España avisa a Trump de que la hostilidad comercial pone en riesgo una mayor cooperación militar

Las relaciones entre España y Estados Unidos conforman un todo. No puede haber terrenos estancos en los que el trato sea cordial (defensa) junto a otros abiertamente hostiles (comercio). Este es el mensaje que las ministras de Exteriores y Defensa, Arancha González Laya y Margarita Robles, transmitieron el jueves al embajador de EE UU en España, Duke Buchan. Washington no puede esperar que la cooperación militar se incremente mientras impone aranceles y sanciona y amenaza a empresas españolas, según explican fuentes gubernamentales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores presentó la entrevista como una primera toma de contacto de la nueva jefa de la diplomacia española con el representante de la Administración Trump en España. El encuentro se produjo apenas 48 horas antes de que González Laya mantenga hoy una conversación telefónica con el secretario de Estado, Mike Pompeo.

Sin embargo, el objetivo de este insólito encuentro (dos ministras con un embajador) fue más allá de lo protocolario: por vez primera, la cooperación militar se presentó como un elemento más de las relaciones bilaterales, junto a las políticas, económicas o culturales. Esta actitud supone un giro en la posición española, que hasta ahora pasaba por “encapsular” la presencia militar estadounidense en España aislándola del resto de elementos, incluso en las etapas de mayor frialdad, como cuando el entonces presidente George W. Bush ninguneó al español, José Luis Rodríguez Zapatero.

En los últimos meses, el Gobierno español ha autorizado a EE UU a sustituir los cuatro destructores lanzamisiles desplegados en Rota (Cádiz) por buques más modernos dotados de helicópteros embarcados. Esa medida supone incrementar la presencia estadounidense en la base con una nueva unidad aérea. Además, el Pentágono ha sondeado al Gobierno español para desplegar en Rota seis destructores en lugar de cuatro; es decir, aumentar un 50% su fuerza naval, con 600 marineros más.

En paralelo a estas peticiones, la Administración Trump ha tomado decisiones que el Gobierno español considera inamistosas. La más grave fue la imposición en octubre pasado de aranceles del 25% a una serie de productos agropecuarios (aceite, vino y queso entre ellos) cuyas exportaciones a EE UU sumaban más de 800 millones de euros al año. España considera injustas estas sanciones, impuestas en represalia por las ayudas europeas al consorcio aeronáutico Airbus, que han agravado la ya difícil situación del campo español. Llovía sobre mojado. Bajo presión de los agricultores californianos, Washington ya impuso en 2018 un arancel de casi un 35% a la aceituna negra española, lo que ha obligado a los exportadores españoles a pelear en los tribunales de EE UU.

Aún más hostil se considera la decisión del Departamento de Estado de prohibir la entrada en el país norteamericano del vicepresidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarré. La medida, que no afecta solo al directivo del grupo hotelero español sino también a sus hijos y familiares directos, deriva del Título IV de la Ley Helms Burton, que sanciona a las firmas extranjeras que hagan negocios con bienes confiscados por la revolución cubana. Al contrario que el Título III de la ley, con el que han sido amenazadas o denunciadas empresas españolas como Iberostar o Air Europa, la retirada del visado es una medida discrecional que no se puede recurrir en los tribunales. “Esto no lo hace ni Corea del Norte”, lamenta un diplomático español.

El miércoles, el mismo día en que las dos ministras se reunían con el embajador estadounidense, la Administración Trump advertía de que, en su estrategia de ejercer la máxima presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, no descarta sancionar a las empresas extranjeras que operan en Venezuela, citando expresamente a la petrolera estadounidense Chevron, la rusa Rosneft o la española Repsol. “Estamos solo a la mitad [de la escalada de medidas contra Caracas] y solo vamos a movernos en una dirección, que es hacia delante”, indicó un alto cargo estadounidense, según informa Efe.

La decisión de poner las relaciones militares en el mismo plano que las comerciales sigue la lógica de Trump, quien advirtió de que los países que no destinen el 2% su producto interior bruto (PIB) al gasto en defensa lo pagarían en forma de aranceles.

La presión sobre el Gobierno español se relajó en la cumbre de la OTAN en Londres, en diciembre pasado, después de que este hiciera hincapié en que la presencia militar estadounidense en España, a diferencia de Alemania o Corea del Sur, no está orientada a la defensa del propio territorio sino a la seguridad de la OTAN y la proyección del poder militar de Washington en Oriente Próximo y África. “Rota y Morón constituyen una significativa aportación de España a la defensa común”, subrayan las mismas fuentes. Los cuatro destructores de la Navy forman parte del escudo antimisiles de la OTAN, pero también han realizado misiones unilaterales de EE UU, como el bombardeo de bases del régimen de Bachar el Asad en Siria.

El Gobierno alega que España es un aliado “sólido y fiable”. Así se lo reiteró el miércoles en Bruselas González Laya al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Lo que no es propio de aliados, a su juicio, es la hostil política comercial estadounidense.

González Laya se propone visitar Washington en breve, aunque el Gobierno es consciente de que la Administración republicana tiene ya toda su atención volcada en conseguir la reelección de Trump en las elecciones de noviembre.

Pese a estas diferencias, la relación con Estados Unidos se considera estratégica. “Por múltiples razones políticas, económicas y de seguridad, consideramos prioritario mantener y ampliar las relaciones con los Estados Unidos de América”, dijo el Rey en el discurso ante el cuerpo diplomático que pronunció en el Palacio Real horas después de que las dos ministras se reunieran con el embajador Buchan, amigo personal de Trump.