El promotor del expediente a De Lara pide siete meses de suspensión para la juez

La juez de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, se enfrenta a una sanción profesional de entre tres y siete meses de suspensión de empleo y sueldo en el expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre supuestas dilaciones indebidas en el contexto de la numerosas macrocausas que lleva, como la Carioca, sobre redes de proxenetismo, o la Pokémon y la del Garañón, sobre corrupción política. Otro de los riesgos que se ciernen sobre la instructora de las mayores investigaciones contra políticos, guardias civiles, policías, proxenetas y empresarios que ha conocido Galicia es la del traslado forzoso, y probablemente inminente, durante un año entero.

El abogado de la magistrada en el expediente, Agustín Azparren, ha confirmado que “se acaba de notificar la propuesta de resolución, en la que el fiscal pide tres meses de suspensión de empleo y sueldo y el promotor [de la acción disciplinaria dentro del Poder Judicial] siete meses” o el traslado durante un total de 12. Cualquiera de estas medidas incrementaría el retraso que, según los últimos inspectores que revisaron el estado de supuesto colapso del juzgado, sufre la tramitaciòn de estas causas con numerosos imputados del PP y el PSOE, del funcionariado y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En víspera de elecciones, la instrucción quedaría en un limbo que, en principio, acabaría siendo solventado con la llegada de un juez sustituto no conocedor de unos casos que ocupan ya centenares de miles de folios.

Azparren se sorprende de la extrema rapidez con la que el promotor, Ricardo Conde, director general de Relaciones con la Administración de Justicia con el Gobierno del PP, ha tomado su decisión sin ni siquiera cumplir el trámite de esperar a que se resuelva el recurso que el abogado de De Lara presentó en el expediente disciplinario. En la resolución, notificada al abogado el viernes pasado, se mantiene “alguna de las imputaciones sobre retrasos que se le atribuyen a la magistrada, pese a que la propia inspección del CGPJ, en un escrito posterior, reconoció y rectificó varios errores que tenía, por ejemplo en un caso en que se le imputaba un retraso que no le correspondía a ella sino a una juez que la había sustituido". La inspección, según Azparren, "comunicó que era un error y, sin embargo, se sigue manteniendo en la propuesta del promotor” para pedir una suspensión de siete meses o el traslado de un año. “O sea, que no se han rectificado los errores de la propia inspección”, insiste el abogado.

El promotor de la acción disciplinaria sigue atribuyendo en este último escrito hechos de los años 2012 y 2014 que ya estarían prescritos, además de algunos otros supuestos retrasos que fueron objeto de diligencias informativas por las que no se abrió expediente, archivadas en su día por la propia figura del promotor. La resolución se ha notificado pese a que todavía está pendiente de resolver “por la comisión permanente" del Consejo "el recurso que se hizo en su momento porque se había denegado una prueba testifical, fundamentalmente [la declaración] de los inspectores que realizaron la última inspección extraordinaria y anteriores inspecciones”, reprocha además Azparren.

Sobre si ya se está en la fase final en cuanto al expediente disciplinario abierto por el Consejo, Agustín Azparren ha insistido en que “dependerá de si se estima el recurso": "si se tuviera que hacer la prueba testifical habría que retrotraer el expediente a ese momento y practicarse las pruebas”. Tras la resolución sobre sanciones el letrado y exmagistrado del CGPJ constata que ahora tienen “ocho días para contestar y luego pasaría a la comisión disciplinaria para que resolviera”. “Podemos estar en la fase de tramitación administrativa del expediente, después siempre quedarían los recursos”, remata el abogado de la juez anticorrupción.