La Fiscalía pide siete años de cárcel para un exlíder de UGT en Andalucía

La Fiscalía Anticorrupción solicita siete años de cárcel y una multa de 50 millones de euros para el ex secretario general de UGT en Andalucía Francisco Fernández Sevilla por el caso de las facturas falsas, cuya instrucción finalizó hace tres semanas. El ministerio público reclama asimismo siete años de prisión e igual multa por fraude de subvenciones y falsedad continuadas para otros tres exdirigentes del sindicato: el ex secretario general de Administración Federico Fresneda, la secretaria de gestión económica María Charpín y el consejero delegado de la empresa Soralpe —propiedad de UGT— Enrique Goicoechea. Además, solicita cinco años de cárcel para la exresponsable del departamento de compras Dolores Sánchez y en paralelo tres años de prisión y 3.650 euros de multa para 10 empresarios proveedores del sindicato.

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El juez concluyó al cerrar la investigación que el sindicato defraudó supuestamente 40 millones de 14 expedientes de ayudas de la Junta andaluza para dar más de 2.000 cursos de formación, dinero desviado finalmente a gastos corrientes del sindicato entre 2009 y 2013. Tras archivar las actuaciones contra nueve personas, otras 15 (cinco exdirigentes y 10 empresarios proveedores) fueron procesadas. El histórico exdirigente de UGT en Andalucía Manuel Pastrana, al frente del sindicato 15 años, resultó exculpado por una grave enfermedad.

En su escrito, la Fiscalía pide que la excúpula andaluza de UGT indemnice a la Junta con 40,75 millones, la cantidad supuestamente defraudada según el escrito de acusación presentado ante el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla. Y en caso de que los cinco exdirigentes se declaren insolventes, Anticorrupción reclama que UGT abone los 40 millones como responsable civil subsidiario, lo que supondría un gravísimo agujero en las cuentas de la organización. En el ámbito administrativo, la Junta de Andalucía (PP y Ciudadanos) exige al sindicato que devuelva 18 millones por las ayudas en formación que el sindicato recibió en 2007.

Los empresarios proveedores afrontan como cooperadores necesarios distintas cantidades por responsabilidad civil, pero destacan José Luis Casa y Miguel Ángel González con un millón cada uno, y Mónica y Diana Corredero con 856.673 euros.

El desvío de dinero se hacía supuestamente mediante tres métodos. El rappel, por el que el sindicato se beneficiaba de los descuentos que los proveedores hacían en las facturas, deducciones que no declaraban a la Administración. El segundo era el bote, que permitía a UGT financiarse con cargo a un saldo acreedor generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas. Y el tercer método consistía en ceder locales del sindicato a una sociedad mercantil de UGT, Soralpe, que alquilaba las aulas empleadas para la formación sin generar un gasto.

En el corazón del supuesto entramado la acusación de la Fiscalía sitúa a Fresneda, vínculo con los proveedores para hacer funcionar "la mecánica" para defraudar, en la que colaboró Fernández Sevilla como vicesecretario de Organización, número dos del sindicato aquellos años. "Fresneda seleccionaba los proveedores sin más criterio que su libre voluntad y negociaba descuentos que no se materializaban (...) conforme se adquirían los bienes y se prestaban los servicios, sino al final de cada ejercicio fiscal", censura el escrito del fiscal.

Anticorrupción hace responsable a Charpín de la elaboración de las "facturas simuladas" que no correspondían con ninguna realidad o negocio, para financiar actividades al margen de los cursos de formación que subvencionaba la Junta. Para este desvío UGT utilizó una aplicación denominada Spyro, al cargo de la cual estaba la secretaria de gestión económica. "Charpín incluso difundió un manual de usuario entre los empleados, en los que se daban instrucciones de como manejar y contabilizar las facturas de bote y rappel y tal fue su osadía, que llegó a poner ejemplos en el manual con un proveedor real de los que facturaban falsamente", denuncia el fiscal Fernando Soto.

En su auto de procesamiento, el juez Juan Jesús García Vélez explicaba el supuesto fraude: “Existieron procedimientos concertados entre los responsables de UGT y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias”. El desvío de fondos obtenidos por subvenciones de la Junta perseguía otros fines distintos de “la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía”, según el magistrado.