El nombramiento de un imputado como delegado del Gobierno en Murcia desata las críticas del PP

El nombramiento este martes de José Vélez como nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia ha desatado las críticas del PP y, con menor contundencia, Ciudadanos, puesto que el dirigente está investigado —y anteriormente imputado— desde septiembre de 2018 por presuntos delitos de prevaricación y malversación.

El nombramiento de Vélez (Calasparra, 53 años) no ha sido ninguna sorpresa para los murcianos: alcalde de su ciudad natal, único municipio de Murcia en el que nunca ha gobernado el PP, desde 2014 y anteriormente concejal durante más de dos décadas, es amigo personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien defendió abiertamente durante las primarias del partido, y desde 2017, secretario ejecutivo de Pequeños Municipios en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Sin embargo, su designación no ha estado exenta de polémica, pues Vélez tiene abierta una causa judicial desde septiembre de 2018, cuando él y otros dos concejales del Ayuntamiento de Calasparra fueron denunciados por tres miembros de la oposición —Jesús Alajarín, concejal de Ciudadanos; Marín Marín, del PP, y Alonso Torrente, de Calasparra Viva— de prevaricación y malversación de fondos públicos. Según se recoge en la querella, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Vélez habría autorizado el pago de retribuciones salariales atrasadas para él mismo y los otros dos denunciados (Jordi Arce, actual secretario de Organización de los socialistas murcianos, y Juan Antonio Moreno, que dejó el Ayuntamiento en abril de 2017) en como concejales “liberados” o con dedicación exclusiva a pesar de que habían renunciado a esa condición.

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Sin embargo, en el PSOE murciano, se muestran convencidos de que el archivo de la causa será “cuestión de días”, porque el asunto no es para nada novedoso: lleva recorriendo los tribunales desde junio de 2015 y hay hasta 14 sentencias previas al respecto, según fuentes del partido, que consideran que la oposición municipal está tratando de dilatar el proceso en el tiempo para desgastar a Vélez. En total, en la pasada legislatura, el equipo de Gobierno de Calasparra recibió más de 70 denuncias y todas ellas han sido archivadas, según las mismas fuentes.

Para llegar a la querella actual, hay que remontarse al primer pleno de la legislatura de 2015, en mayo, cuando se aprobaron las retribuciones de los concejales sin el acuerdo de la oposición, que llevó el asunto a los tribunales. A partir de ese momento, se suceden una larga lista de sentencias y recursos que acaban con una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia en julio de 2017 que declaraba válidas las retribuciones fijadas por el pleno. Para entonces, Vélez y el resto de acusados llevaban diez meses sin cobrar las retribuciones como concejales liberados, y el alcalde autorizó que se les abonasen de las arcas públicas los atrasos: cerca de 4.600 euros para él mismo, unos 15.000 para Arce, y unos 10.600 para Moreno.

Los denunciantes del actual proceso defienden que Vélez y su equipo no habían cobrado sus honorarios porque habían renunciado a su dedicación exclusiva, por lo que sería ilegal que recuperasen esos salarios.

El PSOE, en cambio, mantiene que no renunciaron a esa condición, sino que solo dejaron voluntariamente de cobrar hasta que se resolviera el asunto judicialmente para no tener que devolver las cantidades en caso de que los tribunales no avalaran el acuerdo del pleno.

El pasado mes de diciembre, la instructora del caso ya propuso su archivo pero la Fiscalía pidió nuevas diligencias a mediados de enero antes de proceder al mismo, y ha pedido ampliar el plazo de la instrucción para ello, por lo que la juez debe ahora decidir si acepta esa petición o archiva definitivamente el asunto.

En el PP murciano consideran que el nombramiento convierte la delegación del Gobierno en un “refugio de amiguetes” y que con él, el PSOE “pierde su credibilidad” para hablar de regeneración política. En una rueda de prensa, el senador Francisco Bernabé, que también fue en su día delegado del Gobierno, se ha preguntado además qué le debe Sánchez a Vélez para darle este cargo “siendo consciente del daño político que su nombramiento” hará al PSOE.

También el portavoz de la gestora de Cs en Murcia, Jerónimo Moya, ha criticado el nombramiento de una persona investigada por la justicia, aunque se ha mostrado más tibio y ha pedido respetar los tiempos del proceso judicial.