí a la ejecutiva de Abascal.

Vox rechaza las autonomías y presume de no tener barones regionales capaces de encararse con la dirección nacional. En teoría, no hay ningún escalón intermedio entre las provincias y Madrid. En la realidad, hay siete coordinadores territoriales a los que los críticos atribuyen la tarea de haber ido minando los comités provinciales hasta conseguir por las buenas (con dimisiones) o por las malas (con destituciones), su sustitución por gestoras. A estos comisarios políticos, los llamados hombres de negro, no los ha elegido nadie. Son contratados a sueldo, con vehículo del partido, que dependen del vicesecretario de organización. La figura del coordinador territorial no está en los estatutos.

Tampoco la del llamado comité de acción política, el sanedrín que dirige el día a día de Vox. Este comité, según informó El Mundo (su creación no se ha comunicado a los afiliados), lo forman el presidente; el secretario general, Javier Ortega Smith; el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros; el eurodiputado Jorge Buxadé y el asesor personal de Abascal, Kiko Méndez Monasterio. Es decir, tres de sus cinco integrantes no forman parte del comité ejecutivo nacional y no han sido elegidos por las bases.

Para formar parte del CEN, los aspirantes deben formar una candidatura y obtener el aval del 10% de los afiliados. Además de Abascal, se ha presentado un médico canario, Carmelo González, en cuya lista se han integrado descontentos de Madrid, Cataluña o Cádiz. González ya se presentó en 2015 a las elecciones internas de Vox y entonces tuvo el aval de su rival, el propio Abascal, en un momento en el que el partido presumía de que, a diferencia del PP, sí hacía primarias. Ahora, su candidatura no ha sido tan bien recibida. Minutos después de anunciarla en una emisora canaria, fue destituido vía WhatsApp como vicesecretario provincial de comunicación.

Desde el pasado martes y hasta la medianoche de este sábado, los afiliados de Vox que acceden a la zona reservada de la web del partido pueden avalar las candidaturas de Carmelo González o de Abascal, siempre que estén al corriente de sus cuotas y se afiliaran antes del 9 de noviembre pasado, víspera de las últimas elecciones generales. El equipo de González ha preguntado por burofax cuántos son, porque no se fía. Primero se informó por escrito de que eran 49.000 y luego, verbalmente, se elevó la cifra a 53.000, pero ellos sospechan que son muchos menos.

Los únicos que controlan el proceso son los miembros del comité electoral; entre ellos, Marta Castro, vicesecretaria jurídica y vocal de la Ejecutiva nacional, a pesar de que los estatutos dicen que “para asegurar su independencia” los árbitros no deben formar parte de órganos ejecutivos del partido.

En poco más de un año, Vox ha pasado de una organización basada en el trabajo voluntario y las cuotas de unos pocos miles de afiliados a una poderosa máquina electoral que ingresa más de ocho millones anuales en subvenciones públicas. La ONG se ha convertido en una gran empresa. Y un consejo de administración no es una asamblea.

Un candidato afable y “muy, muy, muy de derechas”

Carmelo González, de 59 años, se declara “muy, muy, muy de derechas”. Y suscribe de la primera a la última las 100 medidas del programa de Vox. Pero asegura que la sociedad española es “plural y abierta” y defiende un trato amable frente al exceso de “agresividad y frentismo” de la dirección de su partido. Saltó por primera vez a los medios de comunicación en 2006, cuando hizo huelga ante el Palau de la Generalitat para exigir que a sus hijos se les educara en castellano. Conoció a Abascal hace más de una década, participó en las manifestaciones de la fundación Denaes (el laboratorio donde se gestó Vox) y se unió al partido desde sus inicios, tras haber militado en el PP. Mantiene una buena relación con Abascal, hasta el punto de que este le invitó al funeral de su padre.

Sus mayores críticas se dirigen al maltrato que, a su juicio, se da a los militantes. “Se ha adulterado la voluntad de los afiliados expresada en las votaciones primarias y se [les] ha sustituido por familiares, amigos o incluso conveniencias religiosas”, proclama en el manifiesto de su candidatura. No tiene empacho en declararse ateo. “Tenemos muy claro que debe haber separación entre Iglesia y Estado”.

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