La Guardia Civil de Lugo denuncia a la juez de los casos Carioca y Pokémon

El instituto armado acusa de diversas prácticas irregulares a Pilar De Lara La magistrada investiga supuestas mafias policiales y una red de corrupción política

La juez Pilar de Lara
La juez Pilar de Lara EFE

Las viejas hostilidades entre una parte de la Guardia Civil de Lugo y la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, Pilar de Lara, que investiga los casos más sonados en Galicia por presunta corrupción política y mafias policiales en connivencia con la prostitución, se han enconado en las últimas semanas. La Comandancia del instituto armado en Lugo remitió el pasado febrero al Juzgado número 3 un atestado con la firma de uno de sus agentes que atribuye a De Lara diversas prácticas irregulares. La denuncia incluye un escrito anónimo en el que alguien que se presenta como “miembro de las fuerzas de seguridad del Estado” asegura que la juez ha ordenado “pinchazos telefónicos masivos y sin control” a políticos y empresarios. Ese mismo anónimo llegó también a manos del alcalde de Lugo, el socialista Xosé López Orozco —imputado por De Lara en el caso Pokémon— quien lo remitió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A su vez, tanto De Lara como otra juez de Lugo, Estela San José, han presentado una querella por injurias y calumnias contra el agente que tramitó la denuncia.

 Los problemas de Pilar de Lara con un sector de la Guardia Civil se remontan a la instrucción del caso Carioca, en el que fueron imputados mandos y agentes del instituto armado en Lugo por presuntamente dar cobertura a una red que traficaba con mujeres para prostituirlas en burdeles de la ciudad. En aquella ocasión, algunos agentes difundieron en foros de Internet ataques contra De Lara y contra la titular del Juzgado de Instrucción número 3, Estela San José, junto a comentarios sobre la vida privada de ambas.

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La batalla se recrudece ahora, después de que el pasado 24 de febrero la Comandancia presentase en el juzgado número 3 —ocupado provisionalmente por una sustituta de San José— un atestado elaborado por uno de sus agentes que, entre otras cosas, denuncia a De Lara por “presionar” a la Guardia Civil para que adjudicase dos plazas de policías judiciales a agentes de su confianza. El atestado sostiene que la conducta de la magistrada “pudiera ser constitutiva” de un delito previsto en el artículo 428 del Código Penal, que estipula sanciones contra los funcionarios que “prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo” tratasen de influir en otros empleados públicos “para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero”.

La denuncia adjunta como prueba de esas supuestas presiones un escrito firmado por De Lara a solicitud del abogado de los dos guardias civiles que aspiraban a las plazas de policías judiciales. En ese documento —que, según el denunciante, le fue enviado en un sobre sin remite a la Comandancia— la magistrada ensalza las cualidades profesionales de los dos agentes y relata cómo intercedió por ellos ante el capitán de la Unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lugo, a quien trasladó personalmente su temor a que ambos “pudieran ser objeto de represalias” por su participación en las investigaciones del caso Carioca. De Lara recuerda que el capitán de la Policía Judicial está imputado por un presunto delito de falsedad “al haber supuestamente manipulado un atestado para incriminar” a otro de los guardias civiles que indagó sobre la presunta conexión entre miembros del instituto armado y la mafia de los prostíbulos.

Junto a este documento, el agente denunciante incluye un escrito sin firma que asegura que recibió de manos de un conocido suyo al que concede “credibilidad suficiente”. En el anónimo, supuestamente dirigido al CGPJ, alguien que dice ser miembro de las fuerzas de seguridad acusa a la juez de urdir prácticas propias de “un Estado policial” en connivencia “con determinados miembros de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera” para controlar a políticos y empresarios. También declara que “un asturiano llamado José Luis” recibió dinero por inculpar al alcalde de Lugo. José Luis Álvarez, empresario asturiano que ofrecía servicios de grúa a distintos ayuntamientos, acusó a Orozco ante De Lara de cobrar sobornos de contratas municipales.

En declaraciones posteriores en el juzgado, el agente denunciante explicó que había recibido el anónimo de manos de un periodista local y aportó como prueba varios correos electrónicos intercambiados con él. El mismo escrito fue enviado por correo postal al Ayuntamiento. El alcalde Orozco lo trasladó, el pasado 4 de febrero, tanto al juzgado de Pilar de Lara como al CGPJ.

El guardia civil denunciante se apartó voluntariamente de la investigación de esos hechos tras reconocer por escrito su “enemistad manifiesta” con la juez. Fuentes jurídicas explicaron que ese agente, responsable en Lugo de la Asociación de Cabos y Guardias, ya fue denunciado en su día por la magistrada Estela San José a raíz de los comentarios vejatorios contra ella difundidos en un foro de Internet. El guardia acabó pidiendo disculpas y accedió a pagar una indemnización. Más recientemente, comentarios de ese cariz volvieron a aparecer en el mismo foro y con el mismo nick aludiendo a San José, a De Lara y a la secretaria del juzgado número 2. Las tres presentaron entonces una nueva querella contra el guardia civil.

A raíz de las diligencias judiciales abiertas por la denuncia de ese agente contra la instructora de los casos Pokémon y Carioca, otros miembros del instituto armado elaboraron un informe en el que deslizan la sospecha de que su compañero “esté faltando a la verdad” sobre el origen de los documentos supuestamente inculpatorios contra la juez.

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