La policía se pone nuevos deberes en derechos humanos

“Generar una cultura de derechos humanos en la institución policial, para prevenir su vulneración y generar confianza en la sociedad”. Este es el objetivo de la creada ayer Oficina Nacional de derechos humanos de la Policía Nacional, el primer organismo de estas características de un cuerpo policial en España. Con ella, la policía quiere propiciar entre sus agentes “un ambiente de compromiso para la defensa de los mismos e interiorización de estos como elementos esencial e inherente de su trabajo”, según la resolución que la crea.

La nueva oficina se suma a la ya constituida en la policía en 2018 para potenciar la Igualdad de Género en su seno —la Guardia Civil cuenta con otra— y la que puso en marcha el Ministerio del Interior para luchar contra los delitos de odio ese mismo año. La policía cuenta desde 2013 con un código ético que fija los “valores profesionales que deben guiar las actuaciones” de sus agentes. En enero, Interior puso en marcha una nueva aplicación informática para digitalizar el registro de los arrestos e identificaciones de ciudadanos que efectuaran Policía y Guardia Civil para evitar abusos policiales, pero también denuncias falsas contra los agentes.

El nuevo organismo, que aún no cuenta con personal, tiene cinco funciones. Entre ellas, “impulsar programas de formación en derechos humanos [...] para el personal”, incluido uno anual que incluirá “charlas, cursos conferencias, coloquios o talleres” a los agentes. Además, la oficina deberá “recoger, analizar, tratar y difundir” en la policía las novedades en derechos humanos, y asesorar a la institución en los cambios normativos en esta materia. También será la responsable de coordinar los informes que se elaboren, además de centralizar todos los requerimientos sobre derechos humanos que se hagan desde otras instituciones, como el Defensor del Pueblo. Finalmente, deberá servir de enlace con otras administraciones e instituciones dedicadas a protegerlos.

La creación formal de la oficina —anunciada el pasado verano— se produce unos días después de que una magistrada procesase por homicidio imprudente a 16 guardias civiles que actuaron en 2014 en la tragedia del Tarajal, en la que murieron 15 inmigrantes al intentar entrar en Ceuta. Esta juez destacaba en su escrito que la protección de las fronteras “no puede ser justificación para recurrir a prácticas incompatibles con los derechos humanos”.