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La política migratoria de Marlaska provoca las primeras tensiones en el Gobierno

Unidas Podemos mantiene que endurecer la ley de asilo y elogiar la sentencia europea sobre las devoluciones en caliente es "contrario a lo que figura en el acuerdo" de coalición

Grande-Marlaska conversa con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, este jueves en el Congreso.
Grande-Marlaska conversa con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, este jueves en el Congreso. EFE

Primeras tensiones en la coalición de izquierdas del Gobierno. El endurecimiento del discurso migratorio protagonizado por Fernando Grande-Marlaska ha provocado las críticas de Unidas Podemos, que pidió explicaciones al ministro del Interior. Marlaska ha acelerado las deportaciones a Mauritania en los últimos meses para aliviar la presión en Canarias, recibió con agrado el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las devoluciones en caliente y trabaja en una nueva ley de asilo, más restrictiva, que ha colmado la paciencia de Podemos: “Es lo contrario de lo que figura en el acuerdo de coalición”.

Seis semanas ha tardado en alterarse la paz que marcaba la pauta del Gobierno desde la investidura de Pedro Sánchez. Unidas Podemos no está dispuesto a aceptar que el Ejecutivo prime una política de seguridad frente a las garantías de los derechos humanos en materia migratoria. La tensión venía acumulándose en las últimas semanas por la defensa de Marlaska de algunas acciones polémicas de su departamento, desde las deportaciones a Mauritania de potenciales refugiados malienses al borrador de la ley de asilo. Fuentes de Unidas Podemos pidieron este miércoles al Ministerio del Interior que “aclare cuanto antes el malentendido”.

De hecho, el Gobierno ha emitido este miércoles por la tarde una nota en la que considera que "la política migratoria es una cuestión de Estado, basada en el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales y en los derechos humanos". La nota de La Moncloa añade que esta política debe estar basada en la cooperación con los países de origen; la lucha contra la criminalidad y la trata de personas; la apertura de vías legales para la inserción social en los países de destino y el "establecimiento de cauces para la correcta identificación entre peticiones de asilo y migraciones económicas, adecuando el sistema de asilo a la protección de nuevas realidades".

Aunque los miembros de Podemos en el Consejo de Ministros no han mostrado públicamente su malestar, se trata de la primera batalla que el partido de Pablo Iglesias plantea al PSOE desde su entrada en el Gobierno. “Endurecer la ley contra las personas que vienen a trabajar a nuestro país huyendo del hambre o de la guerra o elogiar sentencias que avalan la violación de sus derechos humanos no solo es lo contrario que figura en el acuerdo de coalición, es además lo contrario de lo que desean la inmensa mayoría de los votantes del PSOE y de Unidas Podemos”, afirmaron fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos.

El asunto migratorio se ha convertido en una fuente de conflicto en el seno del Gobierno, que hasta ahora no había mostrado la menor fisura. El pasado viernes se celebró una tensa reunión en La Moncloa, presidida por Pedro Sánchez, a la que asistieron los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias; Grande-Marlaska; la ministra de Exteriores, Arancha González Laya; el de Justicia, Juan Carlos Campo; la de Igualdad, Irene Montero, y el de Transportes, José Luis Ábalos. La reunión estaba convocada para abordar las prioridades en materia migratoria, desde el sistema de acogida a la atención de los menores extranjeros, pero la sentencia de Estrasburgo sobre las devoluciones en caliente —fuera del orden del día— acabó acaparando parte del debate.

Dos fuentes conocedoras del encuentro aseguran que Marlaska fue quien mantuvo las posiciones más duras, y que eso generó un enfrentamiento con los dirigentes de Podemos. La reunión terminó con el acuerdo de que los ministros se limitarían públicamente a decir que acatan el fallo, sin entrar a valorarlo. Además, se acordó que la ministra de Exteriores sería la encargada de marcar la posición pública del Gobierno en lugar de Marlaska.

El pasado lunes, el ministro del Interior enfrentaba su primera comparecencia parlamentaria tras el fallo del tribunal europeo. En su intervención inicial, recogida en 114 páginas, evitó cualquier referencia a la sentencia que absolvió a España de violar los derechos de dos subsaharianos que fueron devueltos en caliente tras saltar la valla de Melilla en 2014. Cuatro horas después, y ante la insistencia de los diputados que lo interpelaban por el tema, el ministro se refirió al asunto. “La sentencia manifiesta que la violencia es un límite al ejercicio de los derechos fundamentales”, dijo en referencia al modo en que los migrantes pueden actuar para sortear las vallas. El ministro no aclaró si el Ejecutivo seguirá ejecutando este tipo de expulsiones, muy criticadas por el PSOE y Unidas Podemos cuando estaban en la oposición.

Ley de Asilo

Pero Interior marca la pauta también en otros frentes. Un borrador de la futura ley de asilo, adelantado por EL PAÍS, en el que se refleja un endurecimiento de los requisitos para conceder esta protección, tampoco ha gustado a los socios del PSOE en la coalición de Gobierno. “La línea de reforma de la ley que plantea Interior es errónea”, critica el eurodiputado de En Comú Podem Ernest Urtasun. “Se pretende endurecer las condiciones de acceso al asilo cuando España ya tiene hoy uno de los índices más bajos de protección. No se plantea nada sobre las políticas de acogida con refuerzo de la atención e inclusión de las personas refugiadas. Parece más una ley de fronteras que una ley de asilo”, remacha Urtasun, muy crítico también con la sentencia de Estrasburgo.

La cuestión migratoria, de la que Unidas Podemos siempre ha hecho bandera, es uno de los asuntos que más separan a los dos partidos ahora socios de Gobierno. En el programa con que la formación de Iglesias se presentó a las elecciones el pasado 10 de noviembre se incluyen medidas como cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y vigilar que no se produzca ninguna devolución en caliente.

Iglesias ha admitido en numerosas ocasiones que su entrada en minoría en un Gobierno con el PSOE obligaría a Unidas Podemos a renunciar a muchas de sus promesas y asumir contradicciones. Las bases del partido dieron su apoyo mayoritario al Gobierno de coalición, solo el sector crítico Anticapitalistas —cuya cabeza visible es la líder andaluza, Teresa Rodríguez— se mostró contrario al pacto, lo que acabó precipitando su salida del partido la semana pasada. La corriente, ya escindida de Podemos, aprovechó la tensión sobre el asunto migratorio para cargar contra el Ejecutivo y le acusó de reforzar los prejuicios contra los extranjeros. En el programa suscrito por el PSOE y Unidas Podemos, la política migratoria es el último de los 11 puntos incluidos. En él no se mencionan las devoluciones en caliente. El Ejecutivo se compromete a promover una política de inmigración “justa y solidaria” que respete “los derechos humanos”.

Interior, pendiente de la reforma europea

El Ministerio del Interior quita importancia a las propuestas planteadas en el borrador de la nueva ley de asilo, revelado por EL PAÍS, y afirma que está pendiente de las pautas que marque la nueva norma europea en esta materia. La futura regulación comunitaria aplicará previsiblemente una línea más restrictiva con los solicitantes de asilo, pero no tiene aún plazo para su aprobación.
“El Gobierno tiene la intención de adaptar la normativa de asilo a la nueva realidad y a las directivas europeas que están ya en la práctica. Pero estamos muy pendientes de la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) para que nos dé las nuevas líneas maestras, que España va a seguir en la futura reforma”, afirmó un portavoz de Interior. El Ministerio no ha aclarado si esto significa que aguardará la reforma de la ley europea antes de abordar la española. La presentación del borrador, del pasado octubre, da por hecho que el Gobierno aprobaría su nueva norma sin esperar a Bruselas: “La aprobación futura del conocido como ‘paquete SECA’ quizá implique a medio plazo una modificación (notablemente sustantiva) de la nueva ley nacional”.
Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha mostrado su preocupación ante una revisión de la normativa actual. “Nos preocupa, entre otros aspectos, que se reduzca el plazo que tienen las personas que piden asilo en los centros de internamiento”, afirma la directora de CEAR, Estrella Galán. “Esta revisión es una buena oportunidad para identificar y atender mejor los perfiles más vulnerables, pero no debería servir para rebajar las garantías de los solicitantes de asilo”, añadió.

A última hora de la noche del miércoles el Gobierno envió un comunicado en el que calificaba la política migratoria de “cuestión de Estado”, basada “en el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales y en los derechos humanos”.

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