Abascal blinda su poder en Vox ante el temor a perder el control del partido
Los nuevos afiliados no tendrán derecho de voto hasta 9 meses después de su ingreso
Santiago Abascal teme que el inesperado y espectacular éxito de Vox le lleve a perder el control de un partido que en un año ha multiplicado por diez sus afiliados. Con el argumento de evitar que, atraídos por sus perspectivas electorales, haya un desembarco masivo de “oportunistas y arribistas”, la Asamblea General del partido aprobará este sábado un cambio de estatutos que blinda el poder de la dirección, prolonga su mandato a cuatro años, suprime las primarias y priva del derecho de voto a los afiliados con menos de nueve meses de antigüedad.
La dirección de Vox resta importancia a los cambios en los estatutos, alegando que “obedecen en su mayoría a requerimientos del registro de partidos políticos” —es decir, formales y burocráticos—, pero también reconoce que se trata de adaptar las hechuras de una fuerza política que ha pasado de apenas 3.500 a más de 35.000 afiliados.
Los propios responsables de Vox admiten que su sorprendente irrupción en el Parlamento andaluz, con 12 escaños, y la perspectiva de obtener considerables cotas de poder en las elecciones del 28 de abril y el 26 de mayo pueden atraer a sus filas un aluvión de “oportunistas y arribistas”, según sus palabras.
Para evitar que un desembarco masivo de nuevos afiliados le haga perder el control de las estructuras territoriales, el equipo de Abascal ha incluido en la reforma de los estatutos una moratoria de nueve meses para los nuevos afiliados durante los cuales no tendrán derecho al voto.
Defensa de la propiedad privada y la familia
“Usted haga como yo, no se meta en política”, se asegura que dijo Franco. Vox, por su parte, evita definirse ideológicamente. En sus nuevos estatutos ha incluido “la defensa de la propiedad privada” entre sus fines, junto a “la defensa del derecho a la vida y la protección de la familia”, es de suponer que la convencional. Su declaración más contundente parece propia de un programa electoral: “Vox no llegará a ningún tipo de acuerdo con partidos separatistas”, asegura. Como si eso fuera una seña de identidad. Mientras la mayoría de los observadores lo sitúan en la ultraderecha, fuentes de Vox lo consideran “liberal conservador”; una etiqueta que parecería más propia del PP. Claro que el PP se declara “de centro reformista”, lo que convierte a Rivera en un izquierdista.
Los estatutos vigentes ya incluyen un periodo de seis meses de afiliación provisional, al término del cual puede denegarse el ingreso del nuevo miembro. La novedad radica en que, además de ampliar a nueve meses el tiempo de prueba, se niega a los recién llegados el derecho a elegir a los miembros de la dirección o a votar la cuestión de confianza y la moción de censura, los dos mecanismos que permiten cambiar al presidente del partido. Tampoco se deja a los novatos formar parte de los equipos de dirección de Vox, salvo autorización expresa del Comité Ejecutivo Nacional, ni firmar avales para presentar candidatos a puestos orgánicos.
La desconfianza de la dirección hacia los afiliados se refleja también en la supresión de las elecciones primarias para elegir a los aspirantes a cargos públicos, el punto que más contestación interna ha provocado. Las listas de Vox a las Cortes, el Parlamento Europeo, las asambleas autonómicas y los Ayuntamientos ya no saldrán de elecciones primarias entre los afiliados de cada circunscripción, sino que serán elaboradas por el Comité Ejecutivo Nacional.
La dirección de Vox alega que se ha reforzado a los comités provinciales porque, “debido a su contacto directo con los afiliados, son los que mejor conocen a los miembros del partido en las provincias”. Lo cierto es que los comités provinciales se limitarán a proponer a los candidatos autonómicos y municipales y serán “consultados” sobre los demás pero será el Comité Ejecutivo Nacional el que decida.
La dirección nacional ejercerá un férreo control sobre los grupos parlamentarios y municipales de Vox. El equipo de Abascal se reserva la capacidad de aprobar y supervisar la contratación de personal de apoyo a dichos grupos, así como el control de sus cuentas y la dirección de sus iniciativas y propuestas.
Además, los nuevos estatutos prorrogan de dos a cuatro años el mandato del Comité Ejecutivo Nacional. Fuentes de Vox aseguran que la actual dirección, presidida por Abascal y elegida en marzo de 2018, concluirá su mandato dentro de 13 meses y será a partir de entonces cuando se apliquen los cuatro años.
La posibilidad de que surjan críticas o discrepancias internas será más remota con los nuevos estatutos. Para incluir un punto en el orden del día de la asamblea general se necesitará la firma del 20% (hasta ahora era el 10%) de los afiliados “de pleno derecho”, es decir, con más de nueve meses de antigüedad.
En el partido de Abascal no habrá barones. Es coherente que una fuerza política que aboga por suprimir las comunidades autónomas no tenga comités regionales. Es decir, no existe Vox Cataluña ni Vox Andalucía. El escalón inmediatamente inferior al comité nacional es el provincial. Solo dos autonomías contarán con organización propia: las ciudades de Ceuta y Melilla.
Lo que sorprende más es que los nuevos estatutos supriman los comités hasta ahora previstos a nivel insular y local. No habrá, por tanto, un comité de Vox en la ciudad de Madrid o en la isla de Menorca. Los responsables del partido en el nivel municipal o insular serán unos coordinadores cuya elección no corresponderá a los afiliados, sino que serán designados y cesados por los comités provinciales.
La organización interna de Vox, con un poder nacional reforzado y sin estructura autonómica ni municipal, refleja el modelo de España que quiere Abascal y su alergia a cualquier contrapoder territorial.
Voto telemático y suspensión de militancia por corrupción
La Asamblea General que este sábado celebra Vox en el Teatro de Bellas Artes de Madrid, sin presencia de medios de comunicación, ya se ha celebrado. La aprobación de los nuevos estatutos del partido, las cuentas del año pasado o el código ético se han realizado, entre el lunes y el viernes, por vía telemática. Los más de 24.000 afiliados con que contaba Vox a 31 de diciembre pasado han podido votar a través de la web, con una clave personal.
Los estatutos señalan que la Asamblea General “estará constituida por el conjunto de afiliados que actuarán personal y directamente”. Sin embargo, al acto de este sábado solo asistirán los miembros de los comités y las gestoras provinciales. La dirección de Vox alega que no ha podido encontrar en Madrid un local con la capacidad adecuada con tan escasa antelación. Hasta ahora, el acto más masivo de Vox fue el celebrado el pasado 7 de octubre en el Palacio de Vistalegre, en Madrid, al que acudieron casi 10.000 personas. El partido de Abascal se propone repetir este éxito en el Palau Sant Jordi de Barcelona, con un aforo de 15.000 asistentes, el 30 de marzo. El control último de la votación telemática corresponde al Comité de Garantías de Vox, cuya composición no figura en la web del partido. Según fuentes de la dirección, se trata de “un organismo autónomo y formado por un grupo de letrados”.
La reforma de los estatutos de Vox incluye también una modificación del código disciplinario. La principal novedad es la inclusión de sanciones para los corruptos. “La condena de sentencia firme por delito relacionado con la corrupción” será falta muy grave, castigada con la expulsión del partido. Mientras que “procederá en todo caso la suspensión cautelar automática de los afiliados incursos en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción”. Es decir, la suspensión se aplicará cuando el cargo de Vox se siente en el banquillo para ser juzgado por corrupción, no cuando sea imputado, y la expulsión cuando el Supremo ratifique la condena o esta sea definitiva.
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