Sánchez rechaza dialogar con Torra mientras ignore a los no independentistas

Pedro Sánchez no dialogará con Quim Torra mientras siga comportándose como el president de una parte de la sociedad catalana. “Para hablar primero hay que escuchar. A ver si escucha a la mitad de los catalanes que no quieren la independencia y a los que da la espalda”, fue tajante este miércoles el presidente del Gobierno en funciones. Por segunda vez en 24 horas, Torra, al que José Luis Ábalos tachó de “iluminado”, pidió al Parlament abrir una investigación sobre “todos los hechos” relacionados con los disturbios tras la sentencia del procés. Junts per Catalunya y ERC han postergado la comisión hasta después del 10-N por la división que les genera el papel de los Mossos.

El recelo que Torra provoca en el Gobierno no deja de crecer. Le consideran más un activista que el principal representante del Estado en Cataluña. El Ejecutivo de Sánchez tiene muy presente la falta de reacción del president de la Generalitat ante los incidentes violentos, con epicentro en Barcelona, que se multiplicaron durante la semana pasada en Cataluña tras la sentencia del Supremo. La resistencia de Torra a condenar sin contemplaciones la violencia y a comportarse como el presidente de los 7,5 millones de catalanes llevó a Sánchez a endurecer aún más su posición. La apertura de una comisión de investigación sobre la actuación de los Mossos en el Parlamento catalán, que volvió a reclamar Torra, encrespó aún más el malestar del Gobierno. Y endureció la respuesta de Sánchez. “Torra no condena la violencia y dice que lo que ha habido es un enfrentamiento entre los violentos y los Mossos. Se equivoca, lo que ha habido es un ataque de los violentos a la sociedad catalana y los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil han defendido a la sociedad catalana de esos ataques”, aseveró el presidente en funciones en un mitin del PSOE en Zamora. Antes, en un acto en Segovia, el presidente advirtió de que “quien cruce la frontera de la ley” en Cataluña se encontrará “con la respuesta serena y firme del Estado de derecho”.

Ábalos, uno de los hombres fuertes del Gobierno, tachó a su vez a Torra de “iluminado” que solo piensa “en su misión” y en “cómo va a pasar a la historia”. “No está pensando en el bien de la sociedad catalana. Antepone su convicción profunda al interés general”, afirmó el ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE. Transcurridos 10 días del fallo del procés, la conclusión en La Moncloa y en Ferraz es que “no hay hoja de ruta, liderazgo ni con quien interlocutar” en el independentismo.

Torra también, por segunda ocasión, comprobó este miércoles cómo sus socios parecen ignorar sus propuestas. Ya pasó la semana pasada, cuando anunció su voluntad de celebrar un nuevo referéndum antes de que acabe la legislatura. La crisis generada por los altercados planeó sobre la sesión de control en el Parlament y evidenció la división de criterios en el seno de los socios del Govern donde conviven distintas sensibilidades. El president insistió en su idea de la comisión de investigación que ya había lanzado el martes tras la reunión de su Ejecutivo.

“Creemos una comisión para que la Cámara pueda discutir con transparencia todos los hechos, todas las imágenes que se han visto”, explicó Torra. El presidente catalán respondía así a los anticapitalistas, que le pidieron el cese del consejero de Interior, Miquel Buch. La propuesta, e insistencia, de Torra no ha tenido una respuesta automática en sus socios.

Fuentes de Junts per Catalunya y ERC aseguran que su plan es llevar la creación de la comisión al próximo pleno del Parlament. La sesión prevista, pero aún sin convocar, es el 13 de noviembre, tres días después del 10-N. Para ese pleno han pospuesto la aprobación de la controvertida declaración que vuelve a “reivindicar el derecho a la autodeterminación” y el rechazo a la sentencia del procés. Esas mismas voces descartaron poner en marcha la comisión este jueves, en el segundo día de sesiones del pleno. Según el reglamento del Parlament, los dos grupos parlamentarios podrían forzar in extremis la creación de la comisión con un trámite de urgencia.