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El Supremo ordena apartar ya a la juez gallega Pilar de Lara tras su sanción por retrasos en las causas

El alto tribunal rechaza frenar de forma cautelar la suspensión de siete meses que le impuso el Poder Judicial

Pilar de Lara jueza
Pilar de Lara durante una conferencia en la Universidad de Santiago.

La juez de Lugo Pilar del Lara, instructora de grandes causas de corrupción en Galicia, tiene que empezar a cumplir ya la sanción de siete meses y un día que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por “retrasos injustificados”. Lara recurrió el castigo ante el Tribunal Supremo y había pedido quedarse en el juzgado mientras se resolvía su recurso, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado este viernes esa posibilidad para garantizar “el buen funcionamiento de la administración de justicia” ante las “conductas gravemente contrarias al mismo” por las que se sancionó a la juez.

La sanción de siete meses y un día que se impuso a Lara lleva aparejada la pérdida de destino en el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, desde donde en la última década ha dirigido las mayores investigaciones contra la corrupción en Galicia. El Supremo decidirá en los próximos meses si confirma o revoca el castigo, pero la juez tendrá que esperar esa sanción apartada de la carrera, donde en los últimos años se hizo conocida por dirigir investigaciones en las que resultaron imputados políticos  de varios partidos, sobre todo del PP y del PSOE, policías y guardias civiles, funcionarios y empresarios detenidos por blanqueo y cohecho y mafias de proxenetismo.

El alto tribunal, en un auto del que ha sido ponente el magistrado Eduardo Espín, rechaza que, como alegó la juez la pérdida de destino le causaría “graves e irreversibles” perjuicios. Según la Sala de lo Contencioso, “nada impide que una hipotética sentencia favorable le restituya en el juzgado”. “No hay por tanto pérdida de finalidad del recurso ni en cuanto a la plaza que ocupa ni en cuanto a las restantes consecuencias económicas o profesionales”, señala el auto.

La juez llegó a cuestionar en su escrito ante el alto tribunal al órgano que le impuso la sanción, el Consejo General del Poder Judicial, al entender que “está cuestionado en su legitimidad por el Consejo de Europa, al no ser al menos la mitad de sus miembros elegidos por los jueces y magistrados integrantes del poder judicial”. La Sala rechaza también este argumento, como ha hecho en otras ocasiones en los que magistrados sancionados han cuestionado al Consejo.

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