43 muertos, 6 años, 0 responsables

Han pasado más de seis años y la sensación de rabia e impotencia no ha disminuido un ápice. “No nos cansaremos hasta averiguar la verdad”, repite Beatriz Garrote, portavoz de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio. El tercer día de cada mes desde aquel trágico julio de 2006 guardan cinco minutos de silencio en recuerdo de los 43 pasajeros fallecidos y los 47 heridos en el accidente de metro más grave de España. Nunca han entendido cómo, con tantas víctimas, el accidente de Valencia se cerró con un simulacro de comisión de investigación parlamentaria, un archivo judicial de la investigación penal y cero responsables políticos de la tragedia.

Después de años de ostracismo institucional —el presidente valenciano Francisco Camps nunca los recibió— y de invisibilidad social, la emisión el pasado 28 de abril del programa de televisión Salvados, que su presentador, Jordi Évole, dedicó monográficamente al accidente, ha catapultado el caso a toda España. Las redes sociales han hecho el resto.

El suceso se ha mantenido vivo por la tenacidad de la asociación de familiares y el aliento de algunos (pocos) medios de comunicación y de un puñado de colectivos sociales. Pero los años de silencio han sido duros, reconoce Beatriz Garrote. Ahora están ilusionados. Han colgado en la plataforma de Internet change.org una petición al presidente valenciano, Alberto Fabra, para que emprenda “una investigación veraz” del accidente. En pocos días ha recibido la adhesión de más de 70.000 ciudadanos, y a la concentración del pasado viernes 3 de mayo se sumaron cientos de personas.

Recordar la tragedia y lo que sucedió después les duele. Pasaban unos minutos de la una de la tarde de aquel 3 de julio de 2006 cuando un convoy de la línea 1 del metro de Valencia, la más obsoleta y necesitada de inversiones de la red, descarriló en una curva entre las céntricas estaciones de Plaza España y Jesús, un tramo subterráneo cuya peligrosidad había sido advertida años antes por los sindicatos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), la empresa pública que explota el servicio.

Los familiares a Fabra: “Tiene la capacidad de devolver la dignidad a la institución, que la aproveche”

Valencia, una autonomía que el PP gobernaba (y aún gobierna) con mayoría absoluta, era la capital española del fasto y el gran evento, con las regatas de la Copa del América a punto de celebrarse y la visita del Papa a la vuelta de la esquina. El accidente se produjo cinco días antes de la llegada de Benedicto XVI, y la Generalitat temió en un primer momento un atentado terrorista. Superado el desconcierto inicial, la hipótesis que cobró fuerza fue el exceso de velocidad. El tren enfiló la curva a 80 kilómetros por hora cuando una simple baliza de 3.000 euros lo hubiese podido frenar. El conductor murió, y con él, el testimonio clave de lo que pasó.

La escena que encontraron los servicios de rescate fue dantesca. Recuerda uno de los bomberos que cuando llegó el aviso pensó que un descarrilamiento con posibles heridos no merecía tanto despliegue. Pero luego comprendió: un vagón volcado, otro sin apenas daño visible y una vía plagada de cuerpos destrozados. “Nos encontramos un campo de cadáveres. Casi todos los muertos estaban fuera del vagón”, rememoraba en este diario.

La empresa FGV y la Generalitat se emplearon a fondo desde entonces para reducir el suceso a un hecho fortuito, imputable a un error humano. Todo se hiló con celeridad. El Gobierno valenciano anunció en horas un adelanto de hasta 60.000 euros de la indemnización a los heridos y familiares de los fallecidos. Juan Cotino, entonces consejero de Camps y ahora presidente del Parlamento valenciano, visitó entre julio y octubre a familiares de víctimas de la localidad de Torrent —residencia de muchos de los fallecidos— para brindarles su apoyo y veladamente ofrecerles empleo e interesarse por si pensaban denunciar a FGV, según han revelado varios.

La comisión de investigación parlamentaria que el PP aceptó a regañadientes pasa por ser una de las más rápidas del parlamentarismo español. No duró meses ni semanas, sino días, y los populares hicieron valer su mayoría para vetar comparecencias solicitadas por los grupos de la oposición. La instrucción judicial se centró en el exceso de velocidad y al final se archivó sin responsabilidades penales. Nadie, ni del escalón técnico ni político, asumió responsabilidad. Alberto Fabra recibió a la asociación de víctimas recién llegado a la presidencia, en 2011, pero se aferró al archivo judicial. Y de nuevo, silencio y olvido.

El duro aterrizaje de la Comunidad Valenciana tras la época feliz de los grandes eventos ha abierto los ojos a muchos, opina Garrote. En un año se ha conocido que FFG contrató a la consultora HM&Sanchis para preparar los testimonios de los técnicos que comparecieron en la comisión parlamentaria, las supuestas ofertas de empleo de Cotino a familiares de las víctimas y datos del accidente que se desconocían o pasaron inadvertidos. El suceso que Francisco Camps creyó enterrado no lo está.

Ahora Francisco Camps ya no es presidente; el consejero de Infraestructuras cuando sucedió el accidente, José Ramón García Antón, ha fallecido, y la gerente de FGV, Marisa Gracia, salió del cargo por la puerta de atrás hace unos meses, imputada por la adjudicación supuestamente irregular de contratos. Garrote reconoce la dificultad de reabrir la vía penal, pero entiende que el Gobierno valenciano mantiene una deuda política y moral con las víctimas y sus familiares. “¿Qué tenemos que decirle a Fabra? Que tiene la capacidad de devolver la dignidad a la institución, que la aproveche”, concluye Beatriz Garrote.