El Gobierno estudia convertir en funcionarios de prisiones a militares al dejar el Ejército

Los ministerios del Interior y Defensa estudian una propuesta para que el personal de tropa y marinería que por ley debe abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años tenga acceso preferente a una plaza de funcionario de prisiones. La medida pretende, por un lado, aumentar la plantilla de trabajadores penitenciarios —recortada por la mínima oferta de empleo público en los años de la crisis— y, a la vez, dar una salida profesional a los cerca de 50.000 militares que tendrán que abandonar de aquí a 2036 las Fuerzas Armadas por la edad.

El proyecto ha trascendido después de que el subdirector de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, Eugenio Arribas, remitiera el pasado martes a los representantes sindicales de los funcionarios de Prisiones un correo electrónico en el que les informaba de la propuesta para ofertar plazas “de forma exclusiva a militares profesionales de tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez años de su compromiso de larga duración y para los reservistas de especial disponibilidad” de las Fuerzas Armadas. Según Arribas, esta posibilidad ya estaba contemplada en los Presupuestos Generales de 2018, que se han ido prorrogando desde entonces.

En este mensaje, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el alto cargo de Instituciones Penitenciaria calificaba la propuesta como “muy favorable” ya que esas plazas se sumarían a las de la Oferta Pública de Empleo habitual y, por tanto, permitiría ampliar la actual plantilla de 23.000 trabajadores, muchos de ellos por encima de los 50 años, como vienen reclamando desde hace años los sindicatos. En la última convocatoria, Interior ha ofertado más de 900 plazas para el cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias tras incorporar a 831 en junio. Pese a ello, los sindicatos aseguran que aún quedarían por cubrir 2.600 vacantes provocadas por la crisis. Interior lo niega.

Fuentes oficiales de Interior confirman que el plan está en estudio, pero aseguran que se encuentra en una fase muy inicial y que aún deben perfilarse sus detalles tanto con el Ministerio de Defensa como con el de Hacienda, que debe dotarlo de una partida presupuestaria. Defensa también admite que trabaja en el proyecto y añade que ya ha habido una reunión técnica con representantes de Interior “para explorar la viabilidad” de la medida, aunque reconoce que aún está lejos de concretarse. El portavoz de Defensa destaca que convenios similares se están explorando con empresas públicas como Renfe y con otras administraciones públicas.

De hecho, en junio, la ministra Margarita Robles ya firmó un convenio similar con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, alcalde de Vigo, para que los ayuntamientos reserven un 20% de plazas en las convocatorias de acceso a la Policía Local para los militares profesionales de tropa y marinería con más de cinco años de servicios. El convenio también contempla la participación de personal militar de carrera en las convocatorias públicas para la provisión de puestos de personal funcionario en los consistorios que se adhieran al mismo.

Con este convenio y los otros que tiene en estudio, incluido el de Interior para ofertar plazas de funcionarios de prisiones, Defensa pretende dar una salida laboral a una parte de los aproximadamente 50.000 militares profesionales que tendrán por ley que abandonar de aquí a 2036 las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años. Esa es la edad límite que marca la ley de la carrera militar para poder continuar como soldado de tropa y marinería si no se asciende o se logra la condición de permanente.