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PSOE y Unidas Podemos aceptan que podrán votar diferente en todo lo que no sea la acción del Gobierno

Ambos partidos se comprometen a que los ministros no opinen sobre asuntos de otros departamentos

De izquierda a derecha, Jaume Asens, Ione Belarra, Rafael Simancas, Adriana Lastra e Irene Montero firman en el Congreso el protocolo de colaboración entre el PSOE y Unidas Podemos.
De izquierda a derecha, Jaume Asens, Ione Belarra, Rafael Simancas, Adriana Lastra e Irene Montero firman en el Congreso el protocolo de colaboración entre el PSOE y Unidas Podemos.

El PSOE y Unidas Podemos suscribieron este miércoles un documento con 20 medidas para comprometer su lealtad mutua en el primer Gobierno de coalición desde 1977. El protocolo lo firmaron sus portavoces parlamentarios y establece que ambos votarán juntos la acción de Gobierno, además de no entrometerse en las propuestas del otro hasta que lleguen al Consejo de Ministros. Pero también se conceden libertad de voto en los asuntos que no afecten a la acción del Ejecutivo.

Ambos partidos intentan evitar de partida que cale la imagen de que el próximo Gobierno de coalición funcionará como dos Ejecutivos paralelos. La propia vicepresidenta, Carmen Calvo, repitió varias veces en Los Desayunos de TVE que el Gobierno es solo uno y tiene un solo presidente, al tiempo que reconoció cierto malestar porque desde Podemos se hayan filtrado ya los nombres de su cuota de ministros, cuando Pedro Sánchez ha retrasado la comunicación formal de todo el Gabinete otra semana.

Para evitar esas disfunciones, los responsables de los dos grupos parlamentarios firmaron un protocolo de funcionamiento, con a 20 medidas que se resumen en una promesa de trabajar con lealtad, ánimo de consenso y comunicándose las propuestas con antelación para evitar sorpresas. El PSOE fue el que primero informó del pacto sellado por su portavoz, Adriana Lastra, y el secretario del grupo, Rafael Simancas, con la aún portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, propuesta para ser ministra, y su relevo estos últimos meses en la Cámara baja, Ione Belarra, que se prevé que ocupe una Secretaría de Estado. El protocolo se titula de Funcionamiento, Coordinación, Desarrollo y Seguimiento del Acuerdo de Gobierno Progresista de Coalición.

El primer capítulo se centra en las reglas básicas de funcionamiento de la coalición y deja sentado que se deberá regir “por los principios de lealtad, cooperación, corresponsabilidad y estabilidad, actuando en todo momento con diálogo, consenso, negociación y buena fe para implementar eficazmente el programa conjunto”. También precisa que el programa “se desarrollará en todo momento con pleno respeto a la Constitución española y al resto del ordenamiento jurídico”.

El último apartado de ese capítulo de compromisos apunta a uno de los recelos que tenía el propio Sánchez para gobernar con Podemos y en especial con Pablo Iglesias. Ese punto especifica que los miembros del Ejecutivo “se comprometerán a la máxima discreción en relación con las negociaciones y acuerdos que se produzcan en el seno del Gobierno y, de manera singular, en la Mesa Permanente y en la Comisión de Seguimiento Parlamentario”.

Mesa de Seguimiento

Esa mesa permanente para revisar el funcionamiento del pacto, que se constituirá en los próximos 30 días, la compondrán 10 miembros, a repartir entre dos representantes de la Presidencia del Gobierno, dos de la Vicepresidencia primera, otros dos de la Vicepresidencia segunda (la de Iglesias), uno de la Secretaría de Estado de Comunicación, otro del área de comunicación del líder de Podemos y un miembro de cada uno de los dos grupos parlamentarios. La periodicidad de sus citas no será fija y la determinarán sus componentes con flexibilidad.

Quien manda es el presidente

Uno de los puntos del protocolo cerrado entre PSOE y Podemos alude a que ambos deberán “cumplir, particularmente, con lo señalado en el artículo 98 de la Constitución”, relatico a la composición y la acción del Ejecutivo. En su punto 2, establece: “El presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión. El 3 señala que “los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. Y el 4 reamata: “La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno”.

El documento menciona varias veces conceptos como coordinar, comunicar, compartir, poner en común y se refiere así tanto a la labor parlamentaria como a la del Ejecutivo, en especial en todo lo relativo a la comunicación. En el punto 12 se constata que deberá ser compatible esa unidad de acción con la diversidad de voto, por diferencias ideológicas o programáticas, en “iniciativas que no afecten a acuerdos explícitos o los presupuestos” del programa de gobierno. Pero los ministros de cada formación se comprometen a no entrometerse y opinar sobre proyectos de otras áreas, al menos hasta que el asunto llegue a la mesa del Consejo de Ministros.

Los cuatro últimos apartados se dedican a prepararse ante posibles discrepancias. Los dos partidos acuerdan que se tratarán en la comisión de seguimiento. Y, en caso de remodelación del Gabinete, cada partido seguirá manteniendo las mismas cuotas de poder que en el origen.

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