La inspección del Poder Judicial exculpa a la juez del ‘caso ERE’ por los retrasos

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha exculpado a la juez del caso ERE, María Núñez, como responsable de los retrasos que acumula su juzgado, después de que el verano pasado la Fiscalía Anticorrupción la denunciara por “parálisis, desatención y retrasos injustificados” en las causas que instruye. "Se da respuesta a las peticiones de partes y de la Fiscalía en tiempos (...) Las paralizaciones o retrasos no se deben a la inacción ni a la falta de actividad procesal o de impulso general en labor de la oficina judicial o de la magistrada instructora (...) Se fundamentan los autos", concluyen los inspectores que analizaron el juzgado el pasado octubre, en su informe preliminar. Desde la denuncia de Anticorrupción en julio, Núñez se encuentra de baja por enfermedad y ha sido sustituida por el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana.

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El Servicio de Inspección del Poder Judicial expone que los "numerosos incidentes y recursos" ante el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla han "influido en la duración de la instrucción y su conclusión" de los ERE, y achaca los retrasos a la carga de trabajo y al número y la complejidad de asuntos que tramitaba Núñez (alrededor de 120 piezas solo en caso ERE). La asociación judicial Francisco de Vitoria, a la que pertenece la magistrada, ha destacado en un comunicado el "inequívoco respaldo" que supone el informe preliminar para la instrucción de la juez.

El Servicio de Inspección elevó el pasado viernes dicho informe preliminar —de unas 400 páginas— al promotor de la acción disciplinaria, el magistrado Ricardo Conde, que ahora decidirá si le abre expediente o no a Núñez por dilaciones indebidas. Una portavoz de la Fiscalía General del Estado, denunciante de la juez ante el Consejo, ha precisado que no se pronunciarán sobre el expediente hasta que el promotor de la acción disciplinaria dicte su resolución al respecto.

Los inspectores reflejan retrasos en las investigaciones del juzgado, pero rebajan la alerta. "En los señalamientos de declaraciones no se han observado, con carácter general, que se hayan producido desvíos alarmantes a tenor del número de investigados y testigos que han comparecido a lo largo de estos últimos años", subraya el documento del servicio de la Unidad Penal del CGPJ. Los inspectores defienden que es preciso mantener las medidas excepcionales de apoyo al juzgado, con un juez de refuerzo, una secretaria y varios funcionarios, "hasta lograr su normalización".

El Servicio de Inspección alaba la gestión de Núñez, pero va más allá y critica en su extenso informe a la Fiscalía, denunciante que propició el examen a la labor de la magistrada, por recurrir por sistema todas sus resoluciones y aumentar de este modo los retrasos de las causas: "Ha sido arduo el número de incidentes procesales que se han producido, ante las denominadas exclusiones de investigados en las distintas piezas, que exigían una respuesta justificada por parte de la magistrada, que sin solución de continuidad eran impugnadas bien por parte del Ministerio Fiscal o acusaciones, o bien por los investigados en caso de denegación, y que generalmente eran confirmadas por la Audiencia Provincial".

El informe apoya el "loable esfuerzo" de la juez, según la asociación judicial Francisco de Vitoria. “Hemos defendido públicamente la profesionalidad de esta magistrada en varias ocasiones anteriores, exigiendo respeto para su trabajo ante los reiterados ataques, incluso personales a los que se ha visto sometida, y que excedían el límite de la crítica razonable”, ha informado en una nota de prensa dicha asociación.

La denuncia de Anticorrupción, planteada por los seis fiscales delegados en Sevilla, podría suponer desde una multa de 501 a 6.000 euros en caso de que el pleno del Consejo estime la falta como grave, o la suspensión, el traslado forzoso o la expulsión de la carrera judicial si los magistrados ven como muy grave la falta en la que haya incurrido Núñez. Sin embargo, tras el informe preliminar de los inspectores en el juzgado sevillano, la denuncia de Anticorrupción tiene pocos visos de prosperar.