El triple salto de Lola

El pasado miércoles, cuando Pedro Sánchez prometió ante Felipe VI el cargo de presidente del Gobierno, Dolores Delgado estaba allí. No se sabía entonces, pero aquel acto —al que asistió en calidad de notaria mayor del Reino— sería el último como ministra de Justicia. Enseguida se conoció que no repetiría en el cargo, y a nadie le extrañó. Aunque en los últimos meses había cosechado dos grandes satisfacciones —el triunfo de las tesis de la Abogacía del Estado en el juicio del procés y la exhumación de Franco— su prestigio había quedado marcado a raíz de unas grabaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo, presunto cabecilla de una trama policial con la que intenta chantajear a las instituciones del Estado. Delgado, por aquel entonces fiscal de la Audiencia Nacional, no solo quedó en entredicho por su lenguaje chabacano e incluso hiriente con algunos compañeros de la judicatura, sino porque intentó sortear la polémica alegando que apenas conocía al policía ahora encarcelado.

Todo eso, unido a que ha sido reprobada tres veces por el Parlamento en apenas un año, parecía suficiente para dar por amortizado su paso por la política. Desde el miércoles al domingo, primero Pablo Iglesias y luego Pedro Sánchez fueron dando a conocer con cuentagotas los nombres de los nuevos ministros. Hasta que, a las 20.21 del sábado, se despejara finalmente la última incógnita —Juan Carlos Campo, ministro de Justicia— se había estado barajando la posibilidad de que el presidente del Gobierno se guardase en la manga un nombramiento sorpresa, un ministro galáctico como en su momento lo fue Pedro Duque. Pero no. Sánchez recitó el domingo desde su atril sin preguntas de La Moncloa una alineación compacta, sin demasiados flancos abiertos para que la oposición pueda entrar a degüello.

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Pero a las ocho y media de la mañana siguiente, cuando los nuevos ministros enfilaban ya el camino de La Zarzuela para prometer sus cargos ante el Rey, se conoció la noticia bomba. Sánchez no solo no había jubilado a Dolores Delgado, sino que le había quitado un ministerio sin apenas atribuciones ni presupuesto para darle nada menos que la Fiscalía General del Estado. Un triple salto mortal ejecutado en solo año y medio —de fiscal de la Audiencia Nacional a ministra de Justicia y ahora fiscal general del Estado— sin precedentes desde 1986. Aquel año, Felipe González nombró fiscal general a Javier Moscoso, hasta entonces ministro de la Presidencia.

Unos minutos después de conocerse el nombramiento, un amigo de Dolores Delgado le envió un mensaje de felicitación por WhatsApp. “Me ha respondido enseguida dándome las gracias”, explicaba el amigo, “y luego ha añadido: 'la que me va a caer”.

Se equivocaba en el tiempo verbal: ya le estaba cayendo. El Gobierno que estaba naciendo en ese momento con el objetivo confeso de “desjudicializar la política” se acababa de contraprogramar politizando la justicia. Y la reacción fue de tanto voltaje —no solo por parte de la oposición, sino también de la judicatura y la Fiscalía— que las ceremonias de toma de posesión en los distintos ministerios quedaron silenciadas. Y algo más. Los dardos dirigidos a Pedro Sánchez —responsable único de la decisión— terminaban invariablemente impactando en la figura de Dolores Delgado. Toda su biografía —y su carácter, y sus amistades— fue de nuevo analizada con lupa. Hasta ser nombrada ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2018, Dolores Delgado (57 años) ejerció durante 25 años como fiscal en la Audiencia Nacional.

“Ese es el peligro de los jueces y fiscales que se dejan seducir por la política”, explica una compañera de carrera. “Después de 25 años luchando contra el narcotráfico, contra el terrorismo de ETA primero y del yihadismo después, lo que queda en tu biografía son un par de decisiones fallidas que no dependen siquiera de ti. Lola siempre abrazó causas reivindicativas. Pero no es lo mismo hacerlo desde una asociación de fiscales que desde primera línea de la política. Ahí un error no se perdona”.

Además de la reacción furibunda de la oposición, que se lanzó en tromba contra el nombramiento de Delgado, el revuelo fue aún más grande entre jueces y fiscales, que ven de nuevo cuestionada su independencia y advierten en privado de que venderán cara su independencia. Si en la política gran parte de las diferencias se ventilan en público, en el mundo de las togas todo es más sutil. Las envidias, los agravios y las viejas cuentas pendientes circulan entre dos aguas, solo detectables para ojos expertos. “Hay un sector de la Fiscalía y también de la judicatura”, explica un magistrado, “que no traga a Lola no por ella misma, sino por su vieja amistad con Baltasar Garzón. Se podría decir que es un odio por persona interpuesta. Hace un año y medio se fue a la política como fiscal y ahora vuelve como fiscal general. No se lo van a poner fácil precisamente”.