El Supremo ratifica 15 meses de suspensión a un guardia civil por acusaciones a Pilar de Lara

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha ratificado los 15 meses de suspensión de empleo a un agente de la Guardia Civil de la Comandancia de Lugo por acusaciones a la juez de Instrucción número 1, Pilar de Lara. En un auto de 12 folios, el Supremo con fecha del 14 de febrero acuerda desestimar el recurso de casación interpuesto por J.M.B contra el fallo del Tribunal Militar Central de 17 de abril del pasado año.

Previamente, en julio de 2016 el director general de la Guardia Civil dictó la conclusión del expediente disciplinario seguido contra dicho agente por “una falta muy grave” imponiéndole la sanción de “15 meses de suspensión de empleo”, una decisión que el agente no aceptó y que ahora se vuelve a confirmar.

Ahora el Supremo, en los fundamentos de derecho, argumenta que el recurrente fue “sancionado por ser autor de una falta muy grave de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil" que establece que es "falta muy grave el abuso de atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos, a entidades con personalidad jurídica, a los subordinados o a la Administración”.

Un anónimo en su mesa

Todo se remonta al 15 de febrero de 2014, cuando el agente “mientras se encontraba franco de servicio activo”, en el puesto de la comandancia de Lugo, se topó en dependencias de “su destino” con un sobre cerrado “dirigido al interesado, sin remitente, y que contendría un informe con los logotipos de la Administración de Justicia de fecha 27 de diciembre, procedente aparentemente de la magistrada del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, María del Pilar de Lara Cifuentes". El informe "habría acompañado a recursos administrativos interpuestos en el año 2011 por dos guardias civiles frente a la resolución que había resuelto un concurso de vacantes de libre designación de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Lugo”. Dicho anónimo, tal y como entendió este agente, se resumiría en un presunto trato de favor de la jueza hacia estos dos compañeros para que hicieran funciones como policía judicial, asignados a su juzgado, cuando hervían en Lugo dos sonadas operaciones: la Carioca y la Pokémon.

En el auto desestimatorio, de los 15 meses de suspensión para este guardia, el Supremo infiere que “de estas cuestiones se tuvo amplio conocimiento en la prensa, que recogió circunstancias de la mismas, atribuyendo a la Guardia Civil de Lugo la denuncia contra la magistrada”. En el fallo se dispone que “el recurrente haciendo uso de las atribuciones de su cargo y queriendo que su actuación apareciese como una actuación de la Guardia Civil de Lugo, abusó de las mismas, pues en realidad su finalidad no era un asunto del servicio sino un asunto puramente particular”.

Se constata en la sentencia, en respuesta al recurso, que “se ha causado un grave daño a la magistrada citada, a la Administración de Justicia y a la Guardia Civil” y además, se incide, en que “lo ocurrido tuvo repercusión tanto en la prensa como en las redes sociales”.