El Gobierno aprueba que toda la plantilla de Sintel pase a la situación legal de desempleo

Al tratarse de una empresa en quiebra, la resolución administrativa se centra en la declaración de desempleo a efectos de prestaciones, dado que la valoración de la situación económica de la empresa se lleva a cabo en el procedimiento judicial de quiebra, ha precisado el Departamento de Trabajo.

Esta resolución, ha indicado el Ministerio, se inscribe en el conjunto de medidas que forman la oferta del Gobierno a los sindicatos de Sintel, destinada a proporcionar fórmulas de recolocación, medidas de protección social y medidas para el abono de los salarios adeudados a los trabajadores, tanto a los afectados por este expediente como a los 796 incluidos en el anterior a la quiebra.

Térmimo del plazo gubernativo

Hoy termina el plazo otorgado por el Gobierno el pasado 19 de junio para que los sindicatos CC OO y UGT se pronuncien sobre su plan para solucionar el conflicto de Sintel.

La propuesta del Ejecutivo, que tiene un coste de 29.000 millones de pesetas (casi 175 millones de euros), prevé la recolocación de entre 800 y 1.000 trabajadores (de una plantilla de 1.808) en empresas del sector de las telecomunicaciones, e incluye un programa de prejubilaciones para 550 empleados.

El plan, acordado por los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Trabajo y Asuntos Sociales, cuenta con el apoyo de Telefónica, de la que Sintel era filial hasta su venta al empresario Mas Canosa en 1996. La empresa entró en suspensión de pagos en junio de 2000, y se declaró en quiebra el pasado mes de mayo.

Días después de conocer la oferta, ambos sindicatos la valoraron positivamente, pero considerándola sólo un punto de partida para llegar a "un acuerdo definitivo". Las centrales sindicales han exigido al Gobierno que precise algunos puntos del plan; así, piden que se cuantifiquen las ofertas de empleo, que todas las recolocaciones se hagan con contratos indefinidos, que la distribución geográfica de los trabajadores sea "similar" a la que tenían en Sintel, y que el número de prejubilaciones sea el menor posible.

El Gobierno y los sindicatos han continuado las negociaciones para poder llegar a un acuerdo esta semana, de forma que los trabajadores de la empresa puedan levantar por fin el campamento de la esperanza que montaron hace seis meses en el madrileño paseo de la Castellana.

11 nóminas pendientes

Uno de los aspectos que más preocupan a los sindicatos es el cobro de las 11 nóminas que se adeudan a los empleados. Las centrales estarían dispuestas a levantar el campamento si cuentan con la garantía de que cobrarán sus salarios. El Ministerio de Trabajo tiene que decidir esta semana sobre una cuestión muy vinculada a esta exigencia: el expediente de regulación de empleo que presentó la empresa sobre 1.100 trabajadores de Sintel. El resto de la plantilla ya fue incluido en otro expediente.

Fuentes sindicales de la negociación han asegurado estar dispuestas a aceptar el expediente si se crea una especie de sociedad civil que aglutine a los afectados y que gestione tanto las prejubilaciones como las recolocaciones.

El sindicato pone como ejemplo la sociedad que se creó en Galerías Preciados cuando los almacenes fueron absorbidos por El Corte Inglés en 1995. Por aquel entonces, una asociación de empleados repartió las indemnizaciones de los trabajadores que no fueron recolocados por El Corte Inglés.