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ETA retrasó su disolución siete años para intentar sacarle rédito político

Un informe del Gobierno vasco se muestra crítico con los mediadores internacionales

Mariano Rajoy e Íñigo Urkullu, durante una reunión en La Moncloa en 2013.
Mariano Rajoy e Íñigo Urkullu, durante una reunión en La Moncloa en 2013.

Las razones de que transcurrieran siete años entre el cese definitivo del terrorismo de ETA y su disolución es una de las cuestiones insuficientemente aclaradas del final de la banda. Un reciente informe del Gobierno vasco, que explica esta etapa que va de octubre de 2011 a mayo de 2018, establece como causa dominante del retraso el intento de ETA de utilizar políticamente su final, además de sus divisiones internas y la “ausencia de un liderazgo sólido y valiente”.

El Gobierno vasco se muestra crítico con los mediadores internacionales, cuya figura más destacada fue Jonathan Powell, asesor de Tony Blair, por su “ambivalencia”.

Todo empezó, según revela el informe, el 24 de junio de 2013 en un encuentro entre el lehendakari Íñigo Urkullu, dirigentes de la izquierda abertzale y representantes de organismos de mediación internacional. Tras constatar que el Gobierno de Mariano Rajoy había descartado negociar con ETA su desarme y disolución —Noruega acababa de expulsar a los negociadores etarras por presiones del Ejecutivo del PP—, acordaron convencer a la banda para que diera estos pasos de modo unilateral, además de asumir la política penitenciaria y avanzar en una autocrítica sobre su historial terrorista. Los presentes coincidieron también en la conveniencia de hacerlo cuanto antes. “Tanto los mediadores internacionales como los dirigentes de la izquierda abertzaleauguraban en el verano de 2013 que esos pasos se darían en meses”, señala el informe.

Sin embargo, los hechos no se ajustaron a las previsiones. “La prueba de que ETA no estaba madura y que el proceso se iba a alargar fue el minidesarme de ETA del 21 de febrero de 2014. Un gesto anunciado al Gobierno vasco como la inminencia de un gran paso y que tuvo un resultado exiguo”, añade el documento. La entrega de un fusil, dos pistolas, un revólver y un poco de material explosivo supuso una decepción general y un bochorno para el lehendakari.

Tras el fiasco del desarme, el Gobierno vasco cambió de estrategia. El informe desvela como a las pocas semanas, el mediador Jonathan Powell pidió al Gobierno vasco apoyo para organizar entre junio y julio de 2014 una segunda conferencia de paz —la primera se celebró tres días antes del cese definitivo del terrorismo en octubre de 2011—. Pero Urkullu replicó que “no apoyaría ningún evento que no contase con garantías de que ETA daría pasos definitivos en desarme, disolución, cambio en política penitenciaria y autocritica del pasado”.

“Pretextos” de la banda

El Gobierno vasco, según el informe, explica que los mediadores internacionales y la izquierda abertzale señalaban como causas del retraso las diversas sensibilidades en ETA, que requerían tiempo para avanzar al unísono. Pero el Ejecutivo autonómico desdeña que esta fuera la clave del retraso: “Es un pretexto que ha utilizado históricamente la izquierda abertzale, que puede tener alguna influencia”. Y sitúa la clave en “la ausencia de un liderazgo sólido y valiente y, sobre todo, en la tentación de utilizar políticamente el final de ETA”. “ETA no podía negociar con el Estado. Pero quería seguir negociando con su final. Negociaban consigo mismos, con los mediadores y pretendían negociar con las instituciones vascas, los partidos y agentes sociales”.

El Gobierno vasco se mantuvo firme en la posición de solo apoyar “pasos que fueran efectivos” y arrastró a los mediadores internacionales, que pasaron de titubear ante ETA a exigirle determinación. “Los mediadores internacionales actuaban con ambivalencia y se dejaban llevar aceptando los pretextos de ETA. El Gobierno vasco ya había aprendido que con ETA había que ser firmes y lo fue porque sabía que los mediadores solo ejercerían su labor con ETA si contaban con su apoyo institucional”, señala el informe. Pero a ETA le costó tres años más, hasta las vísperas del desarme de abril de 2017, asumir que tenía que dar pasos unilaterales.

Finalmente, ETA expresó su disposición a desarmarse en presencia de un grupo de ciudadanos vasco-franceses —los “artesanos de la paz”— y lo consiguió porque Urkullu, cuando tuvo garantías de que el proceso iba a ser “legal, definitivo e incondicional”, logró que Mariano Rajoy, y el entonces presidente francés, Francois Hollande, toleraran que se celebrara en el sur de Francia. “Finalmente, ETA terminó entregando unilateralmente sus armas a la justicia y a la policía francesa y actuando con arreglo a la legalidad”, relata el informe.

Un año después, el 5 de mayo de 2018, ETA se disolvió. “El Gobierno vasco exigió para apoyar la disolución que ETA aclarara que dejaba de existir a todos los efectos. Esa colaboración exigente contribuyó a que su desarme y disolución fueran definitivos y no se dilatasen aún más con maniobras tácticas”, señala el documento.

El informe explica también las razones por las que el Ejecutivo de Urkullu se desmarcó de la escenografía que diseñó la izquierda abertzale para el desarme y la disolución de ETA: “En relación con el desarme lo hizo no participando en los actos organizados en Bayona y con la disolución, no participando en los de [la localidad francesa de] Cambó [Cambo-les-Bains]. El Gobierno vasco, que leyó su propio discurso, ofreció un mensaje diferenciado en el que el componente ético y la consideración que merecían las víctimas de ETA no quedaran relegadas a un terreno accesorio”.

“Rajoy nunca discrepó de acercar a los presos”

“Paralelamente a los procesos de desarme y disolución, continuaba abierta la cuestión de la política penitenciaria de los presos de ETA. En todos los encuentros entre el presidente [Mariano] Rajoy y el lehendakari [Íñigo] Urkullu de 2013 a 2018 siempre se habló de ello”, señala el informe.

A partir del desarme de la organización terrorista, Rajoy decidió abrir una “interlocución discreta y estable para acordar cambios en política penitenciaria”. Hubo tres encuentros, entre julio y octubre de 2017, entre el responsable de política penitenciaria, Ángel Yuste, y el del Gobierno vasco, Jonan Fernández. En la reunión de octubre “se produce un frenazo”. “Todas las posibilidades de cambio quedan paralizadas con el argumento de que la crisis catalana no permite avanzar”, apunta el documento. “Rajoy nunca discrepó de Urkullu en política penitenciaria. Su problema era táctico. Tenía poco que ganar y mucho que perder con un acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas”, precisan en el Gobierno vasco.

En enero de 2018 se produjo la última reunión. Como ya había señales de la próxima disolución de la banda, Yuste decidió esperar a que se materializara. Pero, al poco de dar este paso definitivo, Rajoy perdió el Gobierno por la moción de censura de Sánchez.

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