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Una oposición contra la ley de la estadística

Un tribunal achaca “desviación de poder” a la Policía por suspender en una prueba psicotécnica a 29 opositores

Alumnos de la Academia de Policía de Ávila.
Alumnos de la Academia de Policía de Ávila.

El 21 de diciembre de 2018, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a Manuel, aspirante a agente de la Policía Nacional. Sentenció que la entrevista personal en la que fue eliminado de la convocatoria de 2015 debía dársele por superada y que tenía derecho a realizar un test psicotécnico “con los mismos parámetros y criterios” que el resto de candidatos. El pasado 27 de junio, la Dirección General de la Policía convocó a Manuel para realizar la prueba psicotécnica, pero no la superó. No fue el único. Ninguno de los otros 28 aspirantes que habían ganado en los tribunales el derecho a realizarla consiguió aprobar. Fue un resultado insólito, pues la media de aprobados en este test en los últimos años ronda el 95%.

El abogado Antonio Suárez-Valdés presentó al Superior madrileño en nombre de varios de los afectados dos estudios periciales que concluían que el grupo de 29 aspirantes que hizo el test en 2015 era similar al de 2019, es decir, ni más listos ni más torpes. Pero mientras en el primer caso solo suspendió el 5,76%, en el segundo lo hizo el 100%. La razón de esta disparidad, según los peritos, es que el examen del año pasado era mucho más complejo. Casi tres cuartas partes de las preguntas eran “difíciles o muy difíciles”. Uno de los ejercicios, por ejemplo, requería 22 líneas de instrucciones, frente a las siete de 2015. En palabras del letrado, se trataba de “un psicotécnico más propio de un aspirante a astronauta que a la Escala Básica de la Policía Nacional”, para la que solo se exige tener el título de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).

Tras recordar que “la ejecución de las sentencias (...) forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva”, el Tribunal Superior madrileño ha concluido ahora que la Policía no cumplió con el mandato judicial de someter a los aspirantes a una prueba igual a la realizada en 2015. “Es altamente improbable, por no decir imposible, utilizando un simple cálculo de probabilidades, que todos los aspirantes que realizaron el ejercicio en junio de 2019 formaran parte del grupo de suspensos”, alega. Y le pone cifra a esta probabilidad: “0 seguido de 36 ceros”. Una probabilidad menor a que te toque el gordo de Navidad comprando un décimo.

Complejidad notable

El tribunal argumenta que “las casualidades no existen” y explica el suspenso generalizado subrayando que, mientras el test de 2015 tenía un “nivel de complejidad bajo”, el año pasado se plantearon enunciados “más extensos y rebuscados de una complejidad notable”. Así, mientras “formal y aparentemente [se procedió] a la ejecución de la sentencia, mediante unos test de una complejidad máxima, absolutamente inadecuados para el nivel exigido en la convocatoria, lo que en realidad [se] hizo es complicar sobremanera, por no decir impedir, la superación de las pruebas por quienes” habían ganado judicialmente el derecho a realizarlas. El Superior concluye, por tanto, que se ha producido una “desviación de poder” y ordena que los 29 sean convocados a realizar de nuevo el test psicotécnico, pero no uno especialmente diseñado para ellos sino el mismo y al mismo tiempo que los aspirantes de las nuevas convocatorias.

La Dirección General de la Policía asegura que aún no ha recibido esta resolución judicial, fechada el 21 de enero, y que, cuando lo haga, “se procederá a ejecutarla en sus justos términos”. Pero añade que durante el examen se sucedieron incidentes que quedaron reflejados en el acta, como el hecho de que “algunos opositores contestaran de forma aleatoria”, y que en la corrección de ejercicios “se apreció por el tribunal calificador una desidia generalizada de los opositores, debido a que muchos contestaron un número ínfimo de cuestiones, demostrando falta de interés o preparación”.

La Dirección General de la Policía sostiene, al contrario de lo que dice la sentencia, que los ejercicios del año pasado tenían la misma dificultad que los de 2015. En lo único que todos, tribunal, Policía y opositores, están de acuerdo es en que no fue casualidad que todos suspendieran. Ese resultado vulnera las leyes, de la estadística.

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