Los juzgados tienen inmovilizados más de 4.000 millones de euros
Las cuentas donde se guarda el dinero de las fianzas, embargos o costas reportan al Estado unos 18 millones en intereses cada trimestre
Los juzgados españoles tienen inmovilizados más de 4.000 millones de euros. Se trata del dinero abonado por fianzas, costas y otros depósitos que se ingresan en cuentas del Ministerio de Justicia derivados, por ejemplo, de un embargo o para garantizar el pago al afectado de un procedimiento. La mayor parte de ese dinero se mantiene retenido y fuera del circuito económico, a veces durante años, a la espera de una resolución judicial. Aunque al Estado sí le reporta beneficios en forma de intereses: unos 18 millones al trimestre.
Cada vez que un ciudadano tiene que pagar una multa impuesta por un juez, una fianza para eludir la cárcel o la indemnización fijada en una sentencia, debe abonar el dinero en la cuenta del juzgado correspondiente. Son las llamadas cuentas de depósitos y consignaciones, cuyo saldo al terminar el tercer trimestre del año (el último disponible) ascendía a 4.410. 747.503, 52 euros, según los datos facilitados por Justicia. Los fondos están inmovilizados hasta que haya una resolución firme que determine si las cantidades deben devolverse a su propietario original o se utilizan para el pago de indemnizaciones, multas o costas procesales.
Entre abril y junio se consignaron en los juzgados españoles 1.571 millones de euros, pero se devolvieron depósitos por valor de 2.029. El saldo total de las cuentas al terminar el primer semestre del año ascendía a 4.452.607.523,01. En los tres meses siguientes las salidas de depósitos fueron algo superiores a las entradas y el balance bajó en 41,86 millones de euros. Las cifras fluctúan, pero el saldo medio diario de estas cuentas es desde hace años superior a los 3.000 millones de euros y en algunos momentos ha superado los 5.000, según la cifra recogida en los balances del Consejo General del Poder Judicial.
El actual presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, ha lamentado en alguna ocasión que esta cantidad es en parte consecuencia de la lentitud de la justicia debido a la falta de medios, que obliga a que grandes cantidades de dinero permanezcan bloqueadas durante años. Con un sistema judicial más ágil, este dinero podría volver al circuito económico.
Intereses para el Estado
En estas cuentas del Ministerio de Justicia se ingresan las cantidades correspondientes a multas, embargos, fianzas de libertad, ingresos por subastas, cantidades por costas y otros pagos en favor del Estado (abandono de cantidades, herencias sin testamento). También el dinero incautado en operaciones policiales, incluidas las del narcotráfico. Además, se depositan aquí las fianzas civiles que los jueces imponen a los investigados para garantizar el pago de los daños causados, como ocurre, por ejemplo, con los implicados en casos de corrupción.
Cada órgano judicial tiene una cuenta asignada. Todas están gestionadas actualmente por el Banco Santander, que en enero de este año renovó el contrato que se adjudica por concurso público. En esa convocatoria son fundamentales los intereses que el Estado pueda conseguir por el dinero allí depositado, unos intereses que van a parar al Tesoro Público. En los nueve primeros meses de 2019, se generaron más de 54 millones de euros (17,7 en el primer trimestre, 18,1 en el segundo y 18,2 en el tercero). De ellos, 24.930 euros provienen de la cuenta donde se ingresan los decomisos por tráfico de drogas; 6.309 euros, de la cuenta de recursos desestimados; y 362.740 euros, de las cuentas de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (Orga), el órgano estatal que ayuda a los juzgados a recuperar y gestionar los bienes embargados o incautados en delitos.
Los órganos de la jurisdicción civil son los que tienen más dinero consignado, 1.693 millones al terminar el tercer trimestre. Esto se debe, en parte, a los depósitos de los procesos mercantiles, que en muchos casos son millonarios y que, debido a la demora de los litigios, puede llegar a provocar la quiebra de una empresa que tenga bloqueadas cantidades con las que podría subsistir.
Los juzgados de la provincia de Madrid, con un saldo de 1.191 millones a finales del primer semestre, son los que más dinero aportan a estas cuentas, seguidos de los de Barcelona (429,602) y los de Alicante (203,213). Los que menos son los de Segovia (4 millones), Ávila (4,26) y Teruel (4,3).
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