El accidente de metro de Valencia no irá a juicio al aceptar cuatro acusados la condena

La Fiscalía Provincial de Valencia y los ocho exdirectivos procesados por el accidente de metro de Valencia de julio de 2006, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, han llegado a un acuerdo que evitará el juicio previsto para el próximo lunes, 27 de enero. Cuatro de los ocho procesados aceptan los cargos y 22 meses de prisión -frente a los 43 que pedía originalmente la fiscalía o los 56 que solicitaban las víctimas-, y se retira la acusación contra el resto, entre ellos, la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) Marisa Gracia.

La vista, que se iba a iniciar casi 14 años después del trágico descarrilamiento en el Juzgado de lo Penal 6 de Valencia, se espera que sea un mero trámite en el que se verbalizará el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, los acusados y la principal acusación, la que ejerce la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio (Avm-3J). El resto de procesados admitirán su conformidad con la pena de 22 meses, que no implicaría su entrada en prisión, según ha adelantado el diario Las Provincias y han confirmado fuentes jurídicas.

En el pacto, el exjefe de la Línea 1, Sebastián Argente; el exresponsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación, Juan José Gimeno; el ex director adjunto de Explotación, Vicente Contreras; y el ex director técnico, Francisco García aceptan la pena. Y se retira la acusación contra Marisa Gracia, el antiguo director de Operaciones, Manuel Sansano; el exjefe de Talleres de Valencia Sud, Luis Miguel Domingo Alepuz; y el exresponsable de estudios y proyectos, Francisco Orts.  

La Fiscalía de Valencia pedía tres años y siete meses de prisión para los ocho procesados por 43 delitos de homicidio por imprudencia profesional grave, entre otros cargos. Mientras las víctimas solicitaban cuatro años de cárcel. Hoy, una vez ha trascendido el acuerdo, la Asociación de Víctimas lo considera una buena noticia porque se reconoce "que las cosas se hicieron mal. Nos quedamos con eso", ha subrayado su presidenta, Rosa Garrote. 

Durante nueve años supervivientes del accidente y familiares de los fallecidos se concentraron cada mes pidiendo justicia. A punto de cumplirse 14 años del descarrilamiento en la línea 1 de Metrovalencia, ocho exdirectivos de la compañía pública de transporte iban a sentarse en el banquillo de los acusados desde el próximo lunes.

La instrucción judicial entorno al siniestro ha sido larga y tortuosa para las víctimas. La jueza encargada de investigar el accidente, Nieve Molina, dio varias veces carpetazo al caso tras considerar el exceso de velocidad la causa del descarrilamiento y al conductor, que murió en el vuelco, el presunto responsable. 

Las víctimas nunca suscribieron la simplicidad de esta tesis: “Está documentado que las decisiones que tomaron los directivos de entonces son las que permitieron que un tren alcanzara una velocidad excesiva, descarrilara y a consecuencia de ello murieran 43 personas”, sostiene Garrote, que perdió a una hermana en uno de los siniestros ferroviarios más graves de España.

Nadie dimitió ni pidió entonces perdón a los supervivientes pesar de la tragedia, que se cerró rápido, en falso, y pronto empezó a supurar la frustración y la impotencia de los afectados. 43 muertos, 47 heridos y cero responsables, algo inédito, que no entraba en sus cabezas. “Se va a cumplir lo que llevamos denunciando desde el primer día y es que la responsabilidad no es del conductor sino que hay que seguir subiendo los peldaños hasta llegar a las personas que tomaban las decisiones en la compañía de transporte”, apostilla la presidenta de las víctimas.

El juicio debía durar seis meses pues estaban citados a declarar 300 personas, entre testigos y peritos pero al final se cerrará. Eso sí, según fuentes jurídicas, los ocho procesados deberán comparecer este lunes en el juzgado para ratificar el acuerdo de conformidad. 

Las conversaciones entre el ministerio público y los acusados comenzaron hace meses con vistas a evitar un largo juicio, muy abierto en cuanto al resultado. Las acusaciones iban a insistir en que el exceso de velocidad no fue la única causa del descarrilamiento sino que también influyeron la ausencia de balizas de frenado antes de la curva donde volcó el tren, la obsolescencia de los vagones o los fallos detectados en la cadena de custodia de pruebas tan relevantes en la investigación como el vagón siniestrado o la caja negra del convoy.

Responsabilidades depuradas

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha expresado el respeto absoluto a las partes que han llegado a un acuerdo con los ocho procesados por el accidente de Metrovalencia de 2006 y ha afirmado que la comisión de investigación ya determinó la responsabilidad política del siniestro.

Puig ha manifestado que la comisión parlamentaria de investigación ya hizo su trabajo en la determinación de responsabilidad política y es "obvio" que hubo una responsabilidad política y que se produjo una gestión política "deficiente" que afectó "al sentido básico de la humanidad", ya que "se maltrató" a las víctimas desde el Gobierno valenciano.