El escándalo de los fondos mineros también persigue a la líder del PP en Asturias

Hubo un tiempo en que cerraban las minas, pero entraba dinero a espuertas en la cuenca asturiana. Los fondos mineros sirvieron para crear empresas y financiar iniciativas que paliasen los efectos del fin de la extracción de carbón. También para que algunos se lucrasen. El caso Hulla, que investiga una trama masiva de desvío de dinero público para el lucro privado con la connivencia de las administraciones, salpica a sindicatos, empresarios y políticos del Principado. Entre ellos está Teresa Mallada, la líder del PP de Asturias. La Fiscalía Anticorrupción pide su imputación y la de todos los concejales del Ayuntamiento de Aller entre 2008 y 2013 —gobernaba el PSOE— por delitos de “prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y/o tráfico de influencias”, al haber facilitado que se construyese ilegalmente un hotel que, en teoría, iba a ser una residencia para trabajadores retirados. Por el camino quedaron 31 millones de euros de los fondos mineros.

En el escrito, adelantado por Europa Press y al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Fiscalía afirma que Mallada “estaba plenamente al tanto y conforme con la actuación municipal” que hizo posible, contra el criterio del secretario y el interventor locales, la construcción de la residencia que acabó siendo un hotel. La acusación pública considera que, desde el principio, los miembros de la corporación eran conscientes de los fines lucrativos de la obra, que se levantó en suelo no urbanizable y cuyos promotores recibieron bonificaciones fiscales. Así lo deduce de las declaraciones de los concejales, tras las que aprecia “indicios de criminalidad” en la conducta de la líder de los populares asturianos.

Anticorrupción considera que Mallada intervino “de manera expresa” en los actos administrativos que permitieron el fraude, por su voto favorable en el pleno municipal a la adquisición del terreno —valorado en más de 60.000 euros— en el que se estableció el hotel y su cesión gratuita a Montepío, la empresa que lo promovió. Durante esa época la actual portavoz del PP en la Junta General del Principado [el parlamento asturiano] formaba parte de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Obras e Infraestructuras del Concejo [ayuntamiento] de Aller.

Ahora el Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo deberá decidir si eleva el caso al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, para que este tome declaración a la dirigente popular y a los otros 17 implicados. Mallada es aforada desde las elecciones autonómicas de mayo de 2019, después de que la dirección nacional del PP la promoviese como candidata a la presidencia del Principado en detrimento de Mercedes Fernández.

Relación con el ‘caso Hulla’

El escrito de la Fiscalía es contundente respecto a la acusación de prevaricación y tráfico de influencias contra Mallada, pero pide escindir los actos administrativos que posibilitaron la construcción ilegal del hotel del posible delito de malversación en la concesión de los fondos mineros que enriquecieron a sus promotores. Y ese es el punto al que alude la dirigente de los populares asturianos para defender su inocencia. Mallada ha declinado dar explicaciones a este periódico, y se ha remitido a unas declaraciones de este martes en las que habló en todo momento de “hecho administrativo”. “El informe de la Fiscalía lo desliga clarísimamente del caso Hulla”, destacó.

Pese a la separación de las causas que pide Anticorrupción, el informe recuerda que Montepío se benefició “fraudulentamente” de 31 millones de euros de los fondos mineros para construir el hotel, ya que sus impulsores sabían previamente que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), dependiente del Estado, les iba a otorgar esa subvención. Para Manuel Benayas, del Observatorio Ciudadano Anticorrupción —personado como acusación popular—, queda por saber “quién influyó” en el IRMC para que Montepío recibiese los fondos. El entonces alcalde socialista de Aller, Gabriel Pérez Villalta, formaba parte de la Mesa Regional de la Minería de Asturias, que propuso al IRMC la concesión de la subvención.

Según Anticorrupción, los promotores también sabían que el Ayuntamiento no iba a poner ningún reparo para la actuación urbanística ilegal. Esto prueba la existencia de un “concierto previo ilícito” entre las partes, afirma la Fiscalía.

Además de a Montepío, el ministerio público apunta a que el desvío de fondos benefició al presidente de la compañía, José Antonio Postigo, y a su gran valedor, José Ángel Fernández Villa, ex secretario general de SOMA-UGT. El exlíder sindical está en el centro del escándalo de los fondos mineros, y ya ha sido condenado a tres años de prisión por robar medio millón de euros a su propio sindicato. Ahora está pendiente de otra causa por el desvío de las subvenciones públicas.

“Fueron unos años de gloria. Aquello era escandaloso”, concluye Benayas. A pesar de la lluvia de millones —más de 6.000 entre 1998 y 2012—, Asturias es la comunidad que pierde más población y en la que más ha bajado el PIB desde el inicio de la crisis en 2008.