La Junta andaluza ha pagado 1.243 millones por el fondo de los ERE
Las prejubilaciones de 6.328 trabajadores finalizarán en 2025 con un coste final de 1.306 millones
La Junta de Andalucía ha abonado 1.243 millones de euros por el fondo de los ERE desde que se puso en marcha en el año 2000. La partida, destinada a pagar las prejubilaciones de 6.328 trabajadores de empresas en crisis, concluirá en 2025 con un coste final de 1.306 millones, ya que aún resta por abonar 63 millones durante el próximo lustro hasta que se jubilen los últimos trabajadores, según el Ejecutivo autonómico.
La reciente sentencia de la pieza política del caso ERE considera fraudulentos los primeros 680 millones gastados entre 2000 y 2009 y el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla analiza ahora en las piezas separadas de la macrocausa la legalidad de los pagos entre 2010 y 2012. Ese año la Junta cambió el mecanismo de pago mediante un Decreto Ley que regularizó los abonos, convalidados por el Parlamento andaluz, para así dejar atrás las transferencias de financiación, censuradas como instrumento de la malversación continuada por la Audiencia de Sevilla en su sentencia.
El caos contable de los primeros años, bajo la gestión del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, desapareció en 2012, pero hasta esta semana la Junta (PP y Ciudadanos) no ha dado cifras concretas del coste global del fondo. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, detalló el pasado martes que hasta 2025 la Junta pagará aún 63 millones a las aseguradoras —que adelantaron el dinero para las prejubilaciones— y la liquidación de la Cuenta General del Gobierno andaluz desgrana el coste del fondo entre 2010 y 2019, lo que permite calcular su importe total.
La cifra final de 1.306 millones es ligeramente superior a la de 1.217 millones que pronosticó la Cámara de Cuentas andaluza en 2012, cuando fiscalizó las ayudas e hizo una previsión para el futuro, incluidas la refinanciación de la deuda con las aseguradoras y los intereses de demora acumulados.
La cantidad gastada por la Junta —una media de 206.000 euros por trabajador, que incluye el pellizco de las aseguradoras—, es la mitad de la invertida para financiar los ERE que gastó el Ministerio de Trabajo junto al resto de Gobiernos regionales, 2.400 millones en las dos décadas entre 1995 y 2014, según la documentación aportada al juzgado de los ERE y los datos de la página web del ministerio. El Gobierno central financió parte de las miles de prejubilaciones de empresas como Sintel (exfilial de Telefónica) o Azucareras, al igual que hicieron hasta hace una década la mayoría de Ejecutivos autonómicos, para así paliar los efectos de las crisis industriales.
El objetivo era minimizar el impacto de miles de trabajadores despedidos por la quiebra de grandes empresas, una práctica del pasado pero que los Gobiernos siguen pagando hoy día. Los empleados despedidos de entre 50 y 65 años percibían un salario mensual -pagado por Gobierno y empresas a través de una aseguradora- hasta su jubilación, cuando la Seguridad Social asumía sus pagos. “Hubo años terroríficos, esto era un reguero de ERE y los Gobiernos accedían a complementar a las empresas”, recuerda un veterano sindicalista que pide el anonimato.
La diferencia fundamental entre la Junta andaluza y el resto de Administraciones radicó en que la primera pagó el 100% de las pólizas y en el mecanismo para pagar estas prejubilaciones, que según la Audiencia de Sevilla se diseñó para evitar los controles de la Intervención General, situación que devino en las sobrecomisiones a intermediarios y la inclusión de intrusos -trabajadores ajenos a las empresas beneficiadas-.
En Andalucía, tres ERE copan casi la tercera parte de los 1.243 millones ya abonados en el fondo: la empresa de componentes de automoción Delphi en Cádiz (250 millones), la fábrica de coches Santana en Jaén, propiedad de la Junta (82 millones) y las minas de Huelva englobadas bajo la denominación Faja Pirítica (140 millones). En los tres expedientes la Junta gastó 474 millones, según la Cámara de Cuentas andaluza.
Para corregir los errores de gestión y carencia de documentación de Guerrero, que incluyeron pagos cruzados entre diferentes aseguradoras, la Junta modificó en 2010 los pagos de los ERE mediante una encomienda de gestión. Sin embargo, la investigación de las piezas separadas censura estos abonos y considera que el mecanismo solo se regularizó con el Decreto Ley 4/2012. Dicha norma incluyó la renegociación de cada póliza para evitar excesos por parte de las aseguradoras. “¿Qué necesidad tiene una Administración de que una aseguradora adelante los pagos? ¿No representa suficiente garantía la propia Administración? ¿O es que va a quebrar? ¿Y de ceder a una consultora los cálculos actuariales [para averiguar las cantidades correspondientes a cada trabajador]?”, interrogan fuentes del caso. La consejera andaluza de Empleo, Rocío Blanco, ha rechazado opinar para este reportaje.
La clave penal está en discernir si las ayudas fueron para las empresas —algunas en quiebra, pero otras con necesidad de adelgazar plantilla—, tal y como considera la Audiencia de Sevilla, o para los trabajadores, como estiman las defensas del caso ERE. En 2012 la partida cambió su denominación en los presupuestos para asegurarse de que se beneficiaba a los extrabajadores. El dictamen definitivo sobre si los periodos 2000-2009 y 2010-2012 fueron malversados llegará con el Supremo en los próximos años.
El cambio legal que supuso un punto de inflexión
El Decreto Ley de 2012 supuso un punto de inflexión para el fondo de los ERE porque eliminó las consultoras a las que hasta entonces la Junta había pagado por su labor de intermediación, como Vitalia y Uniter. La Guardia Civil acusó a ambas firmas de percibir sobrecomisionespor encima de los porcentajes habituales en el mercado.
Además, dicha norma incluyó la renegociación de cada póliza con las aseguradoras —con Generali a la cabeza— para evitar excesos y refinanciar las pólizas.
“¿Qué necesidad tiene una Administración de que una aseguradora adelante los pagos? ¿No representa suficiente garantía la propia Administración? ¿O es que va a quebrar? ¿Y por qué debe la Junta ceder a una consultora los cálculos actuariales [realizados por técnicos especializados para averiguar las cantidades que debe percibir cada trabajador]?”, interrogan fuentes del caso.
La clave penal está en discernir si las ayudas fueron para las empresas —algunas en quiebra, pero otras con necesidad de adelgazar plantilla—, tal y como considera la Audiencia de Sevilla, o para los trabajadores, como estiman las defensas del caso ERE. El dictamen definitivo sobre si los periodos 2000-2009 y 2010-2012 fueron malversados se dictará en el Tribunal Supremo. Eso sí, será en dos tiempos, ya que la pieza política abarca el primer periodo, pero el segundo se analiza en piezas separadas.
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