El preacuerdo de Gobierno plantea el diálogo en Cataluña “siempre dentro de la Constitución”

El preacuerdo de “Gobierno progresista” de coalición firmado este martes por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias —un texto de principios generales pendiente de desarrollar— parece concebido pensando, más allá de la opinión pública, en dos destinatarios principales: Cataluña y las instituciones europeas. Bajo la letra del decálogo de PSOE y Unidas Podemos, con alusiones al ecologismo, el feminismo, los derechos sociales y asuntos como la eutanasia, suena una música de estabilidad, tanto política como económica.

Para Cataluña, los socios del que podría ser el primer Ejecutivo de coalición desde la reinstauración de la democracia prometen diálogo y profundización autonómica, eso sí, con un inciso fundamental: “Siempre dentro de la Constitución”. Para los socios comunitarios prometen “equilibrio presupuestario” y “responsabilidad fiscal”. Esta melodía suave para lo que se espera de un Ejecutivo netamente de izquierdas, y el horizonte de relativa certeza que se abre tras un ciclo de cuatro elecciones generales en cuatro años fueron acogidos por la Bolsa con una bajada moderada del Ibex 35: -0.87%.

El punto número 9 del decálogo se refiere al mayor problema político y territorial de los últimos años: el desafío independentista en Cataluña. Ambos partidos se fijan como prioridad “garantizar la convivencia en Cataluña” y “la normalización de la vida política”, tras la práctica separación de los partidos secesionistas y los defensores de la Constitución y en medio de las protestas contra la sentencia del procés. El texto busca contentar a los dos bloques. Hace referencia a los problemas de convivencia, algo que preocupa al constitucionalismo pero cuya mera evocación irrita a los secesionistas, especialmente a Junts per Catalunya. Sin embargo, a los independentistas les concede un guiño al decir que “se fomentará el diálogo” —el último mantra del president Quim Torra es Spain, sit and talk [España, siéntate y habla]— y no reducir el problema político a un asunto de orden público. Eso sí, estas fórmulas de “entendimiento y encuentro” tendrán un límite: todo se hará “siempre dentro de la Constitución”.

El mismo punto 9 supone una defensa e incluso una potenciación del Estado autonómico en un momento en que la extrema derecha de Vox, la tercera fuerza tras el 10-N y que subió de 24 a 52 escaños, defiende recortar o abolir las autonomías, consagradas tanto por el artículo 2 de la Constitución como por su Título VIII. “También se fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia”, señala el programa. En este caso también se coloca una frase tranquilizadora, especialmente dirigida a los presidentes autonómicos socialistas más recelosos de concesiones al nacionalismo, como el aragonés Javier Lambán, el castellano-manchego Emiliano García-Page o la líder andaluza, Susana Díaz: “Garantizaremos la igualdad entre todos los españoles”, reza el texto.

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Han hecho falta quince legislaturas para que en España se plantee un Gobierno de coalición. El documento, en su introducción, trata de diluir los recelos sobre la posibilidad de que acaben coexistiendo dos Gobiernos paralelos en un mismo Consejo de Ministros. Esta desconfianza fue uno de los factores de la investidura fallida del pasado julio. El nuevo Ejecutivo se regirá por los principios de “cohesión, lealtad y solidaridad gubernamental”, así como por el de “idoneidad en el desempeño de las funciones”. No se menciona el reparto de ministerios o de centros de poder.

Equilibrio presupuestario y fiscal

El Gobierno de Sánchez e Iglesias, si finalmente prospera, mantendrá unos principios económicos de “equilibrio presupuestario”, supuestamente bajo la vicepresidencia económica de Nadia Calviño —así lo anunció Sánchez el 4 de noviembre—. “La evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero”, dice el acuerdo. Promete “eliminar privilegios fiscales”, y añade: “El Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa”.

Unidas Podemos ha incorporado al documento dos de sus grandes ejes de campaña. El primero es concebir “la vivienda como derecho y no como mera mercancía”, aunque no habla de políticas para limitar el precio del alquiler. El segundo, “controlar la extensión de las casas de apuestas”, instaladas en su mayoría en barrios de clase trabajadora y que están haciendo aumentar los casos de ludopatía, especialmente entre jóvenes.

El nuevo Gobierno tendrá la lucha contra el cambio climático como una de sus prioridades, y plantea “aprobar nuevos derechos” que “profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas” como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad. Tras la exhumación del dictador Francisco Franco, el 24 de octubre, que Pablo Iglesias tachó de “funeral de Estado”, PSOE y Unidas Podemos, plantean asegurar España como país de memoria y dignidad.

El preacuerdo dedica un punto entero, el 7, a las “políticas feministas”. El nuevo Gobierno trabajará para “garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles”. También se dedicará al “fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual” y elaborará una Ley de igualdad laboral.