La Guardia Civil registra las oficinas de la fundación de formación de UGT

Las investigaciones por las facturas falsas relacionadas con los cursos de formación se extienden a Baleares y Asturias, según fuentes judiciales

La Guardia Civil ha registrado las oficinas en Madrid y Sevilla de la fundación para la formación de UGT, denominada IFES, dentro del caso de las facturas falsas en el que la antigua cúpula andaluza del sindicato está imputada. Los investigadores acusan a UGT Andalucía de “financiación ilegal” por 1,9 millones a través de facturas falsas e infladas. Las pesquisas se ampliarán en breve a las federaciones de UGT en Asturias y Baleares.

El caso de las facturas falsas causó hace dos años un terremoto en UGT Andalucía, cuyos anteriores dirigentes están imputados por un delito continuado de fraude con subvenciones. Desde que explotó el escándalo, el sindicato afronta una grave crisis porque a la acusación de financiación ilegal en el juzgado se le suma la losa de 15,3 millones que le exige la Junta de Andalucía por ayudas sin justificar.

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Ahora las investigaciones por facturas falsas relacionadas con cursos de formación se están extendiendo a las federaciones de UGT en Asturias y Baleares, aunque, de momento, no se están realizando actuaciones en estas comunidades, según fuentes jurídicas. Los investigadores, dirigidos por el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García, han requisado documentación en papel y soportes informáticos para profundizar en los vínculos del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) con la central andaluza y su financiación. No se registraron detenciones en la operación. El IFES ha impartido 110.000 cursos a 1,6 millones de alumnos desde su creación.

Los agentes han buscado copias de las facturas falsas de los cursos andaluces y datos para concretar una ingeniería financiera que bordeaba la legalidad, según sospechan los agentes: el sindicato cedía sus instalaciones para celebrar cursos de formación a la firma Soralpe —participada al 100% por UGT—, que facturaba a IFES.

Hace un año fueron detenidas 16 personas en la Operación Cirene y, tras declarar ante el juez, todos quedaron en libertad imputados por falsedad y fraude de subvenciones. Entre los implicados figuraba Federico Fresneda, extesorero de UGT de Andalucía. Fresneda achacó a la anterior cúpula del sindicato que conocía el fraude sistemático con subvenciones de la Junta que permitió su principal vía de financiación. Manuel Pastrana estuvo al frente del sindicato 15 años, hasta 2013, cuando cedió el testigo a su sucesor, Francisco Fernández Sevilla, que dimitió a finales de 2014 acuciado por las evidencias del fraude.

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Al margen de las facturas, la investigación sostiene que el dinero de las ayudas públicas del Gobierno andaluz se destinaba solo en parte a los cursos de formación, y el exceso se utilizaba para financiar la organización y congresos, comidas y jornadas. El dinero se utilizó desde el sindicato “de manera sistemática año tras año” en un modelo “perfeccionado en el tiempo”, hasta suponer su mayor fuente de financiación, según los investigadores.

Mientras, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha defendido que tiene una “tranquilidad absoluta” sobre este tema, ya que la documentación del IFES es “transparente” y cumple “estrictamente todos los requisitos de legalidad” y de ejecución de los cursos de formación, informa Efe.

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