Anticorrupción pide la imputación de la portavoz del PP de Asturias por un caso de irregularidades urbanísticas

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias investigue por un presunto delito de prevaricación a la actual portavoz del Partido Popular en el parlamento asturiano, la aforada María Teresa Mallada de Castro, por su participación en el llamado caso Hulla.

En un escrito, la Fiscalía pide que junto a ella sean investigados todos los miembros de la Junta de Gobierno y del Pleno del Ayuntamiento de Aller que entre 2008 y 2013 aprobó la compra y cesión de terrenos a Montepío para que construyese una residencia de ancianos que fue levantada con una subvención pública de 31 millones de euros y acabó gestionada por una empresa y explotada también como hotel.

Anticorrupción quiere que se investigue en este grupo también al presidente de Montepío, José Antonio Postigo, quien se habría concertado con otras personas para el desarrollo fraudulento del proyecto de la residencia, pues ya desde finales de 2007 tendría "la plena seguridad" de que se iba a financiar con cargo a los fondos mineros, que se haría en terrenos que aún no eran ni suyos ni urbanizables, que no se destinaría a fines benéficos y que el Ayuntamiento de Aller "no pondría obstáculo alguno".

De hecho, antes de que se propusiera (2008) y aprobase (2009) la subvención de 31 millones de euros que concedió el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras al geriátrico, en la corporación en la que estaba Mallada de Castro ya se había adquirido y cedido gratuitamente la finca principal al Montepío, se habían iniciado los trámites para recalificar el terreno, se había concedido la licencia de construcción "de manera verbal y arbitraria" y se habían iniciado las obras.

Todo, cuando "no fue incoado expediente administrativo alguno para la compra ni para la cesión gratuita de la finca, ni se incorporaron los documentos e informes preceptivos" y "se obviaron inmotivadamente los desfavorables" elaborados por "los funcionarios más cualificados de la corporación", levantando sus salvedades "por unanimidad y amparándose en un supuesto informe externo que lo avalaba" y que la Fiscalía define como "imaginario", ya que "ningún concejal lo vio ni supo explicar autoría, ni si era de naturaleza económica, jurídica, u otra".

Lo habrían acordado además, sabiendo "desde principios de 2008 de los planes para su explotación futura como hotel abierto al público con ánimo de lucro" aunque la subvención que recibiría Montepío era para otros fines. Fue la misma corporación la que permitió que estando la licencia de obra a nombre de esta entidad de interés público, la de explotación se otorgase a la mercantil que habría creado "ad hoc" el propio Montepío.