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El CGPJ aparta a la juez Pilar de Lara de su plaza y sus casos anticorrupción

La titular de Instrucción 1 de Lugo, el juzgado de provincias con más macrocausas contra políticos, funcionarios y proxenetas, es castigada por sus superiores por "retrasos injustificados"

Pilar de Lara
Pilar de Lara durante una conferencia en la Universidade de Santiago.

No ha habido sorpresas, el pleno del Consejo General del Poder Judicial ha desestimado por unanimidad el recurso presentado por el abogado de Pilar de Lara. De esta manera ha ratificado este jueves la decisión tomada en marzo por la comisión disciplinaria del CGPJ de retirarla de su plaza en Lugo. La sanción de siete meses y un día aprobada lleva aparejada la pérdida de destino en el juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad gallega, desde donde en la última década ha dirigido las mayores investigaciones contra la corrupción en Galicia. Tal y como en su día declaró su abogado defensor en este proceso interno, el de De Lara es el juzgado de provincias con más macrocausas del país. El pleno del CGPJ desoye las alegaciones presentadas por la magistrada y respalda la sanción planteada inicialmente por el promotor de acción disciplinaria, Ricardo Conde, exdirector general de Relaciones con la Administración de Justicia con el Gobierno de Rajoy.

La decisión tomada hoy por la cúpula de los jueces todavía es recurrible en casación ante la sala tercera del Tribunal Supremo y el abogado de De Lara, Agustín Azparren, anunció en varias ocasiones que agotaría todas las posibilidades. La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le impuso en marzo la sanción de siete meses y un día de suspensión de empleo y sueldo por una falta que calificó de "muy grave", basándose en una supuesta "desatención en el ejercicio de las competencias" por parte de la instructora. Al ser superior a los seis meses, la sanción implica la pérdida de destino.

Con esta nueva decisión del pleno del Consejo, se agota la vía administrativa del expediente y la sanción será ejecutiva en cuanto le sea notificada a la magistrada (algo que de momento no ha ocurrido, ya que primero ha sido informada la prensa). No obstante, a De Lara le queda aún la opción de solicitar la suspensión provisional del castigo como medida cautelar si decide recurrir por la vía contencioso-administrativa en el Supremo.

Pilar de Lara (Cartagena, 1969) dirige las principales investigaciones judiciales contra la corrupción de todo tipo en Galicia, con políticos imputados de varios partidos, sobre todo del PP y del PSOE, funcionarios, policías y guardias civiles, grandes empresarios detenidos por blanqueo y cohecho y mafias de proxenetismo. En los últimos años ha asumido las pesquisas de unas 200 causas de gran volumen además del trabajo ordinario de un juzgado de instrucción. En los últimos meses ha ido preparando para la fase del juicio oral piezas principales de sus mayores sumarios, como el de la Operación Carioca (sobre proxenetismo y supuesta corrupción policial), y ayer mismo emitió el auto de transformación en procedimiento abreviado del caso Garañón (sobre presunta corrupción urbanística de excargos socialistas).

Aunque el fiscal del expediente abierto contra la juez por dilaciones en la tramitación de las causas solicitaba solo tres meses de suspensión de empleo y sueldo (lo que no implicaba la pérdida de su plaza en Lugo), el promotor (de la acción disciplinaria) Ricardo Conde reclamó la pena de siete meses y un día. Algunas de las operaciones contra la corrupción con la firma de De Lara (Pokémon, Cóndor, Pulpo o Garañón) acabaron con bastantes carreras políticas e involucraron a cargos aforados y no aforados dentro y fuera de la comunidad autónoma. La juez alegó ante el Consejo que la supuesta situación de colapso se debía a la falta de medios materiales y humanos para sacar adelante tal cantidad de causas que se extienden por cientos de tomos, con declaraciones de centenares de testigos, informes de la Guardia Civil y de Aduanas, escuchas telefónicas y extensa documentación sobre adjudicaciones amañadas, blanqueo y cohecho. Muchos de los abogados de los imputados se han quejado en este tiempo de la prolongada "pena de banquillo" a la que han sido sometidos sus clientes a causa de las dilaciones.

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