El Gobierno avisa a Torra de que no consentirá más “ataques” a las leyes

El Gobierno en funciones responsabilizó este viernes al independentismo de una escalada de la tensión en Cataluña a tan solo cuatro días del segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, tachó de “ataque a la convivencia” las resoluciones aprobadas la víspera en el Parlament con las que Junts per Catalunya, ERC y la CUP pusieron de nuevo al Parlament en la vía de la desobediencia, y anunció varias impugnaciones, sin aclarar en qué consistirán. “Este Gobierno no está dispuesto a consentir ningún ataque al Estatut y a la Constitución”, advirtió.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez responderá al último desafío del independentismo con “firmeza” y “serenidad”, según las palabras escogidas por la portavoz gubernamental en la conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. El Gobierno considera una “clara extralimitación” y un “ataque a la convivencia entre catalanes” las resoluciones aprobadas el jueves en el Parlament.

Más información

El Gobierno avisa de que “no dudará” en aplicar el 155 si “concurren las circunstancias”

‘Correbous’, salida de la UE y echar a la Guardia Civil: las 77 propuestas que ayer aprobó la Cámara catalana

Torra retira la pancarta de apoyo a los presos del Palau de la Generalitat tras la orden judicial

En un bronco pleno, la mayoría independentista en la Cámara autonómica catalana aprobó pedir la amnistía para los políticos presos del procés —adelantándose a la sentencia, prevista para mediados de octubre—, apostó por la vía de la “desobediencia civil e institucional” y reclamó la “retirada” de la Guardia Civil de Cataluña. Pero la mayor preocupación en el Gobierno tiene que ver con la solidaridad mostrada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, hacia los siete miembros de los comités de defensa de la república (CDR) detenidos por presuntos delitos de terrorismo y tenencia de explosivos y que el mismo jueves fueron enviados por el juez a prisión sin fianza. Torra cerró el pleno del Parlament pidiendo a gritos, junto a otros diputados de Junts per Catalunya, ERC y la CUP, “libertad” para los detenidos.

Celaá reclamó al president “una actitud muchísimo más exigente y clara con respecto a una potencial violencia”. “Se esperan actitudes mucho más claras de quienes ostentan responsabilidad”, señaló.

El Gobierno está a la espera de que “se publiquen oficialmente” las resoluciones del Parlament y entonces dará instrucciones precisas a la Abogacía del Estado para impugnar varias de ellas, previsiblemente ante el Tribunal Constitucional, según dijo Celaá. La portavoz afirmó que serían tres los textos impugnados, aunque, en realidad, se trata de dos resoluciones con tres puntos: el que insta al Parlament a “liderar”, junto al “resto de instituciones democráticas de Cataluña”, una “respuesta institucional a la sentencia [del procés]” que se apoye en “el ejercicio del derecho de autodeterminación”; el que reclama, si la sentencia es condenatoria, una “amnistía” para los reos; y la que aboga por “la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil”. Celaá valoró el “ejercicio discreto y de digno reconocimiento” del instituto armado.

Según lo que anunció la portavoz, el Gobierno no se plantea, sin embargo, impugnar otra de las resoluciones aprobadas por los grupos independentistas; en ella, el Parlament “afirma la legitimidad de la desobediencia civil e institucional”, lo que implica asumir la posibilidad de que una institución del Estado, la Cámara autonómica, se coloque al margen de la ley. Fuentes del Ejecutivo afirmaron que la decisión final sobre las impugnaciones se tomará tras leer con atención los textos publicados por el Parlament.

“Tensionar”

“Nuestra propuesta es de diálogo dentro de la Constitución frente a quienes recorren el camino del desorden o incluso la violencia”, remarcó la portavoz del Gobierno. “Obviamente las resoluciones parece que van en dirección de tensionar situaciones sociales”, subrayó. Distintas fuentes del Ejecutivo diferenciaban entre la actitud desafiante de los partidos separatistas y la pérdida de respaldo a la independencia que perciben en la sociedad catalana.

El Ejecutivo remarcó, en todo caso, que el aumento de las turbulencias políticas en Cataluña no justificaría la intervención de la autonomía en este momento. Celaá afirmó que “no se dan” las condiciones para aplicar el artículo 155 de la Constitución. Un precepto que se reserva a “cuando se vulnere la ley o se perjudique al interés general”. “Las declaraciones de Torra son eso, declaraciones”, dijo; y las resoluciones aprobadas por el Parlament “no son las leyes” de septiembre [DE 2017]de 2017 con la que Junts pel Sí, ERC y la CUP prepararon la declaración de independencia.

“La Constitución es nuestra herramienta común para el diálogo, pero también lo será, si fuera necesario, para la defensa de nuestros valores y de nuestro sistema contra aquellos que quieran vulnerarlo”, manifestó Celaá. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, había recordado horas antes en Onda Cero que el Ejecutivo “no dudará” en aplicar el 155 si “concurren las circunstancias”.

El día después del pleno más bronco del Parlament de los últimos dos años, los grupos independentistas prosiguieron en público con sus críticas a la operación policial contra los CDR, que consideran un ataque indiscriminado al separatismo, pero, en privado, algunos cuadros medios expresaron su incomodidad por lo ocurrido. Pese a los aplausos y gritos en favor de los detenidos proferidos por varios diputados —el president Torra incluido—, el malestar reinaba entre algunos dirigentes soberanistas, preocupados por la imagen de bronca que se transmitió en un momento tan delicado.

Ya en la noche del jueves tanto Junts per Catalunya como ERC intentaron quitar hierro a esa escena de Torra pidiendo la libertad de los detenidos. “Es un grito genérico que expresa el deseo de que el espacio de democracia que debería ser el Estado recupere su normalidad”, dijo el neoconvergente Eduard Pujol. “Hemos gritado libertad como lo hacemos cada día desde hace dos años”, añadió el republicano Ernest Maragall. Cuadros medios de Junts per Catalunya dudan de que los detenidos sean terroristas, pero ha sentado mal la falta de cautela de Torra al mostrar su apoyo sin fisuras. En ERC, por su parte, lamentan haber caído en “la trampa de Ciudadanos” y creen que se tendría que poner más el acento en el pacifismo de la mayoría del movimiento independentista.