UGT Andalucía defiende la actuación de su excúpula procesada por un supuesto fraude de 40 millones

La UGT en Andalucía ha defendido este martes la gestión de su anterior cúpula, cuatro de cuyos miembros fueron procesados la semana pasada, junto con 10 empresarios, por supuestamente defraudar subvenciones de la Junta para cursos de formación por 40 millones de euros. Germán Fernández, coordinador de los servicios jurídicos del sindicato en Andalucía, ha expresado su convicción de que sus predecesores actuaron “conforme a la ley”. Unas palabras que contrastan con las de su secretario general, Pepe Álvarez, que la semana pasada buscó desvincular al sindicato de las acusaciones apelando a que quien iba al banquillo de los acusados “no es UGT de Andalucía, sino exdirigentes”.

“Tenemos el convencimiento de que las actuaciones de la anterior ejecutiva se realizaron conforme a la ley”, ha asegurado Fernández, quien ha señalado que los cuatro antiguos cargos procesados —el ex secretario general de UGT en Andalucía Francisco Fernández, el ex secretario general de Administración, la ex secretaria de Gestión Económica y la exresponsable del Departamento de Compras— siguen afiliados al sindicato.

Fernández ha matizado después que “si la justicia dictamina lo contrario”, se pondrán en marcha los mecanismos establecidos en sus Estatutos. Fernández no considera que sus palabras desvirtúen la estrategia del líder nacional del sindicato. “La posición es la misma, ni minimizamos la trascendencia del auto, ni consideramos que sea una cuestión de mero trámite”, ha afirmado.

El auto, dictado el 3 de diciembre por el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Sevilla, establece “la existencia entre 2009 y 2013 de procedimientos concertados entre los responsables de la entidad UGT Andalucía y determinados proveedores, a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias”. Las técnicas utilizadas para la consecución de esos “fines fraudulentos”, fueron, según el escrito de procesamiento, el rappel, por el que el sindicato se beneficiaba de descuentos de los proveedores, que no declaraba a la Administración, el bote, un sistema de financiación generado a través de pago a proveedores a través de facturas simuladas, y la cesión en usufructo de locales propiedad del sindicato a una sociedad mercantil de UGT, “que no generaban ningún gasto”, de acuerdo con el juez.

El sindicato ha defendido que todos los cursos investigados que recibieron subvención se impartieron y ha manifestado su discrepancia con la decisión judicial alegando que existen “disparidad de criterios entre el informe pericial y el auto”. Fernández, que no ha objetado los mecanismos de rappel o bote detallados por el instructor, ha advertido de que el perito no “cuantificó el bote” y que, en el caso del mecanismo del rappel, “realizó un cálculo teórico”.

Con esta estrategia el sindicato busca desvirtuar el cálculo al que llega el juez de 40 millones que pudieron haberse desviado por parte de la organización sindical, reduciéndolas a 1,4, en cuanto al rappel, y 1,6 millones, para el alquiler. Fernández sí ha defendido la legalidad de la cesión en usufructo de los locales del sindicato por entender que “el alquiler de aulas implica gestión, mantenimiento e inversión”. UGT-A también considera que el objeto que se está juzgando: “un gasto subvencionable o elegible”, no debería ser objeto de un proceso penal sino de uno administrativo”.

Más allá de la defensa jurídica de un caso en el que el sindicato no está personado ni como parte implicada ni como acusación particular, UGT Andalucía ha sido muy crítico con la labor fiscalizadora que está haciendo la Junta de Andalucía sobre la organización. “No conocemos que el resto de firmantes de acuerdos tengan la misma supervisión ni que sus conclusiones tengan la misma repercusión”, ha asegurado Fernández, quien ha recalcado que todos los expedientes relativos a formación desde enero de 2007 hasta 2011 han sido objeto de procedimientos de revisión por parte de la Administración. El coordinador de los servicios jurídicos también ha confirmado que desde 2011 la entidad no ha desarrollado más cursos de formación subvencionados por el Gobierno regional.